Ambientalistas y activistas de derechos humanos critican al Norte industrializado por no regular de forma estricta el otorgamiento de créditos estatales a la exportación para proyectos que dañan el ambiente en el mundo en desarrollo.
En la última semana de noviembre fracasaron las negociaciones en la materia desarrolladas en el marco de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE, por sus siglas en inglés), que reúne a países industrializados.
Algunos estados miembros de esa organización se han comprometido a mantener la presión por el establecimiento de esas regulaciones, pero todo indica que la adopción de las mismas no se producirá en el plazo de un año fijado por el Grupo de los Ocho (G- 8).
Son miembros del G-8 las siete mayores potencias industriales (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón) y Rusia.
El grupo de trabajo de la OCDE responsable de definir normas para la actividad de las agencias de créditos para la exportación «desperdició la oportunidad de adecuarse al mundo moderno», comentó Doug Norlen, analista de políticas de la organización no gubernamental estadounidense Ambiente Pacífico.
Activistas de todo el mundo han alegado que la carencia de normas comunes en la materia determina que los gobiernos de naciones industrializadas compitan entre sí por la financiación de proyectos perjudiciales la sociedad y el ambiente de países en desarrollo, en una «carrera hacia el fondo».
«La credibilidad de la OCDE está en juego», afirmó Aaron Goldzimer, de la organización no gubernamental Defensa Ambiental, con sede en Estados Unidos.
Las agencias de crédito para la exportación pertenecientes a los gobiernos otorgan préstamos, garantías y seguros a firmas de sus países, para que compitan por oportunidades de negocios en otras naciones.
Esas agencias constituyen la mayor fuente de apoyo estatal a grandes proyectos de infraestructura en el mundo en desarrollo, y subsidiaron en los últimos años casi 10 por ciento del comercio mundial, según datos del Fondo Monetario Internacional.
Las principales entre estas agencias son los bancos de exportación e importación de Estados Unidos y Japón, la alemana Hermes Guarantee, la Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior y la italiana Servicio de Seguros para el Comercio Exterior.
Las negociaciones en la OCDE fracasaron la semana pasada debido a importantes discrepancias entre los representantes de Europa y los de Estados Unidos.
Los delegados europeos, y en especial los de Alemania y Austria, se opusieron a establecer normas comunes, por temor de que eso perjudicara la competitividad internacional de compañías de sus países.
Los estadounidenses, en cambio, abogaron por fijar esas normas, debido a que el Banco de Exportación e Inportación y Corporación de Inversiones Privadas de Ultramar de Estados Unidos se rige con estrictas directivas que, según los especialistas, perjudican a las firmas de ese país ante competidoras europeas.
Esas directivas imponen, entre otras cosas, evaluaciones obligatorias del impacto ambiental de los proyectos que piden el apoyo de la agencia estadounidense.
Entre los pocos países industrializados cuyas agencias de crédito para la exportación trabajan con criterios de protección del ambiente están, además de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña e Italia.
La empresa de construcción británica Balfour Beatty y la italiana Impregilo desistieron a comienzos de este mes de participar en el proyecto de represa de Ilisu, en Turquía, con el argumento de que su aprobación sería difícil con los criterios ambientales de las agencias de crédito para la exportación de sus países.
Sin embargo, agencias de promoción de otras naciones mantienen su respaldo a firmas involucradas en la construcción de esa represa.
Organizaciones ambientalistas y humanitarias han realizado campañas contra el financiamiento de la represa de Ilisu, que embalsaría las aguas del río Tigris cerca de la frontera turca con Iraq y Siria, y permitiría al gobierno turco bloquear el flujo de ese río hacia territorio iraquí.
Además, la realización de ese proyecto implicaría el reasentamiento forzoso de decenas de miles de comunidades kurdas que se oponen con vehemencia a la construcción de la represa, y provocaría la inundación de importantes sitios arqueológicos.
El apoyo de agencias de crédito para la exportación a firmas involucradas en el proyecto de Ilisu es un ejemplo de la actividad rutinaria de esas agencias, que emplean fondos públicos para respaldar iniciativas de impacto ambiental y social negativo, según los activistas.
Esas iniciativas incluyen, además de grandes represas, proyectos de generación de energía a partir de combustibles fósiles o de reactores nucleares, minas, fábricas de productos químicos, talado de bosques y venta de armas.
Las agencias de crédito para la exportación «son sometidas a creciente escrutinio debido al impacto mundial negativo de los proyectos que apoyan, y a su carencia de criterios de protección del ambiente y de la sociedad», dijo Sebastien Godinot, de la filial francesa de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra.
Canadá, Japón y los gobiernos de Europa participantes en las negociaciones de la OCDE se comprometieron en una declaración conjunta a implementar el año próximo un acuerdo voluntario que obligará a sus agencias de crédito para la exportación a evaluar el impacto ambiental de los proyectos que apoyen.
Ese compromiso no cumple los objetivos planteados por Estados Unidos, y funcionarios de ese país se quejaron de que las regulaciones propuestas en la declaración conjunta serían menos estrictas que las que aplican para evaluar proyectos el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales de crédito.
Los críticos han destacado que las agencia de crédito para la exportación respaldan a menudo proyectos rechazados por el Banco Mundial y otras instituciones financieras con base criterios ambientales, sociales e incluso económicos.
El ejemplo más notorio es el proyecto chino de la represa de Tres Gargantas, al cual algunos críticos llaman «el Chernobyl hidroeléctrico», en alusión al desastre ocurrido en en ruso de Chernobyl.
Ese proyecto implica la inundación de un área de miles de acres dedicadas a la agricultura, en las cuales hay numerosos sitios de valor histórico y arqueológico, y el desplazamiento forzoso de unos dos millones de personas.
El Banco Mundial y el Banco de Expotación e Importación de Estados Unidos se negaron a financiar la iniciativa, debido a su dudosa viabilidad económica y sus riesgos ambientales y políticos, pero agencias de crédito para la exportación de Alemania, Canadá, Suiza y Japón le brindan respaldo. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/mp/en/01
