La asunción del gobierno de Hamid Karzai, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue el primer cambio de administración en Afganistán sin influencia de los países vecinos desde 1973.
Ese hecho alentó esperanzas de que el gobierno interino, cuya asunción el sábado 22 marcó formalmente el fin del régimen Talibán (1996-2001), abriera las puertas a la revitalización económica en una región azotada por movimientos religiosos extremistas, tráfico de drogas y proliferación de armas livianas.
«Les prometo que cumpliré mi misión de traer la paz a Afganistán, que no tendremos de nuevo las cadenas de la guerra», dijo Karzai, de 44 años, durante la ceremonia de asunción.
Su plan de 13 puntos incluye el respeto a las normas islámicas y a las leyes nacionales e internacionales, la preservación de la integridad e independencia del país, y garantías a la libertad de expresión y creencia.
Además, el plan incluye el respeto a las mujeres y la educación universal, una gestión de gobierno transparente, el retorno de los refugiados para reconstruir Afganistán y relaciones amistosas con los países vecinos.
Pero el éxito del mandato de Karzai, quien celebró su primera reunión de gabinete el domingo, depende en gran parte del apoyo que obtenga de la coalición internacional contra el terrorismo encabezada por Estdos Unidos.
Según el acuerdo alcanzado el día 5 en Bonn por distintas facciones afganas reunidas bajo el patrocinio de la ONU, el gobierno interino permanecerá en el poder por un mínimo de seis meses.
Posteriormente, el ex rey Mohammed Zaher Shah inaugurará una «loya jirga» o conferencia nacional de líderes tribales que decidirá sobre una autoridad de transición que gobierne Afganistán hasta la elección de un gobierno representativo en un plazo de dos años.
La administración de Karzai es sólo un miembro de la autoridad interina. Las otras son la Comisión Especial Independiente para la convocatoria de la «loya jirga» de emergencia y la Corte Suprema, pero todavía no se designaron los integrantes de estos dos organismos.
El gobierno interino, que recibió sillas, escritorios y computadoras de la ONU, establecerá un Banco Central para regular la oferta de dinero y una Comisión de Servicio Civil para preparar las listas de candidatos a puestos clave en los departamentos administrativos.
Pero mientras comienza el proceso de reconstrucción, diferentes grupos étnicos y sus líderes luchan por una porción del poder en la era pos-Talibán.
Karzai es representante del rey y pertenece a la etnia patán (pashtun) y a la poderosa tribu durani.
Su gabinete de 29 miembros está compuesto por 11 patanes, ocho tajikos, cinco hazaras chiítas, tres uzbekos y tres miembros de otras minorías.
Los tajikos obtuvieron tres importantes puestos en el gabinete, con Abdullah Abdullah en Relaciones Exteriores, el general Fahim en Defensa y Younis Qunooni en el interior. El día en que éstos tomaron posesión de sus cargos, manifestantes tajikos exhibieron un enorme retrato de su líder asesinado, Ahmad Shah Masood.
Señores de la guerra como el saliente presidente Burhannudin Rabbani, Sayet Ahmad Gillani, de la etnia patán, y los uzbekos Rashid Dostum, Ismail Khan y Rasul Sayyaf, ya protestaron por lo que consideran una porción del poder inferior a la que merecen en el gobierno interino, dado que formaron parte de la opositora Alianza del Norte, que ayudó a derrocar a Talibán.
Se especula con que esos líderes podrían ser designados para integrar la Corte Suprema y la Comisión Especial Independiente, o bien que sus nominados obtendrían cargos administrativos.
Pero el desafío inmediato de Karzai es cómo extender su gobierno a por lo menos seis ciudades-estados que emergieron en la última década.
Kabul y la región del noreste están dominadas por tajikos; la región de Mazar-al-Sharif, en el noroeste, por uzbekos, y el área de Herat, de mayoría patán, está controlada por el comandante tajiko Ismail Khan.
Mientras, la región hazara de Bamian-Bugdis está respaldada por el chiíta Hazbe Wahdat, la zona sureña de Kandahar está dominada por comandantes patanes designados por Karzai, y las provincias del este son gobernadas por comandantes de la «Nangarhar Shura» o asamblea de los mayores.
La Fuerza Internacional de Seguridad encabezada por Gran Bretaña y aprobada el pasado jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU podría ser de gran ayuda.
Pero observadores independientes arguyen que sólo con unos 20.000 soldados esa fuerza podrá desmilitarizar el país y mantener la ley y el orden. Actualmente, el número previsto de hombres varía apenas entre 3.000 y 5.000.
Otra dificultad que enfrentará el gobierno interino es el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos Independiente respaldada por la ONU, prevista en el acuerdo de Bonn.
La Comisión vigilará el respeto a los derechos humanos, investigará abusos y desarrollará instituciones humanitarias nacionales, medidas muy necesarias para ayudar a una sociedad devastada por décadas de guerra, pobreza y marginación.
Grupos de derechos humanos exigen que los responsables de crímenes contra la humanidad sean llevados ante la justicia, y Karzai no descartó la formación de una comisión especial para investigar crímenes de guerra.
«No es una mala idea», dijo, sin ofrecer más detalles.
Mientras, la comunidad internacional y agencias donantes exigen pruebas de estabilidad política antes de asignar más recursos para la reconstrucción de Afganistán. (FIN/IPS/tra- en/ni/js/mlm/ip/01
