Los empresarios venezolanos confirmaron este miércoles la paralización de actividades anunciada para el 10 de diciembre, y la central de trabajadores considera una posible huelga general contra la política económica del gobierno de Hugo Chávez.
Fedecámaras, la principal organización empresarial venezolana, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), coinciden en que están agotadas las posibilidades de dialogar con el gobierno de Chávez y en que sólo los paros podrían obligarlo a rectificar el rumbo.
La paralización de actividades durante 12 horas decidida por los empresarios, una medida sin precedentes en este país, responde a la aprobación «precipitada e inconsulta» de cuatro docenas de leyes, la mayoría de carácter económico, por parte de Chávez.
El mandatario elaboró y sancionó esas normas mediante los poderes especiales que le atribuyó una ley del parlamento el año pasado.
Con la paralización de actividades, el empresariado «pide rectificación a las autoridades», dijo este miércoles el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, después de una asamblea que aprobó la medida por unanimidad. «El propósito es fortalecer la democracia, no desestabilizarla», agregó
El Consejo de Comercio, principal organización empresarial de ese sector, sostuvo que se tomarán todas las medidas necesarias para que un millón de establecimiento comerciales de todo el país cierren sus puertas el 10 de diciembre, informó su presidente, Julio Brazón.
Empresarios de sectores estratégicos como el transporte y la construcción anunciaron su adhesión a la medida, mientras los ganaderos prevén acciones adicionales y los de la pesca iniciaron el martes una paralización por tiempo indeterminado.
Mientras, el presidente de la CTV, Carlos Ortega, anunció que esta central sindical, la principal del país, estudia la realización de una huelga general para exigir «un nuevo rumbo en la política económica» que promueva el empleo y mejore los ingresos de los trabajadores.
El 13 de noviembre concluyó el lapso de un año en que Chávez contó, avalado por el parlamento a través de la denominada Ley Habilitante, con poderes extraordinarios para sancionar cuatro docenas de leyes.
Sin embargo, dos terceras partes de las leyes sólo fueron conocidas al ser publicadas en la Gaceta Oficial y en los últimos siete días del plazo fijado por la Ley Habilitante.
Juristas como el constitucionalista Allan Brewer Carías afirman que el Poder Ejecutivo violó la propia Ley Habilitante, que prevé un lapso de 10 días para que las normas sean revisadas por el parlamento antes de su publicación oficial.
Del mismo modo, la Constitución venezolana, cuya aprobación impulsó Chávez en diciembre de 1999, establece que las leyes deben ser objeto de un debate participativo y abierto a la sociedad.
Los empresarios se quejan de la falta de diálogo en torno de leyes claves para la economía, referidas a tierras, hidrocarburos y pesca.
«El gobierno sí estuvo abierto al diálogo, pero eso no significa que debíamos incluir todas las observaciones» de Fedecámaras, dijo, por su parte, el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Diosdado Cabello.
En tanto, el presidente Chávez pronunció este martes un discurso de choque, que, según analistas, contribuye a aumentar la tensión.
«Los reto a que paren el país para ver quien puede más, si la oligarquía o el pueblo soberano», señaló Chávez. El enfrentamiento con el sector empresarial «oligarca (…) me indica (..) que vamos por el camino correcto», agregó.
El presidente venezolano ha impulsado un conjunto de cambios en la estructura política del país desde su llegada al poder en febrero de 1999, en lo que llama «revolución social bolivariana». Sus críticos señalan que mantiene un discurso populista con ciertos rasgos de «izquierda desactualizada».
En relación con las leyes más polémicas, los empresarios señalan «un cambio inconsulto en las reglas de juego» y un «estatismo acrecentado».
En relación con las tierras, la nueva ley le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de declarar terrenos «con vocación agrícola», así como de examinar la productividad y uso de las haciendas, y no garantiza de manera suficiente el derecho de propiedad, según la Federación de Ganaderos.
Por otra parte, la ley de hidrocarburos descarta la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan tener mayoría accionaria en las asociaciones con la compañía estatal del sector (PDVSA), y aumenta los impuestos.
En tanto, el sector pesquero industrial critica que la ley en la materia prohíba las capturas a más de 10 millas náuticas de distancia de la costa, restrinja a la pesca artesanal a lagos y bahías y aumente los tributos.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Pesqueras, Guido Solari, recalcó que «nadie paraliza unidades de producción por gusto», pero reiteró que el sector continuará con su medida de fuerza hasta que se revisen las leyes en cuestión.
Por su parte, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, la de mayor peso en el país, expresó que la acción de protesta se ajusta a los «medios democráticos», y es una respuesta a los «actos oficiales inconsultos que lesionan los intereses del país y violan el ordenamiento legal vigente».
Esta cámara está integrada por más de 1.000 empresas, entre ellas algunas de las principales corporaciones petroleras internacionales, así como firmas de telecomunicaciones y de alimentos estadounidenses, europeas y venezolanas.
El clima de enfrentamiento entre el gobierno y los sectores productivos podría originar desabastecimiento de carne, pescado y leche, alertó este miércoles el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Eduardo Gómez Sigala.
La fuerza laboral en Venezuela es de 10 millones de personas, Fedecámaras dice emplear a 80 por ciento, pero el desempleo es de 15 por ciento y la informalidad de 50 por ciento, según datos oficiales. (FIN/IPS/ac/mj/ip if/01
