Una manifestación de protesta finalizada en batalla campal creó este jueves en Venezuela un clima de tensión desconocido desde que Hugo Chávez llegó al gobierno, mientras se prepara una huelga de empresarios.
La manifestación del opositor partido Acción Democrática (AD) terminó en una trifulca por la intervención de simpatizantes del oficialista Movimiento V República (MVR), en una semana en que se registraron rumores de golpe de Estado y anuncios de nuevas acciones de protesta.
Analistas coinciden en que la «revolución social bolivariana» de Chávez pasa por un momento decisivo. El presidente, investido en febrero de 1999, es un militar retirado que encabezó una rebelión de mandos medios en febrero de 1992 y que años después se convirtió en el representante político «del cambio».
La llegada al poder de Chávez significó el fin de la hegemonía política del socialdemócrata AD, la promulgación de una nueva Constitución y una gran concentración de poder en torno del presidente.
Chávez ha impulsado una profunda transformación del sistema político, pero —según diversos sondeos— la población aún aguarda una política económica equilibrada y con énfasis en lo social.
El centro de Caracas es escenario habitual de manifestaciones públicas, realizadas allí por la presencia de oficinas públicas y del despacho del presidente.
«Se registró un promedio nacional de 100 protestas al mes en el último año. Esto sólo es comparable con el periodo de manifestaciones durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez», dijo a IPS Carlos Correa, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos.
Pérez, de AD (presidente de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993), fue en su segundo periodo un presidente impopular por las dificultades económicas de la población. Abandonó el poder por decisión de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó luego a arresto domiciliario por mal uso de fondos públicos.
Venezuela vive hoy «días difíciles. Hay un clima de creciente efervescencia social», indicó el periodista Manuel Felipe Sierra.
A su juicio, no se trata solamente de «la conflictividad propia que genera una larga recesión económica, que se vislumbra más severa en los próximos meses, sino determinada también por una actitud más activa y militante de los gremios y organizaciones de la sociedad civil».
La principal organización empresarial del país, Fedecámaras, anunció el lunes que el 10 de diciembre realizará una inédita paralización de actividades productivas, «para exigir una rectificación y un espacio de diálogo» al gobierno de Chávez.
Paralelamente, la nueva comisión directiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) prepara una serie de manifestaciones en las capitales regionales en demanda «de una política oficial a favor del empleo y en defensa de los salarios».
Ambas organizaciones, la empresarial y la sindical, han asegurado que su intención «no es desestabilizar al gobierno» con sus protestas, pero se quejan de los «oídos sordos» del presidente venezolano.
Además, Chávez sufrió un revés en las elecciones de la CTV, pues el candidato que el gobierno impulsó abiertamente, Aristóbulo Iztúriz, fue vencido por Carlos Ortega, quien había sido acusado públicamente por el presidente de integrar «mafias sindicales».
«Chávez agotó su discurso y su proyecto en la confrontación con las estructuras políticas tradicionales. Pero ha sido incapaz de establecer un diálogo con las fuerzas emergentes de la sociedad», comentó Sierra.
En tanto, Chávez sostuvo el miércoles una prolongada reunión con el alto mando militar, que ha emitido una serie de pronunciamientos a favor de la institucionalidad y velados respaldos al proyecto político que encabeza Chávez.
«Los golpes de Estado están en la mente de un grupito de trasnochados que andan por ahí», aseveró el inspector en jefe de las Fuerzas Armadas, general Lucas Rincón.
Además de los rumores de golpe, en noviembre se registraron cacerolazos contra los discursos de Chávez. El presidente le pidió a los «revolucionarios» que respondieran con fuegos pirotécnicos a los «escuálidos» que protestaban.
Analistas prevén, así mismo, que la conflictividad se verá agravada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el «autismo» presidencial. Un problema que ha causado polémica a lo largo del año y que parece agudizar los enfrentamientos con algunos sectores productivos es la Ley de Tierras.
Esta norma es parte de un paquete de cuatro docenas de leyes sancionadas por Chávez en uso de los poderes extraordinarios que le concedió el parlamento.
Según el presidente, el Estado actuará sobre aquellos terrenos «a los que no le aparezca dueño» en un lapso de 10 días después de la convocatoria a ser reclamados. Chávez aclaró que no habrá confiscaciones forzosas ni una estatización del sector rural.
Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras, dijo que además de la Ley de Tierras el gobierno aprobó de forma «inconsulta y atropellada» varias leyes gracias a sus poderes extraordinarios.
Por su parte, el líder sindical Ortega dijo que en el actual escenario el gobierno debe instaurar de manera impostergable «una mesa de diálogo nacional para sacar al país de la terapia intensiva actual». (FIN/IPS/ac/mj/ip/01
