La huelga de 60.000 empleados petroleros venezolanos de este viernes impone presión política sobre el gobierno, mientras se acerca la definición de las elecciones sindicales, que puede causar la división de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
Los trabajadores de la industria petrolera, motor de la economía venezolana, detuvieron sus tareas por 12 horas en protesta por la inminente promulgación de la llamada Ley de Hidrocarburos.
El sindicato del sector entiende que la nueva norma debilita a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, con la consecuente amenaza de eliminar a largo plazo beneficios acumulados durante medio siglo de convenciones laborales.
La huelga petrolera aumenta la temperatura política, ya caldeada por conflictos en la educación y la salud, rumores de inquietud militar, las críticas de la oposición por los roces del gobierno de Hugo Chávez con Washington, y la inminente definición de los comicios sindicales inconclusos desde el 25 de octubre.
Las elecciones que se realizarán el próximo martes 13 en el noroccidental estado de Zulia, en la frontera con Colombia, completarán el llamado a las urnas de casi un millón de afiliados para elegir el Comité Ejecutivo de la CTV, de 17 miembros, y los dirigentes de las federaciones de los 23 estados del país.
Los comicios en Zulia, unos de los bastiones del poderoso sindicato petrolero, no pudieron efectuarse el 25 de octubre, como en el resto del país, debido a la desaparición de las mesas de todo el material electoral.
Este estado es el más importante de Venezuela en materia económica, pues de sus pozos salen dos de cada tres barriles de petróleo producidos en el país. Los obreros del sector de esa zona fueron los iniciadores del sindicalismo moderno venezolano.
El robo de las listas electorales en Zulia fue el incidente más grave entre muchas irregularidades denunciadas en torno a los comicios.
Ese atraso hizo que el Consejo Nacional Electoral, el organismo rector de todo tipo de elecciones en el país, difiriera para después del próxima martes el escrutinio final.
Por eso, casi tres semanas después de que centenares de miles de afiliados sindicales sufragaron aún persiste la incertidumbre sobre sus resultados, aunque el trascendido de algunos números al respecto ya amenaza con una división del movimiento de trabajadores en una central oficialista y otra opositora.
Si esa división se concreta, resultaría exactamente lo contrario de lo buscado con este proceso desde hace un año, cuando un referendo habilitó la convocatoria elecciones de base para legitimar las direcciones sindicales», dijo a IPS el abogado laboralista León Arismendi.
«Sería una frustración para el movimiento obrero», observó el experto.
El Frente Unido de Trabajadores, afín al socialdemócrata partido Acción Democrática, que durante 65 años dirigiera la CTV, informó que sus cómputos indican una holgada victoria en el Comité Ejecutivo de la CTV, con 323.872 votos en su favor frente a 59.981 de la oficialista Fuerza Bolivariana de Trabajadores.
Según estos datos, más atrás quedó el obrerista Nuevo Sindicalismo, con 56.711 votos, en tanto la lista de los sindicalistas socialcristianos y de dos disidentes bolivarianos habrían conseguido muy pocas adhesiones.
Así, si los 160.000 sindicalizados en Zulia mantienen la tendencia del resto del país, 12 de los 17 puestos en el Comité Ejecutivo de la CTV quedarían en manos de los socialdemócratas y presidente de la central sería el dirigente petrolero Carlos Ortega, enérgico opositor al gobierno de Chávez.
El maestro Aristóbulo Istúriz, el candidato afín a Chávez y principal competidor de Ortega, admitió su derrota, aunque no se resigna.
«Perdí, pero explíquenme las irregularidades», preguntó públicamente, tras presentar documentación sobre sus sospechas en ocho estados y con las cuales amenaza impugnar el proceso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Istúriz se propuso, al iniciar su campaña, por lo menos que el Comité Ejecutivo de la CTV tuviera una conformación equilibrada, para de ese modo avanzar hacia «una constituyente de trabajadores», que tradujese, en términos sindicales, los cambios políticos que Chávez impulsó en el país.
En cambio, la oposición basó su campaña en «evitar que la CTV se convirtiera en una central sumisa al gobierno-patrono», un llamado que tuvo eco en este país, donde 1,2 millones de personas, incluidos obreros de hidrocarburos e industrias básicas, son asalariados del Estado.
Precisamente, los comicios del martes en Zulia se enmarcan en una coyuntura difícil. Los trabajadores del sector gasífero del grupo estatal Petróleos de Venezuela mantienen un conflicto por tiempo indefinido, en protesta ante el temor a perder beneficios si el negocio del gas se separa, según la nueva ley de hidrocarburos.
Esos pleitos marcan el ánimo de la vida en el Zulia, mientras en el resto del país sube la temperatura política, con conflictos laborales en la educación y la salud, marchas de padres y maestros de colegios privados, y, sobre todo, con renovados rumores de intranquilidad militar, aunque sin confirmar hechos concretos.
Esos rumores fueron rechazados esta semana en un comunicado del alto mando de las Fuerzas Armadas, que confirmó su respaldo al presidente Chávez, a quien considera objeto de intrigas políticas de la oposición, y reclamó respeto y diálogo.
La oposición política, y portavoces del clero católico, han criticado con dureza a Chávez en los últimos días, sobre todo después que condenó a Estados Unidos, al que acusó de provocar un desastre humanitario en Afganistán, en términos que Washington consideró «decepcionantes».
Ese clima aporta una carga política extra a las elecciones sindicales en Zulia, que fácilmente puede magnificar cualquier irregularidad o incidente y activar el resorte de la vía judicial para que el oficialismo -que en otras batallas ha sido respaldado por el Tribunal Supremo- impugne globalmente el proceso.
«Nosotros defenderemos nuestro triunfo en todo terreno, incluso en la calle», advirtió Ortega, con pleno respaldo de su partido, que fue la organización de masas más importante de Venezuela desde los años 40 hasta los 90.
Los socialdemócratas rechazan el pedido oficialista de repetir todo el proceso electoral sindical.
Ortega «quiere decretar la división del movimiento obrero», responde Istúriz. «No tenemos porqué convalidar la trampa si en Zulia vuelven a registrarse irregularidades», agregó.
Alfredo Ramos, de Nuevo Sindicalismo, una de las fuerzas minoritarias en la CTV, cree que el camino está abierto, no sólo a la división y a la pérdida del esfuerzo para la inédita elección del Comité Ejecutivo desde la base, sino para que surjan dos centrales confrontadas en breve plazo. (FIN/IPS/jz/dm/lb ip/01