El resultado de la masiva presión para obligar al gobierno de Sudáfrica a suministrar medicamentos contra el sida a embarazadas y recién nacidos se conocerá antes del 25 de diciembre, cuando un tribunal de Pretoria se pronuncie acerca de la demanda presentada.
Organizaciones no gubernamentales, sindicales y religiosas solicitan la distribución gratuita en los hospitales públicos del jarabe de Nevirapina, ya probado en Uganda, para evitar el contagio del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) de madre a hijo.
Se trata de la mayor movilización contra las autoridades desde la caída del régimen racista del apartheid y la asunción del primer gobierno multirracial en 1994.
El gobierno insiste en que los medicamentos contra el sida son tóxicos, y por lo tanto limita a 18 proyectos piloto la administración de Nevirapina. Setenta mil niños y niñas contraen anualmente la enfermedad en Sudáfrica.
Una dosis suministrada a la madre portadora del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) durante el trabajo de parto, y al bebé en los tres días posteriores a su nacimiento, reduce a la mitad el riesgo de contagio, según los estudios realizados en Uganda.
El presidente Thabo Mbeki mantiene sus dudas acerca del vínculo entre VIH y sida y ha cuestionado públicamente la eficacia de las medicinas antirretrovirales.
El juez Chris Botha, del Alto Tribunal de Pretoria, escuchó el lunes y el martes los argumentos de las partes en el litigio iniciado por el movimiento Campaña de Acción por Tratamiento (TAC) contra el Departamento (ministerio) de Salud y ocho de las nueve provincias sudafricanas.
El caso, que es impulsado también por 200 médicos y médicas del área de salud pública, se basa en principios constitucionales y en la responsabilidad estatal de velar por el derecho a la vida de los recién nacidos.
Durante la primera jornada de audiencias, una manifestación de personas con sida marchó hacia la sede del parlamento, en la austral Ciudad del Cabo, donde se depositaron cruces que simbolizaban la muerte de niñas y niños.
En Pretoria, madres con hijos infectados realizaron una marcha hacia el Departamento de Salud, donde entregaron una petición.
El VIH, causante del sida, se contagia de madres a hijos durante el parto o en el amamantamiento. Casi 20.000 personas fallecen por año en Sudáfrica del mal, que afecta ya a cinco millones de los 40 millones de habitantes.
La Nevirapina fue registrada por el gubernamental Consejo de Control de Medicamentos y es una opción «segura y de bajo costo» para prevenir la trasmisión del VIH de madre a hijo, sostienen los demandantes.
El laboratorio fabricante, Boehringer-Ingelheim, ofreció al gobierno una dotación gratuita del medicamento durante cinco años, pero el ofrecimiento no tuvo respuesta.
Ante las evidencias conocidas, el ex presidente Nelson Mandela propuso el año pasado un plan nacional de tratamiento. Pero tras muchos intentos de negociación con las autoridades, la TAC decidió llevar la batalla a los tribunales y las calles.
El inicio del juicio, respaldado por líderes religiosos y los principales sindicatos del país, y la movilización que lo rodeó, despertaron la simpatía y el apoyo del público.
«La presión del público por una cura y soluciones rápidas, si bien es comprensible, puede contribuir a tomar decisiones apresuradas con consecuencias negativas», arguyó durante la audiencia el director general del Departamento de Salud, Ayanda Ntsaluba.
El gobierno actúa con cautela, pues no existe suficiente conocimiento sobre la Nevirapina y un programa de medicamentos es mucho más que suministrar píldoras o jarabes, agregó.
Los demandantes «ignoran las consideraciones vitales sobre infraestructura y funcionamiento que deben acompañar los tratamientos, así como la atención psicológica voluntaria, los exámenes, controles y evaluación de madres e infantes», sostuvo Ntsaluba.
La Provincia Occidental del Cabo, gobernada por el opositor Nuevo Partido Nacional, aplica un plan de prevención del contagio madre-hijo que fue expuesto por los litigantes durante la audiencia judicial.
Ntsaluba se mostró impresionado por el mismo y reconoció que se trata de un precedente.
El abogado litigante Gilbert Marcus apeló al discurso oficial al señalar que la epidemia constituye una «calamidad incomprensible», que ha llevado al país «al borde de una catástrofe».
La limitación del uso de la Nevirapina a proyectos piloto discrimina a la población pobre, pues el producto es ampliamente utilizado en la medicina privada, arguyó.
El gobierno replicó que la demanda presentada a la justicia es «simplista, desinformada e ignora cuestiones vitales como la disponiblidad de recursos».
«Permitir que los médicos del sector público prescriban Nevirapina a discreción agotaría el presupuesto» del Estado, sostuvo el abogado del gobierno, Marumo Moerane. (FIN/IPS/tra- eng/fk/sm/dc-ff/he/01
