La falta en Estados Unidos de estadísticas completas sobre la relación entre atención sanitaria y origen étnico de los pacientes es un serio problema para las agencias encargadas de aumentar la equidad del servicio.
Numerosas iniciativas federales y estatales han tratado de afrontar durante años el problema expresado por la mayor mortalidad y morbilidad en comunidades étnicas minoritarias, entre ellas la afroestadounidense y la de origen latinoamericano.
Sin embargo, los esfuerzos relacionados con la cuestión no se apoyan en bases firmes, porque muchos funcionarios de los servicios de salud dudan de la legalidad de registrar datos étnicos de los pacientes, y aún no se ha uniformizado el sistema de registro e interpretación de esos datos.
«Muchos programas federales piden el registro de datos étnicos y lingüísticos, pero el gobierno federal no impulsa su cumplimiento», dijo a IPS Mara Youdelman, investigadora del Programa sobre Leyes Nacionales de Salud, con sede en Washington, y coautora de un informe sobre el asunto.
El sistema estadounidense de salud pública realiza desde 1985 esfuerzos concertados para corregir problemas de atención desigual relacionadas con diferencias étnicas.
En ese año, la llamada «brecha étnica en la salud» fue documentada por primera vez en un documento federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
Dieciséis 16 años después, ninguna oficina del HHS o de otra agencia federal es responsable de coordinar la recolección de datos étnicos y lingüísticos de los usuarios del servicio.
Esos datos son básicos para evaluar la atención recibida por interantes de etnias minoritarias, en comparación con los promedios generales, enfatizó Youdelman.
Algunos de los datos disponibles son muy preocupantes. La muerte por cáncer de mama es 67 por ciento más frecuente entre afroestadounidenses que entre blancas, y la muerte por enfermedades cardíacas es 40 por ciento más frecuente entre afroestadounidenses que entre personas blancas.
Entre los factores causales de esas diferencias está el menor acceso de los afroestadounidenses a servicios de prevención y tratamiento.
Las estadísticas sobre morbilidad y mortalidad de afroestadounidenses suelen ser muy precisas, pero las vinculadas con personas provenientes de América Latina, aborígenes o de origen asiático son menos confiables, dijo a IPS la directora de la división de Políticas y Datos de la Oficina de Salud de Minorías del HHS, Olivia Carter-Pokras.
La Oficina de Salud de Minorías recibió el mandato de mejorar las condiciones sanitarias de algunos grupos étnicos, y sus estudios estadísticos se realizan a partir de datos primarios aportados por instituciones estatales, federales y no gubernamentales, cuyo registro se realiza sin criterios comunes.
«Tenemos más control sobre la recolección de datos por parte de agencias federales, y podemos redactar las preguntas que se realizan. Pero no pasa lo mismo con los datos de otras fuentes», explicó Carter-Pokras.
Otro problema es la escasa precisión de los datos sanitarios de minorías étnicas que se comparan con los promedios generales, indicó Youdelman, cuyo informe fue realizado junto con Ruth Perot, del Instituto Sanitario Summit para la Investigación y la Educación, con sede en Washington.
Ambas detectaron problemas en casi todas las áreas relacionadas con el trabajo estadístico, pero Youdelman opina que el principal es que las autoridades no exijan el cumplimiento de sus propias decisiones en materia de recolección de datos y presentación de informes.
Algunos médicos y funcionarios creen que no es legal registrar datos étnicos de los usuarios del sistema de salud, pese a que eso es permitido en forma expresa por el Capítulo 6 de la Ley de Derechos Civiles, aprobada en 1964.
Las autoras del informe recomendaron al HHS que amplíe sus programas de educación para usuarios de servicios, médicos y empleados administrativos de instituciones públicas y privadas, con la finalidad de explicar la necesidad de esos datos para mejorar la situación sanitaria de las minorías étnicas.
Algunos médicos han alegado que la recolección sistemática de datos étnicos y lingüísticos de los pacientes tendría un costo prohibitivo, pero las agencias sanitarias del gobeirno sostienen que los gastos serían mínimos.
Youdelman instó al gobierno federal a tomar la delantera en la promoción y financiación de la recolección de datos, y aseguró que los actuales problemas no se resolverían si la tarea estuviera a cargo de compañías privadas de seguros y gobiernos estatales.
La Academia Nacional de Ciencias lleva a cabo un estudio integral de las prácticas de recolección de datos del HHS, y la Oficina de Salud de Minorías espera las recomendaciones que surjan de ese análisis.
«Realizamos ese trabajo mucho mejor que antes. Hay más conciencia de la necesidad de registrar los datos con procedimientos que respeten los derechos civiles. Combatimos los problemas uno por uno, en el marco de la ley», aseguró Carter- Pokras. (FIN/IPS/tra-eng/dh/mp/he/01
