El tratamiento en Argentina de miles de portadores de VIH y enfermos de sida carece de la continuidad necesaria, debido al cada vez más limitado e imprevisible apoyo financiero del Estado, según organizaciones no gubernamentales.
Unos 130.000 portadores de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), de los cuales unos 20.000 desarrollaron el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), residen en este país de 36,6 millones de habitantes, según el Ministerio de Salud.
Setenta y cinco por ciento de los portadores deberían recibir la medicación correspondiente del Ministerio de Salud, pero las irregularidades son constantes, indicaron activistas.
Entre cinco y 15 pacientes piden cada mes a la Fundación Desida patrocinio legal para presentar un recurso de amparo, de modo de obligar al Estado a entregarles los remedios, dijo a IPS la psicóloga Noemí Perelman, presidenta de la organización.
Los portadores de VIH procuran así asegurar la continuidad de la terapia retroviral combinada, también conocida como «cóctel» de drogas, cuya efectividad comprobada a nivel internacional es de 95 por ciento si los medicamentos se suministran de manera adecuada.
Pero el suministro estatal de medicamentos suele interrumpirse o complicarse periódicamente, según los pacientes.
Una de las complicaciones frecuentes es la entrega de medicamentos genéricos, como se denomina a los que, sin el amparo de las marcas que los encarecen, contienen el mismo principio activo.
Algunos médicos ponen en tela de juicio la eficacia de esas drogas, si bien otros expertos afirman que dan los mismos resultados que los producidos por las compañías propietarias de la patente.
Otra dificultad es la frecuencia de entrega, que a menudo es semanal, un obstáculo para pacientes que no pueden acudir a las oficinas donde se retiran los medicamentos debido a su horario de trabajo o por carecer de dinero para trasladarse.
A veces, el tratamiento se interrumpe de 15 días a un mes, un periodo en que puede aumentar la concentración de VIH en la sangre y la resistencia del organismo del paciente a las drogas, según coinciden médicos especialistas en sida.
La renuncia esta semana de la médica sanitarista Mabel Bianco, directora del Programa Nacional de Sida, «por falta de voluntad y apoyo político» a su gestión, desató una ola de angustia entre los asistentes al IV Congreso Argentino de Sida que se realiza en la centroccidental provincia de Mendoza.
«La falta de apoyo impide garantizar un desarrollo sustentable de las actividades», dijo Bianco el jueves ante el Congreso.
La experta se refería a la escasa ayuda oficial a los programas de prevención e investigación, y también —aunque en menor medida— a la provisión de medicamentos a los pacientes.
Bianco encabezaba al ser designada la Fundación de Investigaciones sobre la Mujer, dedicada a la salud sexual y reproductiva. En este sentido, su tarea tuvo muchos progresos en políticas de prevención destinadas a niñas, adolescentes y mujeres.
Su trayectoria en la materia la llevaron a representar a América Latina en el panel de expertos que realizó un informe previo a la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas realizada este año para analizar la lucha contra el sida en todo el mundo.
En Argentina, Bianco comanda la Unidad Coordinadora del Proyecto Lusida, programa creado en 1997 y financiado en partes iguales por el Banco Mundial y el gobierno de Argentina a fin de desarrollar tareas de prevención, contra la discriminación laboral y de suministro de medicamentos.
Pero este año, el Banco Mundial desembolsó 13 de los 14 millones de dólares previstos, mientras el Estado argentino aportó apenas seis millones.
La fuerte crisis económico-financiera del país llevó al gobierno a restringir sus gastos a su recaudación mensual, por lo que la labor de la Unidad Coordinadora podría interrumpirse el año próximo.
Bianco explicó que, aunque la provisión de medicamentos esté garantizada por ley, numerosas tareas para evitar la propagación de la enfermedad deben ser realizadas mediante el trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones no gubernamentales, los hospitales y otras asociaciones de la comunidad.
Perelman sostuvo que el Programa Lusida nunca tuvo un fuerte apoyo del Ministerio de Salud. «La epidemia aumenta y en la misma medida decae la sensibilidad y la voluntad de los funcionarios para atender este problema», afirmó la psicóloga, quien calificó la situación de «sumamente preocupante».
Del mismo modo, el médico infectólogo Pedro Cahn, que preside la Fundación Huésped de lucha contra el sida, también expresó su preocupación ante la renuncia de Bianco, que representaba una garantía de continuidad de los programas.
«Hay cada vez más pacientes que dependen del Estado porque se quedan sin trabajo y por lo tanto sin cobertura médica sindical o privada», señaló Cahn.
El presidente de la Fundación Huésped dijo que algunos de sus pacientes, además de sufrir demoras en el suministro de las drogas, reciben puñados de pastillas sin siquiera cajas. (FIN/IPS/mv/mj/he/01
