La suerte de la población afgana que procura ingresar a Pakistán para huir de la guerra está en manos de guardias fronterizos y contrabandistas, pues Islamabad carece de una política clara en la materia, advirtieron organizaciones humanitarias y socorristas.
Mukarram Khan, su esposa y sus cuatro hijos lograron ingresar a Pakistán en octubre gracias a sus contactos con el movimiento islámico Talibán, que controla 90 por ciento de territorio afgano, aunque la frontera permanece cerrada.
«Hay que tener buenos contactos», dijo Mukarram, quien se apresta a regresar a su país para sumarse a las filas del Talibán, que resiste los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña desde el 7 del mes pasado.
La familia de Mukarram, un mecánico de automóviles que vivía cerca de la oriental ciudad afgana de Jalalabad, se encuentra ahora con otros parientes en la ciudad septentrional pakistaní de Peshawar.
«Cientos de afganos han ingresado luego que comenzaron los ataques, tanto por los pasos de frontera vigilados como por rutas en las montañas», dijo.
Pero al mismo tiempo, Mukarram aseguró haber numerosos ancianos pobres y enfermos, y mujeres, niños y niñas, detenidos por las fuerzas de Talibán cuando intentaban dirigirse a Pakistán desde Jalalabad. Los que logran llegar a la frontera son detenidos por los guardias pakistaníes, agregó.
Cientos de refugiados afganos son deportados diariamente desde la provincia de la Frontera Noroccidental, «porque no tienen dinero para pagar sobornos» a los funcionarios, informó el martes el Comité Estadounidense para los Refugiados en un comunicado.
«Debido a que decenas de miles han logrado ingresar mediante soborno o en forma clandestina, se hace dada vez más difícil (entrar a Afganistán) e inclusive personas con pasaportes y visas válidas son rechazadas», sostiene el informe.
Pese a que Islamabad prohibió el ingreso de refugiados días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, 135.000 afganos entraron desde entonces al país, casi todos en forma ilegal, según estimaciones de agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El gobierno pakistaní maneja cifras menores. «Aproximadamente 65.000 refugiados 'invisibles' han ingresado a través de rutas no habituales», aseguró el ministro para Asuntos de los Refugiados, Abbas Sarfraz.
Pakistán asegura que la frontera con Afganistán sigue cerrada. «Sólo los grupos vulnerables, es decir mujeres, niños, huérfanos, heridos, enfermos y discapacitados pueden ser autorizados a ingresar», dijo Sarfraz.
No obstante, según trabajadores socorristas las autoridades suspendieron la admisión de estos grupos en el paso de Chaman, en la sudoccidental provincia de Balochistán, luego que se colmó la capacidad de un campamento fronterizo cercano a la capital provincial, Quetta.
En ese campamento un cartel dice a los refugiados que vuelvan a su país. Mientras tanto las decisiones sobre quiénes pueden ingresar y quienes no son ambigüas en los puestos fronterizos, añadieron los socorristas.
«La indefinición del gobierno ha dejado la suerte de los afganos que huyen en manos de quienes controlan la frontera. No podemos abandonar a miles de personas a las decisiones antojadizas de los guardias fronterizos», opinó un funcionario de una agencia humanitaria.
La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional pidió al gobierno que abra de inmediato su frontera y otorgue estatuto de refugiado a todos los afganos que necesiten protección.
De acuerdo a Amnistía, el cierre de las fronteras empuja a la gente a pagar contrabandistas y a elegir rutas informales donde no existen controles.
Este fenómeno «aumenta el riesgo de que aquellos más necesitados, los pobres, las mujeres, los ancionos y los niños y niñas, no puedan cruzar la frontera y recibir asistencia», afirmó Amnistía.
Hasta 1,5 millones de afganos podrían huir a países vecinos por la guerra y el hambre a mediano plazo, de los cuales un millón se dirigiría a Pakistán, estima el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Islamabad reclamó a Acnur que establezca campamentos para la población desplazada dentro de Afganistán.
El Alto Comisionado para los Refugiados, Ruud Lubbers, solicitó a Pakistán que garantice la seguridad de refugiados y funcionarios, y la disponibilidad de agua y ubicaciones para establecer campamentos en territorio afgano, en una carta dirigida al presidente Pervez Musharraf.
«¿Cómo podemos dar estas garantías a Acnur, si no controlamos Afganistán? El (movimiento) Talibán es el que asegura esas condiciones. Deberían escucharlo y decidir según la situación de los refugiados», sostuvo un funcionario de Islamabad.
El representante de Talibán en Pakistán, Abdus Salam Zaeef, afirmó que es insostenible el argumento de que la ONU no puede actuar en territorio afgano por falta de seguridad.
Funcionarios de la ONU admiten reservadamente que son los bombardeos de Estados Unidos y Gran Bretaña los que impiden el ingreso de misiones humanitarias.
«Necesitamos zonas de tregua, no expuestas a los bombardeos, donde podamos suministrar ayuda a millones de desplazados internos», afirmó una fuente del foro mundial.
A su vez Pakistán culpa a Acnur por su lentitud para construir nuevos campamentos donde alojar a la población vulnerable procedente de Afganistán.
El gobierno «autorizó a la ONU a establecer 28 campamentos en la Provincia de la Frontera Noroccidental y 10 en Balochistán. Pese a disponer de tiempo suficiente, Naciones Unidas no ha logrado terminar un solo campamento en los 14 o 15 lugares donde está trabajando», sostuvo el ministro Sarfraz.
La ONU «debía tener listos varios (campamentos) para fines de octubre, pero ahora dice que no podrá terminar las obras hasta el 15 de noviembre», agregó.
Esta semana, Islamabad aceptó trasladar a refugiados, en su mayoría mujeres, niños y niñas, que se encuentran en campamentos provisorios en la frontera, a localidades más seguras dentro de su territorio.
Mientras continúa el enfrentamiento entre el gobierno y las agencias la ONU, muchos socorristas advierten que la situación de los afganos empeorará, dentro y fuera de su país.
Hasta 100.000 niños podrían morir este invierno si no reciben ayuda alimentaria en las próximas semanas, de acuerdo al último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). «El tiempo se está terminando», dijo el lunes Eric Laroche, representante de Unicef para Afganistán.
«La temperatura está bajando, los ataques estadounidenses se intensifican, la comida es escasa y no hay agua potable para la gente desplazada. Presenciamos una masiva crisis humanitaria sin hacer nada», comentó un socorrista en la ciudad de Quetta. (FIN/IPS/tra-eng/mr/js/dc/pr hd/01
