La policía de México espera que la detención de dos presuntos responsables del asesinato de mujeres en Ciudad Juárez pueda poner punto final a una sucesión de casi 300 crímenes desde 1993, pero organizaciones humanitarias lo dudan.
Las dos personas detenidas, que trabajan como conductores de autobuses públicos, confesaron haber asesinado al menos a 11 mujeres, dijo este martes Arturo González, procurador de Justicia del septentrional estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, ubicada en la frontera con Estados Unidos.
Los conductores fueron apresados por la policía el fin de semana pasado, pocos días después del hallazgo de ocho cadáveres de mujeres, que antes de su muerte habían sido golpeadas y violadas, siguiendo un patrón observado con anterioridad.
Ciudad Juárez, donde se asientan numerosas fábricas que funcionan por el sistema de maquila y cuya fuerza de trabajo es principalmente femenina, adquirió el mote de «capital de los asesinatos de mujeres».
Las maquiladoras son empresas subcontratistas, que trabajan generalmente para exportación. En ese caso, utilizan insumos ingresados en tránsito, sin el pago de aranceles de importación.
La policía detuvo en los últimos ocho años a ocho personas acusadas de esas violaciones y de los asesinatos, pero hasta ahora sólo hubo un sentenciado, el egipcio Abel Latid Sharif, y por una sola muerte.
Los siete acusados restantes, que se declaran inocentes, siguen aún sometidas a juicio, aunque parece no haber pruebas concluyentes que indiquen su culpabilidad.
La policía, tras cada detención, aseguró que ya no habría más crímenes, pero las violaciones, las torturas y los asesinatos han continuado hasta sumar cerca de 300 en casi ocho años, según reportes de la policía.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Ciudad Juárez y una asociación de padres y familiares de las víctimas expresaron sus dudas respecto de que las nuevas detenciones frenen los homicidios.
Varios investigadores intentaron en los últimos años resolver el misterio de los asesinatos de mujeres, al igual que personas especializadas contratadas en Estados Unidos, y también se creó una fiscalía especial para atender estos casos.
En el estado de Chihuahua están radicadas 12 por ciento de las 3.375 empresas maquiladoras de México, que emplean en conjunto a 1,2 millones de personas.
Las autoridades de Chihuahua se habían negado hasta fines de 1997 a admitir que los asesinatos de mujeres estuvieran relacionados entre sí. Pero finalmente lo hicieron tras soportar protestas de grupos no gubernamentales y recibir una exhortación de la estatal Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión acusó a la policía de Chihuahua de no dar la debida importancia a los crímenes e, incluso, la acusó de dejar escapar a algunos sospechosos.
Por su parte, organizaciones de mujeres manifestaron su indignación ante comentarios del gobierno de Chihuahua, el cual señaló que muchas de las víctimas habrían alentado a los delincuentes por ir vestidas de manera provocativa.
La mayoría de mujeres asesinadas fueron encontradas en terrenos baldíos y tenían entre 17 y 23 años. Varias de ellas habían sido mutiladas y torturadas previamente.
Sobre los posibles culpables de los crímenes existen varias versiones. Una de ellas se refiere a la existencia de una banda de asesinos protegida por la policía y otra indica que los crímenes son cometidos por narcotraficantes para desviar la atención de sus actividades.
En Ciudad Juárez, con 1,2 millones de habitantes, las maquiladoras comparten espacio con bandas de narcotraficantes y traficantes de personas. En los suburbios, además, se encuentran «múltiples» picaderos (lugares donde se venden e inyectan drogas).
La secretaría (ministerio) de Salud de México informó que 14 por ciento de los habitantes de esta urbe ha consumido drogas alguna vez, más del doble que el promedio nacional. (FIN/IPS/dc/dm/ip hd/01
