El proyecto del Banco Mundial de fomentar el sector privado en los países en desarrollo no toma en cuenta las necesidades sociales de la población marginada, sostienen activistas.
La estrategia propuesta por el Banco Mundial para el Desarrollo del Sector Privado (DSP) es considerada una guía para intentos futuros de privatizar servicios básicos e infraestructura. La misma será presentada en diciembre a los directores ejecutivos de la institución con sede en Washington.
El plan procura indicar la forma en que los países en desarrollo pueden «aprovechar y promover la iniciativa privada para perseguir objetivos de utilidad social», señaló el Banco Mundial.
Eso implica la creación de un «ambiente favorable al crecimiento», mejorar el acceso a la infraestructura y la existencia de servicios sociales de salud, educación y agua potable.
La misma incluye la reducción de subsidios existentes para dirigirlos a los pobres, con el fin de mejorar la eficacia financiera de servicios como el agua potable, la educación y la atención médica.
Pero activistas de la sociedad civil sostienen que la propuesta del Banco Mundial no corresponde a la realidad.
«La estrategia de DSP creará una situación de apartheid en los países pobres», afirmó Nancy Alexander, directora de la organización no gubernamental (ONG) Globalisation Challenge Initiative (GCI), radicada en Washington.
«No hay pruebas de que las empresas privadas vayan a aceptar la reducción de sus ganancias para proporcionar servicios a los pobres», agregó.
Alexander menciona el caso de una empresa privada de agua en Armenia que amenazó con retener el elemento a sus clientes pobres si no pueden pagar sus cuentas.
GCI integra decenas de grupos que buscan modificar la estrategia DSP porque argumentan que los casos como el de Armenia se repetirán, dada la debilidad de los regímenes jurídicos en los países pobres.
Michael Klein, director de servicios de consultoría del sector privado en el Banco Mundial, respondió que es precisamente la debilidad de los regímenes jurídicos que obliga a los pobres a recurrir a los servicios privados en primer lugar.
Eso ocurre en muchos países donde el sector público no logra «ampliar la cobertura y brindar un servicio razonable y donde los pobres dependen de proveedores informales de servicios sociales y de infraestructura… como los aguateros en Paraguay, que ofrecen agua por cañería a las viviendas urbanas», destacó Klein.
Pero los activistas también critican la estrategia del Banco Mundial porque en su elaboración no se consultó al público al que se dirige.
«La cuestión de cómo proporcionar servicios plantea interrogantes acerca de la distribución de los recursos públicos que deben discutirse abiertamente entre los ciudadanos», declararon las ONG.
«Nos asombró el contenido de la estrategia de DSP y el proceso por el cual se desarrolló. De aplicarse, creemos que la estrategia tiene el potencial de socavar los objetivos de reducción de la pobreza y desarrollo sustentable del Banco Mundial», agregaron.
No obstante, las autoridades del Banco aseguran que en el momento de elaborar la estrategia consultaron a representantes del sector privado, el gobierno y la sociedad civil de Costa de Marfil, Egipto, India, Indonesia y Pakistán, todos países con fuertes procesos de privatización.
Klein dice que la estrategia del Banco vincularía el pago de los servicios a que éstos sean efectivamente proporcionados a los pobres, en respuesta a los críticos que sostienen que las empresas privadas desatienden a las poblaciones que no les resultan lucrativas.
Las discrepancias entre las ONG y el Banco Mundial no son nuevas, y seguramente habrán de continuar en el futuro. La institución multilateral denunció a sus críticos por «fomentar el conflicto constante y la diatriba en lugar del diálogo». Eso «sólo perjudica a los pobres», aseguró el organismo. (FIN/IPS/tra-en/em/aa/aq/if/01