La pobreza, la guerra, la falta de leyes penales efectivas y de políticas armónicas de desarrollo humano, la ausencia o deficiencia de servicios sociales y el descontrol de la actividad turística siguen siendo causas de la explotación sexual de niños y niñas en el mundo, según Unicef.
Representantes de gobiernos y organizaciones civiles de América Latina y el Caribe participan desde este miércoles hasta el viernes en Montevideo del «Congreso Gubernamental Regional sobre Explotación Sexual Infantil».
En la reunión, organizada por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN), se elaborará un plan de acción para presentar al Congreso Mundial sobre Explotación Sexual y Comercial de Niños y Niñas, que se celebrará en diciembre en Yokohama, Japón.
La de Montevideo es una de las seis reuniones de consulta regionales preparatorias del encuentro mundial. La primera fue en Bangkok, que reunió el mes pasado a representantes de Asia oriental y el Pacífico, seguida por la de Rabat, para Africa y Medio Oriente, y la de Dhaka, para Asia meridional.
Budapest congregará a fines de este mes a delegados de Europa y Asia central, mientras que Filadelfia, Estados Unidos, será sede del último evento regional, para América del Norte.
En Montevideo se presentan los estudios de situación de Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, así como un informe del IIN pedido por la Organización de Estados Americanos.
«La desintegración familiar, el desarrollo del consumismo inmoral y la falta de valores en culturas machistas son también otras causas de la explotación sexual de los niños», afirmó el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Per Engebak, al inaugurar la reunión.
«Hicimos un estudio en América Central en la primera parte de los años 90. Dos tercios de los niños involucrados en prostitución infantil declararon que habían sido violados en su propio hogar», señaló.
Engebak subrayó que la violencia sexual de niños y adolescentes ocurren en familias de cualquier nivel económico y educativo, pero advirtió que son más frecuentes los casos de niños y niñas que, para subsistir, se someten a la explotación de redes de proxenetas.
«Por eso, es importante que tanto las propuestas para prevenir el problema como las que están orientadas a atenderlo se concentren en fortalecer la capacidad de los sujetos para afrontar su realidad en condiciones» adecuadas, sostuvo.
La reunión de Yokohama considerará la explotación sexual de niños y niñas de carácter tanto comercial como no comercial, los avances logrados para combatirla y las dificultades para aplicar el plan de acción del congreso anterior, realizado en Estocolmo en agosto de 1996.
Engebak destacó que la reunión de Estocolmo, que reunió a representantes de 122 países y activistas, «sirvió para poner en la agenda internacional la magnitud del problema» y para que los gobiernos lo percibieran como «uno de los más grandes que afectan a los niños de la región» latinoamericana.
Los países firmantes se comprometieron a dar más recursos financieros, promover una fuerte cooperación entre todos los sectores, penalizar todas las formas de explotación sexual infantil, crear una nueva legislación y recuperar e integrar a las víctimas.
Además, se fijaron para 2000 las metas concretas de desarrollar una agenda y planes de acción nacionales contra la explotación sexual comercial de niños y niñas, y establecer bases de datos sobre la incidencia del problema.
Algunos países (unos 52 a mediados de 2001), aunque no suficientes, han elaborado o están elaborando planes nacionales de acción contra la explotación sexual comercial de los niños. También se han producido importantes cambios legislativos, así como acciones policiales y judiciales exitosas, evaluó Engebak.
En los últimos cinco años, se aprobaron tres imporantes tratados internacionales en torno del problema.
Se trata del Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe las peores formas de trabajo infantil (1999), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la venta de niños y la explotación sexual comercial y la pornografía infantil, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas (2000).
Engebak destacó también el aumento de recursos estatales en algunos países, la creación de programas innovadores, los encuentros regionales y la creciente colaboración del sector privado y de los medios de comunicación.
«Yo creo que se han visto avances en la región, pero no son suficientes. Es algo que deberíamos reconocer. Los efectos de la explotación sexual en la infancia y la adolescencia son profundos y a veces permanentes», sostuvo.
La asesora sobre protección infantil de Unicef, Ingrid Leth, coincidió con Engebak al observar progresos en América Latina en la creación de leyes contra la violencia sexual infantil, aunque subrayó la necesidad de aumentar la educación y concientización de los niños como método de prevención.
Leth además expresó preocupación por el aumento de la pornografía infantil, en especial a través de la red mundial de computadoras Internet. «Ochenta por ciento de la pornografía infantil es distribuida no comercialmente, a través de Internet», reveló.
Por su parte, el director general del IIN, Alejandro Bonasso, procuró ser más optimista y señaló que en Estocolmo «quedó claro que cada vez más gobiernos van asumiendo compromisos y perfeccionando sus marcos legales».
«No estamos en el final, pero tampoco estamos en el punto de largada. Yo diría que estamos caminando», afirmó. (FIN/IPS/rp/mj/hd/01
