El plan de reprogramación de deudas y de reactivación económica lanzado por el gobierno argentino no venció la desconfianza del mercado financiero, y este viernes volvieron a caer los bonos del Estado.
Para muchos analistas, la nueva jornada de intranquilidad en el mercado de bonos de deuda responde a la confusión de los operadores ante las numerosas medidas que se publicaron oficialmente este viernes y que los interesados aún no han terminado de analizar.
Es decir, habría por un lado una visión optimista, según la cual, a principios de la semana próxima, cuando se comprendan las medidas anunciadas el jueves por el gobierno de Fernando de la Rúa, la tensión comenzará a ceder.
Pero, para los escépticos, el país está de hecho en un proceso de suspensión de pagos, aún cuando el gobierno insista en que honrará sus compromisos.
De la Rúa ofreció nuevas garantías para que los tenedores locales de bonos de deuda pública cambien en forma voluntaria papeles que rendían 11 por ciento por otros que tendrán una cotización de siete por ciento.
La rebaja de la tasa de interés que paga el Estado disminuirá en igual proporción el gasto público y podría reducir el costo del crédito para particulares y empresas, observó el diario La Nación.
Así mismo, el Poder Ejecutivo anunció medidas para recuperar el poder de compra de los salarios y ayudar a empresas endeudadas.
La deuda pública argentina es de 132.000 millones de dólares. Pero más que su tamaño, que equivale a 45 por ciento del producto interno bruto, pesa su costo, determinado por los altos intereses de los bonos emitidos.
En un año se deben pagar intereses por 11.000 millones de dólares. Si los tenedores locales de bonos aceptan el canje propuesto por el gobierno, se restarán el año próximo 4.000 millones de dólares del servicio de la deuda y se podría extender el ofrecimiento a los tenedores externos.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió que luego del primer llamado a los tenedores locales, habrá nuevas ofertas para los acreedores en el exterior. Se descuenta que para esta segunda operación, Cavallo buscará el aval del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro estadounidense.
De ser exitosa, la reestructuración evitaría la suspensión de pagos y dará alivio financiero al gobierno, que necesita recursos para reactivar una economía en recesión hace 40 meses, con alto desempleo y creciente pobreza.
Luis Corsiglia, uno de los principales agentes de bolsa, explicó que las acciones se recuperaron tras los anuncios, pero los bonos «siguen aquejados por ventas muy fuertes del exterior». Estas operaciones causaron una nueva caída del valor de los papeles y un nuevo salto del riesgo país.
Este indicador, que mide la sobretasa que deben pagar los títulos de un país por encima de lo que rinden los bonos del Tesoro estadounidense, se elevó al cabo de la semana pasada a más de 1.800 puntos y mantuvo su tendencia alcista.
Este viernes, el riesgo país superó los 2.500 puntos, tope similar al alcanzado como consecuencia de la crisis estallada en México en diciembre de 1994.
«Cuando las medidas se comprendan bien, los resultados serán positivos», se esperanzó este viernes De la Rúa. En tanto, el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, con menos calma, acusó a «especuladores externos» de «trabajar a favor de sus intereses pequeños y en contra de los nuestros».
A los anuncios les faltó un mayor respaldo político interno y externo, según el comentario editorial del diario británico Financial Times y el del estadounidense The Washington Post.
Los dos periódicos aludieron así a la puja entablada en las últimas semanas por la administración federal con los gobernadores de las provincias por los fondos a repartir, y por la falta de respaldo del Tesoro de Estados Unidos a las propuestas de Argentina.
Poco antes de los anuncios del jueves, los gobernadores afiliados al oficialismo y a la oposición rechazaron los términos del acuerdo propuesto por De la Rúa para recortar 13 por ciento los fondos de coparticipación de impuestos con los 24 distritos del país y pagar con nuevos papeles buena parte de las deudas del gobierno con las provincias.
La mayoría de los economistas locales, empresarios e incluso dirigentes políticos, celebraron la decisión oficial de renegociar los plazos de la deuda. Pero las provincias objetan el ajuste que pesa sobre sus presupuestos y medidas que condonan deudas a empresas privadas.
El gobierno permitiría a las empresas cancelar deudas impositivas y a la seguridad social con acciones, y a su vez entregaría esos papeles a quienes aceptaran repatriar capitales depositados fuera del país. Se calcula que los argentinos mantienen más de 100.000 millones de dólares en el exterior.
Los efectos de los anuncios en el mercado financiero captaron casi toda la atención pública en las horas que siguieron al mensaje presidencial. No obstante, hubo otras decisiones, además de la propuesta de reestructuración de pagos, encaminadas a reactivar la economía y aumentar la recaudación de impuestos en el corto y mediano plazo.
Una de ellas es la rebaja de 11 a cinco por ciento del aporte obligatorio de los asalariados a las administradoras privadas de fondos de pensión y jubilación. Esa iniciativa incrementará el poder de compra de mas de tres millones de trabajadores encuadrados en la economía formal.
Así mismo, el presidente consideró «revolucionarias» las reformas en materia de asignación del gasto social, que prevén eliminar intermediarios y transferir en forma directa la ayuda social a desempleados, jubilados y menores de 14 años de familias con ingresos inferiores a los 1.000 dólares.
Este programa, que alcanzaría a unas 16 millones de personas, se pondrá en práctica el 1 de enero de 2002 y contempla el pago de 175 dólares a los desempleados, 100 dólares a los ancianos sin jubilación, y 30 dólares a los padres con bajos ingresos por cada hijo menor de 14 años que vaya a la escuela.
Finalmente, fue rebajado entre tres y cinco puntos el impuesto al valor agregado en el caso de uso de tarjetas de crédito y de débito, respectivamente.
El presidente reiteró su compromiso con el sistema de cambio fijo con respaldo en las reservas internacionales que mantiene la paridad uno-uno del peso con el dólar desde 1991. Al respecto, descartó la eventualidad de la devaluación.
En cambio, no hizo referencia a la política de déficit cero, que se aplica desde hace tres meses y limita el pago del presupuesto al monto de los ingresos obtenidos. Pero confirmó que el Estado ya no tiene crédito ni capacidad de endeudamiento y que sólo puede distribuir lo que recauda. (FIN/IPS/mv/ff/if/01
