Ochenta organizaciones no gubernamentales (ONG) suspendieron sus contactos con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, por considerar que éste «desvaloriza» la labor de la sociedad civil mientras favorece a los partidos políticos y acoge propuestas de los empresarios.
Se ha dado marcha atrás en los compromisos que el gobierno contrajo hace un año con el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, señala una carta de las ONG, enviada el miércoles al mandatario.
Las organizaciones se desempeñan en diversas áreas, como derechos humanos, ambiente, promoción de la mujer y la niñez, asistencia a sectores marginados y minorías, apoyo a enfermos de sida, comunicación popular e investigaciones laborales y sindicales, entre otras.
El Consejo Ciudadano señaló en la carta que suspenderá sus contactos con el gobierno mientras Lagos no dé explicaciones y «señales claras de la voluntad política (…) para llevar adelante acciones concretas que aseguren la autonomía y fortalecimiento del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil».
Esta virtual ruptura de las ONG con Lagos se produce en un momento político tensionado por el impacto de la aguda desaceleración de la economía y por la proximidad de las elecciones parlamentarias de diciembre, en las cuales se prevé un avance de la oposición derechista.
Las ONG fueron uno de los pilares de la oposición a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y muchos de sus integrantes se dedicaron a tareas de gobierno tras el restablecimiento de la democracia el 11 de marzo de 1990.
Entre los firmantes de la carta figuran personalidades que trabajaron activamente en 1999 por la candidatura de Lagos, un socialista moderado de la centroizquierdista coalición Concertación por la Democracia, en el poder desde 1990.
La queja de las organizaciones de la sociedad civil se produjo un día después de que el mandatario se reuniera en la «cena anual de la industria» con 1.300 empresarios de ese sector, agremiados en la Sociedad de Fomento Fabril.
Allí, Lagos dijo que hacía suya la «agenda pro crecimiento» propuesta por esa entidad empresarial, la cual contempla iniciativas «orientadas a establecer reglas claras que promuevan la competencia y que eviten sobrerregulaciones» en la economía.
Lagos sostuvo que «Chile demanda unidad» para enfrentar un estado de incertidumbre internacional, cuyo efecto es que «la recesión (económica) ya llegó y está aquí».
El pronunciamiento del presidente coincidió también con un conflicto entre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor matriz sindical del país, y la Confederación de la Producción y el Comercio, que reúne a las principales cámaras empresariales del país.
El socialista Arturo Martínez, acusó a los empresarios de tener un acuerdo político con la derecha para favorecerla en las elecciones parlamentarias de diciembre, mediante despidos y cierres de fuentes productivas que aumenten el desempleo, situada ya sobre la temida cota de los dos dígitos.
En su carta a Lagos, las ONG señalan que gobierno excluyó del proyecto de ley de presupuesto del Estado para 2002 los recursos para poner en marcha un fondo especial de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, cuya creación se acordó con el Consejo constituido formalmente por el propio Lagos en junio de 2000.
En cambio, señala la carta, el gobierno creó un fondo destinado a centros de estudios vinculados a los partidos políticos, presionado por la Corporación Chile 21, ligada a la Concertación por la Democracia y también al Instituto Libertad y Desarrollo, de la oposición derechista.
Esto «constituye una señal política altamente negativa con respecto al conjunto de las organizaciones que, por más de un año, hemos estado trabajando con representantes gubernamentales para el desarrollo de las políticas de participación y fortalecimiento ciudadano», afirman las ONG.
El Plan para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, suscripto hace un año, contemplaba varias acciones que, a juicio de los firmantes de la carta, no fue puesto en marcha por el gobierno.
Entre estas acciones, la carta menciona reformas a las leyes que rigen los municipios y el Consejo Económico Social, así como a la Ordenanza de Participación Ciudadana, cuyo objetivo sería abrir espacios para una efectiva intervención de la comunidad nn los asuntos públicos.
Las autoridades tampoco promovieron la obtención de un crédito especial del Banco Interamericano de Desarrollo para «iniciar la materialización de la política de fortalecimiento de la sociedad civil», en otro compromiso incumplido, según la carta.
«Un Estado alejado de la sociedad civil, que se relaciona con ella en forma vertical e instrumental, hace que resulte imposible su fortalecimiento y participación legítima y reconocida en los asuntos públicos», subraya la misiva enviada al mandatario.
«De este modo no se logrará responder a los desafíos que enfrenta la sociedad chilena, como son la equidad e igualdad de oportunidades, reducir las brechas sociales, promover el empoderamiento (fortalecimiento) de la sociedad civil, la cohesión e integración social, y la participación ciudadana», agrega.
La actitud oficial refleja una actuación «autoritaria y poco respetuosa» hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha debilitado la confianza de éstas en las autoridades, ya que se sienten «desvalorizadas» por el gobierno, señala la carta. (FIN/IPS/ggr/mj/dv/01
