El gobierno de México aseguró este martes que investigará a los responsables de la detención, tortura y desaparición de 532 opositores en los años 70 y 80, luego de recibir un informe que acusa de esos hechos al Estado.
Las investigaciones estarán a cargo de una fiscalía especial dependiente de la Procuraduría General, que será apoyada por un comité de cinco ciudadanos expertos en leyes y en derechos humanos, anunció el presidente Vicente Fox.
No habrá impunidad por hechos del pasado, señaló el mandatario, el primero ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos 71 años.
Las recomendaciones hechas por la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe de cerca de 3.000 páginas sobre desapariciones serán acatadas plenamente, afirmó Fox.
La CNDH, que trabajó un año en su informe, adjudicó la responsabilidad por esos delitos a las fuerzas de seguridad de los gobiernos del PRI.
El organismo recomendó a Fox la creación de una fiscalía especial para investigar a los sospechosos de haber participado en la «guerra sucia» de los años 70 y 80, castigar a los culpables, indemnizar a las víctimas o a sus familiares y sellar el compromiso de que nunca se repitan hechos similares.
Fox atendió así su promesa como candidato a la presidencia de investigar las desapariciones registradas durante los gobiernos del PRI. Pero no lo hará a través de una Comisión de la Verdad integrada por personalidades, como había previsto originalmente, sino una fiscalía especial.
Fox explicó que, además de instituir una fiscalía, ordenó a todos sus colaboradores, incluidos los mandos militares, entregar al archivo general de la nación todo documento que permita aclarar las desapariciones. Ese acervo podrá ser consultado por los ciudadanos, aseguró.
También informó que su gobierno creará un comité para estudiar la forma en que se podrá reparar los daños a las víctimas o a los familiares de los detenidos y desaparecidos en el marco de la guerra sucia.
Es un informe histórico, pues por primera vez un organismo oficial señala sin tapujos que los gobiernos del PRI usaron a policías y militares para reprimir la disidencia de forma ilegal y pide castigos, opinó el analista político Carlos Moreno.
Pero el grupo Eureka, que aglutina a la mayoría de familiares de los desaparecidos, se declaró decepcionada por el informe. Se trata apenas de un recuento de hechos y no dice dónde están los desaparecidos, expresó Rosario Ibarra, portavoz de ese grupo.
Además, decir que el gobierno fue el responsable no es ninguna novedad, agregó Ibarra.
Los 532 casos registrados por la CNDH corresponden a personas que integraban organizaciones guerrilleras y de la oposición legal o cuyas actividades entraron, simplemente, en contradicción con los gobiernos del PRI.
Todos esos casos de detención, tortura y desaparición se registraron durante las administraciones de Luis Echeverría (1970- 1976) y José López Portillo (1976-1982).
Las atrocidades cometidas entonces son la otra cara de aquellos gobiernos, que reivindicaron su condición de «revolucionarios», defendieron a Cuba en foros internacionales, propusieron un nuevo orden económico mundial y acogieron a cientos de perseguidos políticos y guerrilleros de otros países.
El historiador Enrique Krauze recordó que a diferencia de otros países de América Latina, donde había dictaduras en los años 70 y 80, a los gobiernos del PRI no se los consideraba represivos, cuando en la realidad no perdonaban la disidencia.
El informe de la CNDH, que actúa con independencia a pesar de su carácter estatal, indica que 351 de los desaparecidos fueron detenidos en zonas rurales y el resto, en ciudades.
En 257 casos la desaparición está demostrada por completo, que en 98 hay claros indicios y que en el resto hay evidencias menores de la detención y posterior desaparición, agregó el organismo.
En todos los casos documentados, «las personas fueron víctimas de tortura física o de formas de trato inhumano y degradante», apunta el informe.
Además, 70 por ciento de los desaparecidos en las ciudades eran estudiantes, 20 por ciento obreros y el resto profesionales y empleados. En las zonas rurales, 75 por ciento eran campesinos y maestros, según la CNDH.
«Sin fundamento ni causa legal, las víctimas de detenciones arbitrarias fueron vulneradas directamente en sus derechos a libertad personal», subraya.
«Conocer la verdad y hacer justicia permitirá a la sociedad fijar límites al poder para que por ninguna razón se vuelvan a cometer violaciones a los derechos humanos», declaró José Luis Soberanes, presidente de la CNDH.
Junto con el informe, el organismo humanitario entregó al presidente Fox un sobre sellado en que indica los nombres de 74 funcionarios de los gobiernos del PRI que serían culpables de las detenciones arbitrarias y desapariciones.
Soberanes aclaró que no podía señalar en público el nombre de culpables, pues deberá determinarse su responsabilidad en investigaciones y en la actuación de los jueces.
Para hacer la investigación, el organismo recabó 544 testimonios y entrevistó a 344 testigos. Además consultó en archivos del gobierno 80 millones de tarjetas, 41.200 documentos y 150 expedientes «especiales». (FIN/IPS/dc/mj/hd/01
