Las políticas antiterroristas implementadas por Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre amenazan derechos humanos básicos, según grupos defensores de las libertades civiles.
Las críticas al gobierno arreciaron a causa de la decisión el martes del presidente George W. Bush de permitir la actuación de tribunales militares para juzgar a extranjeros acusados de terrorismo.
Bush invocó poderes de emergencia para autorizar la intervención en esos casos de una comisión militar especial y prometió en su decreto «un juicio completo y justo» para todos los sospechosos.
Sin embargo, señaló que «no se pueden aplicar en juicios militares los principios jurídicos ni las reglas sobre pruebas aplicables a los tribunales penales distritales de Estados Unidos».
Eso significa que la comisión militar podrá llevar adelante su juicio con mayor secreto y rapidez que las cortes civiles y aceptar pruebas que resultarían inaceptables para éstos, señalaron abogados.
Además, los acusados que sean condenados a muerte podrían ser ejecutados poco después de la sentencia, sin posibilidad de apelación, advirtieron.
Mediante el nuevo decreto, Washington confirma su oposición a la formación de un Tribunal Penal Internacional por temor a que afecte a fuerzas estadounidenses en el exterior.
Además, el gobierno rechazó toda sugerencia de formación de un tribunal internacional específicamente para juzgar a los acusados de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, que dejaron más de 5.000 muertos.
Los procesos de tales organismos implican muchas demoras y trabas legales, en cambio el plan de Bush prevé la captura, la detención y el juicio de sospechosos en cualquier sitio de Estados Unidos o el exterior.
«Estos son tiempos extraordinarios y el presidente desea tener la mayor cantidad posible de opciones», declaró Mindy Tucker, portavoz del Departamento de Justicia.
Sin embargo, Bush no explicó por qué razón las cortes ordinarias no están en condiciones de juzgar a los sospechosos de terrorismo, señaló Laura Murphy, directora de la oficina en Washington de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Los juicios de los responsables del ataque de 1993 contra el World Trade Center y de Timothy McVeigh, autor del atentado de Oklahoma de 1994, demostraron que «el gobierno puede proteger la seguridad e identidad de los jurados y lograr condenas en los casos de terrorismo», destacó Murphy.
Además, los secretos del gobierno también pueden protegerse en virtud de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, arguyó la directora de ACLU.
Agregó que «por décadas, esa ley ha equilibrado de forma adecuada la seguridad nacional y el debido proceso», y que «el gobierno no ha demostrado que los procedimientos previstos en esa norma sean inadecuados en las actuales circunstancias».
«La creación de un tribunal militar cuando el Congreso no ha declarado la guerra carece de precedentes», declaró ACLU.
Según las leyes estadounidenses, los civiles sólo pueden ser juzgados por militares en tiempos de guerra.
Además, «sería hipócrita que Estados Unidos establezca ese tribunal cuando ha protestado reiteradamente contra el juzgamiento de estadounidenses por cortes militares en el exterior», sigue la declaración de ACLU.
El decreto de Bush en realidad no establece una comisión militar, sino que autoriza al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a designar una comisión para juzgar a individuos remitidos por el propio presidente.
Las sentencias emitidas por ese tribunal, incluso las de cadena perpetua y pena capital, sólo requerirán el consentimiento de dos tercios de sus miembros, mientras en los juicios penales exigen unanimidad.
Sólo Rumsfeld o Bush podrán revisar el veredicto y adoptar una decisión final, y apenas en los casos en que el presidente lo considere necesario.
Además, los procedimientos y los miembros de la comisión militar serán inmunes a litigios «de cualquier parte».
Esta no es la única medida del gobierno que amenaza las libertades civiles, según los críticos.
El mes pasado, Bush hizo aprobar una ley que permite al gobierno mantener a extranjeros detenidos por tiempo indeterminado por violaciones a las normas de inmigración.
Antes de eso, el fiscal general John Ashcroft autorizó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a espiar las conversaciones entre detenidos sospechosos de terrorismo y sus abogados.
Así mismo, el Departamento de Justicia anunció que no publicaría más datos sobre el número de detenidos en el marco de la campaña antiterrorista lanzada luego del 11 de septiembre.
Fuentes del gobierno revelaron que hasta la semana pasada había 1.183 de esos detenidos, en su mayoría extranjeros sospechosos de violaciones a las normas de inmigración o de pequeños delitos.
Grupos de derechos humanos acusaron a las autoridades federales de mantener a los detenidos en condiciones secretas, en violación de las normas del debido proceso.
La mayoría están en lugares desconocidos, pocos de ellos son considerados de gran interés por los investigadores, y hasta el pasado lunes, ninguno de ellos había sido acusado formalmente.
Trascendió que muchos de los detenidos no han tenido acceso a abogados y debieron declarar en audiencias judiciales secretas. (FIN/IPS/tra-en/aa/mlm/ip/01
