Cuatro periodistas del meridional departamento colombiano de Nariño, amenazados de muerte por los paramilitares de derecha, se agregaron a los más de 60 colegas protegidos por un programa gubernamental especial creado hace un año.
Cristina Castro, corresponsal del informativo de televisión RCN, Germán Arcos, camarógrafo, Oscar Torres, jefe de redacción del Diario del Sur, y Alfonso Pardo, del semanario Voz, habían sido intimados el 9 de este mes a abandonar en 48 horas la capital departamental, Pasto, por las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los cuatro periodistas fueron trasladados a Bogotá, donde el programa les concedió protección.
Pardo, cuyo semanario es del Partido Comunista, pretende regresar a Pasto, pues prefiere correr riesgos en esa ciudad y no «morir de tristeza y soledad en otro país». Los otros tres periodistas se proponen viajar al exterior.
«Me dicen que pida escolta, pero tendrán que blindarnos los lapiceros y las grabadoras», dijo Pardo.
Estos nuevos casos marcan el recrudecimiento de la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación. Hasta noviembre de este año fueron asesinados 10 periodistas, dos menos que en los 12 meses de 2000, otros 10 fueron obligados a marchar al exilio y 51 han recibido amenazas de muerte.
El secuestro es también una práctica habitual de presión contra la prensa.
El último periodista asesinado fue Heriberto Cárdenas, de 52 años, atacado el día 14 en su casa de Buenaventura, un puerto sobre el océano Pacífico, mientras miraba por televisión el partido entre las selecciones de fútbol de Colombia y Paraguay por el torneo clasificatorio para el mundial de Japón-Corea del Sur.
El plan de protección a periodistas, creado en agosto del año pasado por el gobierno de Andrés Pastrana, está enmarcado en la lucha en defensa de los derechos humanos.
El decreto de creación establece que el programa deberá proteger a los trabajadores de la comunicación que se encuentren en situación de riesgo debido a su labor en favor de la difusión, defensa, preservación y restablecimiento de los derechos humanos en el país.
«El programa es incipiente y se está construyendo», explicó a IPS Carmen María Lasso, de la Dirección General para los Derechos Humanos, oficina del Ministerio del Interior encargada de su coordinación.
Lasso informó que hasta el momento se ha aceptado el pedido de 67 periodistas, a quienes se les brinda la denominada protección blanda o la dura, según el tipo de riesgo que afronta.
La primera incluye cursos de autoprotección y medios de comunicación para alertar a los organismos de seguridad en caso de situación de riesgo.
Pero si el riesgo de vida es mayor, se contempla el traslado del periodista a un sitio más seguro en otro país, para lo cual se han establecido convenios con el fin de que los periodistas hagan pasantías o cursos de capacitación hasta que la situación de seguridad mejore y puedan regresar.
El programa también establece la entrega de chaleco antibalas, una escolta permanente y un automóvil blindado para quienes deseen quedarse en la zona de trabajo y tengan alto riesgo de sufrir un atentado.
«Sabemos que no es suficiente, pero estamos haciendo lo que podemos con los medios que tenemos, y tratamos de aunar esfuerzos entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales», dijo Lasso.
También se creó un comité de reglamentación y evaluación, conformado por delegados del Ministerio de Interior, de otras fuerzas de seguridad, de la vicepresidencia y de las asociaciones de periodistas Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Medios para la Paz.
El comité estudió 51 pedidos en los primeros nueve meses de funcionamiento, de los cuales fueron denegados cuatro por tratarse de personas que no trabajaban como periodistas.
En ese mismo lapso otorgó 13 ayudas humanitarias locales y siete en el exterior, 10 pasajes internacionales y 12 traslados dentro del país. Además, se aprobaron escoltas para dos periodistas «seriamente amenazados».
«Considero que aún falta mucho por hacer en el campo de la prevención. En muchos casos la falta de conocimientos en cierta temática pone en riesgo al periodista», dijo a IPS Elizabeth Vargas, de la FLIP.
Medios para la Paz, que trabaja para dar a los periodistas herramientas que les sirvan en su cobertura del conflicto, coincide con la apreciación de Vargas.
Esta asociación, entre otras tareas, brinda talleres para capacitar a los trabajadores de los medios de comunicación del interior del país, que son los más vulnerables debido a su cercanía con el conflicto armado interno.
«La regla de oro es escribir desde la perspectiva de la población civil desarmada», dijo a IPS Arturo Guerrero, uno de los capacitadores de Medios para la Paz.
«Así, desde este punto de vista, la posición del periodista debe ser parcializada: siempre a favor de ellos», los civiles desarmados, «pero debe ser imparcial frente a los actores del conflicto», puntualizó.
Guerrero comentó que cumplir con los principios básicos del periodismo, de dar dos o tres versiones del hecho, es una buena protección, pues evita que se encasille al periodista en uno u otro bando.
El informe 2001 sobre libertad de prensa, elaborado con datos del año pasado por la organización internacional Periodistas sin Fronteras, señala que el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros izquierdistas «prosigue en el terreno y hasta en las salas de redacción».
El documento reseña los 20 secuestros de periodistas perpetrados en 2000 por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, «a menudo en protesta por su cobertura del conflicto».
El estudio de Periodistas sin Fronteras también indica que al menos seis de los 11 periodistas exiliados el año pasado fueron amenazados por los paramilitares de las AUC.
Los paramilitares «siguen amenazando a todos aquellos que participan en el proceso de paz o a quienes consideran sospechosos de apoyar al otro bando», apunta el documento.
Periodistas sin Fronteras pidió hace un mes al gobierno de Pastrana, luego de la visita de una misión del grupo al país, luchar contra la impunidad y fortalecer el programa de protección, que este año cuenta con un presupuesto de 500.000 dólares.
Para Lasso, la única salida a la grave situación de los comunicadores en Colombia es la lucha contra la impunidad. Hasta julio, sólo dos de los 145 asesinatos cometidos desde 1990 habían llegado a instancias judiciales de procesamiento. (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
