La situación de los activistas de derechos humanos en Colombia es «extremadamente grave y preocupante», advirtió este miércoles la representante especial del secretario general de la ONU, Hina Jilani.
En los primeros 10 meses de este año fueron asesinados 125 sindicalistas, y en el último lustro un promedio de 14 activistas de derechos humanos fueron muertos cada año, señaló Jilami, de nacionalidad pakistaní, al finalizar una visita oficial de 10 días a Colombia.
«Me preocupa el débil sistema judicial y la casi total impunidad. Tengo serias preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial», y la fiscalía es el eslabón más débil de la cadena, dijo la funcionaria internacional al hacer ante la prensa el balance de su visita.
Jilani es la primera funcionaria la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a cargo de representar a la Secretaría General en el análisis de la situación de los activistas de derechos humanos.
Al ser designada en agosto del año pasado por el secretario general del foro mundial, Kofi Annan, manifestó su interés de visitar Colombia.
La representante especial de la ONU incluyó en su agenda entrevistas con el presidente Andrés Pastrana y con otros funcionarios del gobierno como el ministro de Defensa y vicepresidente Gustavo Bell, a cargo del área de derechos humanos.
También dialogó con los altos militares, con sindicalistas y con integrantes de las principales organizaciones no gubernamentales (ONG).
La situación de los activistas de derechos humanos, considerados objetivos militares por los bandos enfrentados en la guerra civil, se ha deteriorado en los últimos años pese a distintas medidas adoptadas por el gobierno, según las ONG.
Existe un programa de protección a cargo del Ministerio del Interior para brindar seguridad física a los activistas y una unidad de Derechos Humanos en la fiscalía. Además, la presidencia ordenó a todos los funcionarios estatales a respetar la labor de los activistas.
Pero esta directiva no se cumple, pues los que trabajan con la población más vulnerable son constantemente señalados como colaboradores de los guerrilleros, dijo a IPS un activista que pidió el anonimato por razones de seguridad.
Jilani pidió al gobierno no seguir tolerando este tipo de comentarios que aumentan el riesgo de los que trabajan por los derechos de los más desprotegidos.
La fiscalía, cuya labor fue cuestionada por la funcionaria de la ONU, es objeto de intensas críticas en los últimos días a raíz de distintas decisiones, como el hábeas corpus a general Rito del Rio acusado de vínculos con los paramilitares.
«En el caso del general Del Río se envía un mensaje negativo referido a la impunidad», afirmó.
Las ONG indicaron que los nuevos responsables de la Fiscalía parecen no atender las denuncias de impunidad y ha reducido los esfuerzos que, aunque insuficientes, realizaba la administración anterior.
Jilani se mostró también preocupada por el papel de las fuerzas de seguridad, que «han contribuido a aumentar la impunidad y perdido credibilidad entre la población civil», gregó.
La funcionaria de la ONU, además, prefirió no apresurarse en sacar conclusiones ante las denuncias de organizaciones humanitarias locales e internacionales sobre la supuesta complicidad de las fuerzas armadas con los paramilitares.
Sin embargo, indicó que, «en todo caso, hay una gran tolerancia frente a esos grupos» derechistas.
Uno de los aspectos más cuestionados por las ONG es la existencia de archivos de inteligencia de cuerpos de seguridad en los que al parecer figuran nombres de varios activistas humanitarios.
El gobierno, a través de Procuraduría General, se comprometió en 1998 a examinar la veracidad de esas informaciones, pero hasta ahora nada se ha hecho.
«Eso indicaría que hay medios de transmisión de información o que se han compartido esos datos de forma deliberada», apuntó Jilani, tras peidr al gobierno de Pastrana el cumplimento inmediato del ese compromiso.
Las ONG han insistido que no piden inmunidad para nadie, sino que pongan las pruebas en manos de la justicia si es que las autoridades realmente poseen elementos sobre que vinculen a alguna persona con actos delictivos.
Durante su visita de 10 días, Jilani se trasladó al puerto petrolero de Barrancabermeja, en la céntrica región del Magdalena medio, y a la ciudad de Medellín, dos puntos neurálgicos en el conflicto armado interno.
Jilani fundó en l980 en Lahore Pakistan el primer estudio de abogados integrado sólo por mujeres, para defenderlas de los maltratos.
De allí su interés de visitar en Barrancabermeja la Organización Femenina Popular (OFP), que desde hace 29 años y pese a las amenazas de los paramilitares, han defendido los derechos de las mujeres del Magdalena medio.
La OFP recibió este año en Bonn el premio «Violencia contra las mujeres, derecho de y para mujeres».
Las ONG manifestaron su satisfacción por las conclusiones de la alta funcionaria de la ONU. «Sus observaciones deben ser tenidas en cuenta», dijo a IPS Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
«Lo que ella vio es, en síntesis, lo que cualquier persona especializada puede ver, es decir la ausencia real de un estado de derecho que proteja a la gente frente a todos los agentes de violencia, incluidos los estatales. Esta ausencia de justicia esta destrozando a Colombia», puntualizó Gallón. (FIN/IPS/yf/mj- dm/hd/01
