El gobierno de Cuba logró nuevamente el rechazo internacional del embargo estadounidense, aunque no ha tenido igual resultado en el caso de los derechos humanos, también estratégico en su agenda exterior.
En esos dos asuntos, que concentran las disputas con Estados Unidos, el gobierno de Fidel Castro sigue con especial atención la postura de la Unión Europa (UE), que se opone al embargo pero quiere ver cambios políticos e institucionales en este país.
Representantes de la UE viajarán a La Habana este viernes para reanudar el diálogo político interrumpido en 1996, cuando ese bloque elaboró su primera «posición común» que recomienda la apertura democrática en Cuba.
La misión europea conversará con las autoridades cubanas «sin condiciones y sobre todos los temas», pero no se espera que determine necesariamente la revisión de la postura comunitaria, que se renueva cada seis meses.
«Se va a hablar de todo, también del terrorismo, no habrá ningún tema tabú», comentó en Bruselas Louis Michel, ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, país que ocupa la presidencia temporaria de la UE hasta diciembre.
Una fuente de la oposición interna cubana dijo a IPS que hasta mediados de esta semana no habían recibido invitación para reunirse con los delegados europeos.
«Estamos dispuestos a dar nuestra opinión. Nosotros también estamos por el cambio», dijo a IPS Gerardo Sánchez, de la Comisión cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sin reconocimiento legal.
Para el canciller cubano Felipe Pérez Roque, la posición común está «superada por el tiempo» y es necesaria «una plataforma más amplia» para la relación entre ambas partes.
Sin embargo, esa evaluación mantiene a Cuba excluida de un acuerdo marco con la UE y su incorporación al grupo de países de Africa, Caribe y el Pacífico (ACP), que incluye a casi un centenar de países beneficiarios de la asistencia europea.
La UE apoyó la resolución denominada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba», aprobada el martes por 167 países en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La resolución de la ONU contó con el voto contrario sólo de Estados Unidos, Israel e Islas Marshall y la abstención de los representantes Letonia, Micronesia y Nicaragua.
El voto favorable representa 88,35 por ciento de los 189 estados miembros de la ONU y 93,40 por ciento de los 179 países autorizados a votar en la Asamblea General de ese foro mundial, considerando que 10 no pudieron hacerlo por moratoria financiera.
La Asamblea General de la ONU viene aprobando resoluciones similares desde 1992, aunque Washington, lejos de flexibilizar, endureció su política al promulgar en 1996 la llamada Ley Helms- Burton, que codificó en un solo cuerpo legal medidas prohibitivas vigentes desde 1960.
Esa normativa permite, en su título III, castigar a empresas de terceros países que negocien con bienes que fueron expropiadas a ciudadanos estadounidenses en los años 60 por el gobierno de Castro.
Precisamente, la posible aplicación de esa medida de carácter territorial, que amenaza de manera permanente a los inversionistas en la isla de régimen socialista, encierra la mayor contradicción de la UE con Estados Unidos en su política hacia La Habana.
La UE considera fuente de «divergencias inútiles y estériles» las leyes estadounidenses que imponen sanciones unilaterales, cuyos efectos perjudican la evolución de la cooperación transatlántica y comprometen los esfuerzos comunes en la lucha contra el terrorismo.
Sin embargo, el bloque europeo es un fuerte aliado de Estados Unidos en sus demandas de «cambios» políticos en Cuba, que rechaza de manera tajante toda acusación referida a la cuestión humanitaria y, por el contrario, se considera «modelo» en esa materia.
En abril en Ginebra, los países miembros de la UE reiteraron su voto a favor de una resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Una postura similar había provocado el año pasado la suspensión de una visita de delegados de la UE programada con la intención de reanudar el diálogo con La Habana.
La diplomacia cubana no ha podido evitar desde 1990 la aprobación de mociones de censura en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, salvo en 1998, cuando logró el rechazo a esa condena gracias, según analistas, a la repercusión mundial de la visita a la isla del papa Juan Pablo II.
Esas resoluciones, que según La Habana son parte de la política de descrédito de Estados Unidos, acusan al gobierno de Castro de prohibir la oposición política y encarcelar a los disidentes, mantener el control estatal sobre la prensa y no convocar a elecciones presidenciales.
En su defensa, las autoridades cubanas aseguran que el régimen socialista vigente en el país desde hace más de 40 años respeta «como ningún otro» el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social.
Europa absorbe 46 por ciento del comercio exterior de Cuba y la UE, en particular, concentra 78 por ciento de ese intercambio.
Expertos señalan que el bloque europeo ve en Cuba condiciones para convertirla en pivote del comercio con el resto del Caribe. (FIN/IPS/pg/dm/ip/01
