La reanudación de negociaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece inminente, luego de mensajes emitidos esta semana por ambas partes.
El presidente Andrés Pastrana dijo que «todo depende» de la voluntad que demuestre el ELN, la segunda fuerza guerrillera izquierdista del país después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
«El gobierno ha tenido la voluntad de trabajar frente al tema de paz con el ELN. Esperamos reanudar el diálogo por el bien del país», dijo Pastrana el martes, en la celebración del 82 aniversario de la fuerza aérea.
El mandatario respondió así a la positiva señal enviada por el grupo insurgente en la reunión que mantuvo con miembros del Congreso legislativo colombiano el pasado fin de semana en Caracas.
Jefes guerrilleros aseguraron a los legisladores estar dispuestos a volver a las conversaciones de manera inmediata y sin mediar requisito especial alguno, ni siquiera la creación de una zona desmilitarizada como pretendían hasta ahora.
El ELN había suspendido de manera unilateral en abril los acercamientos que durante tres años, en medio de altos y bajos, había mantenido con el gobierno, tras exigir acciones fuertes y concretas contra los paramilitares de derecha que a toda costa quieren entorpecer el proceso de paz con las guerrillas.
En respuesta, Pastrana decidió tres meses después dejar de lado todo intento de diálogo de paz y le retiró al ELN el estatus político que le había otorgado en octubre de l998 con ese fin.
Este grupo insurgente, nacido en 1965 por la influencia de la revolución que había triunfado en Cuba seis años antes, cuenta en la actualidad con unos 3.000 hombres en armas, distribuidos en 48 frentes rurales y ocho urbanos, según analistas políticos.
«Soy muy optimista, porque hemos vuelto a abrir una puerta que estuvo cerrada con llave y candado , dijo a IPS el legislador liberal independiente Luis Fernando Velasco, uno de los asistentes al encuentro con la guerrilla en Caracas.
Velasco cree que la reanudación de los contactos puede concretarse muy pronto y opinó que, si las dos partes son osadas, este gobierno podrá dejarle «una buena herencia al próximo presidente».
La creación de una zona desmilitarizada, similar a la pactada con las FARC en el sudeste del país, ha sido la piedra en el zapato del proceso negociador entre el gobierno y el ELN.
En los contactos de Río Verde, en las montañas de la septentrional provincia de Antioquia en octubre de 1998, cuando se inicia el proceso, se fijó para el 13 de febrero de 1999 la instalación de una convención nacional, en la que intervendrían ambas partes y organizaciones de la sociedad civil.
En Río Verde también se confeccionó una agenda de trabajo con cinco cuestiones centrales tituladas derechos humanos, recursos naturales, democracia, economía y problemas sociales, y cultura e identidad.
Para el 12 de octubre de 1999 se había acordado la sesión de «síntesis, consensos y conclusiones».
Pero todo se enredó a partir del pedido de la insurgencia de que el área desmilitarizada ocupara cuatro municipios en la conflictiva y rica zona del Magdalena medio, que es disputada también por las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las AUC controlan en esa zona el narcotráfico, prohibiéndole a los campesinos vender la pasta de coca a los intermediarios cercanos a la insurgencia, además del negocio del oro, pues de ese lugar se extrae 40 por ciento de ese metal que sale del país.
El gobierno se negó a desmilitarizar esos municipios, ante lo cual el ELN entendió que se le daba un tratamiento de segunda categoría frente a la actitud respecto de las FARC, que controlan 42.000 kilómetros cuadrados y cuya cabecera es San Vicente del Caguán.
Sin embargo, después de varios encuentros y desencuentros y la mediación de la sociedad civil y de cinco países, España, Cuba, Suiza, Noruega, Francia, en una reunión realizada a fines del año pasado en La Habana se pactaron las reglas para una zona de encuentro en tres municipios.
El gobierno propuso entonces que delegados internacionales verificaran el respeto de los derechos humanos en el área y se permitiera la presencia de la policía y el control periférico del ejército.
Pero las negociaciones se estancaron nuevamente ante las protestas de campesinos, organizaciones civiles y la acción de los paramilitares en contra de la instalación de la zona desmilitarizada.
Ante estas dificultades, los representantes de Pastrana propusieron realizar el diálogo en el exterior, pero esto no fue aceptado por el ELN, que exigió al gobierno cumplir con lo pactado en la Habana.
Para Velasco, el nuevo puente que acaba de tender el Congreso entre gobierno y ELN debe servir para que se pierda el miedo a los acuerdos humanitarios.
Añadió que el nuevo acercamiento debe servir, al menos, para que se haga un balance de lo ocurrido hasta el momento y evaluar los errores y defectos cometidos por el gobierno, la guerrilla y la sociedad civil.
«Podemos dejar la semilla, para crear una política de Estado para la paz», dijo Velasco.
Este nuevo respiro se dio mientras Pastrana pedía, en su visita de esta semana a Estados Unidos, ayuda «sin límites», para combatir contra el terrorismo. El ELN, las FARC y las AUC figuran en la lista de los grupos terroristas internacionales corregida en septiembre por Washington.
Colombia necesita disponer de «todas las fuerzas y todas las armas posibles», par combatirlos dijo Pastrana ante legisladores y funcionarios estadounidenses.
«Al ELN le preocupa, como a todo el mundo, lo ocurrido el 11 de septiembre (los atentados terroristas en Nueva York y Washington), porque la agenda mundial se mueve diferente después de esos hechos. Todos tenemos que ver como jugamos frente a ese nuevo orden», comentó a IPS una fuente que pidió no ser identificada.
Aseguró también que al ELN no le asusta el señalamiento de terrorista y que «un análisis político es el que los lleva a pensar que este es un buen momento para la negociación».
Paralelo a esta nueva esperanza de paz, se conoció el acuerdo del ELN con los alcaldes de 28 municipios del oriente antioqueño, que no fue avalado por el gobierno.
Los rebeldes se comprometieron con esos gobiernos municipales a no atacar por seis meses los comandos de policía, mientras que los alcaldes prometieron promover el traslado de las estaciones de policía, que en su mayoría se encuentran en el casco urbano. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
