Treinta y nueve cadáveres fueron recuperados hasta este viernes de una mina derrumbada en Colombia, a la que familias pobres acudían en busca de oro pese a que había sido cerrada por orden municipal.
Los socorristas aún siguen tratando de rescatar a más de 70 personas desparecidas, entre hombres, mujeres y niños, mientras otras 25 resultaron con diversas heridas en este accidente ocurrido en el municipio de Filadelfia, del central departamento de Caldas, uno de los peores de su tipo en la historia del país.
Rodolfo Cuartas, miembro del equipo de socorristas, manifestó a IPS su gran temor de que las personas desaparecidas ya hayan muerto, lo cual elevaría a más de 100 las víctimas fatales de dos derrumbes seguidos registrados el jueves.
El director de la Oficina de Prevención de Desastres, Eduardo González, dijo que, pese a las dificultades para establecer responsabilidades, ya se nombró un grupo especial de 13 fiscales para investigar las causas de la tragedia.
González advirtió, en entrevista a la radioemisora Caracol, de la posibilidad de que ocurran nuevos derrumbes en la zona donde está la mina «La Amapola», que ha sido declarada en alerta máxima.
Esa mina, en la que se trabajaba de manera artesanal, había sido cerrada por las autoridades ambientales, pero los habitantes de las cercanías seguían buscando restos de oro, ya que es única forma de subsistencia.
Un portavoz de la Dirección de Licencias Ambientales del departamento de Caldas afirmó a IPS que se había ordenado el cierre de la mina hace cinco años, debido a que no reunía las necesarias condiciones de seguridad para operar.
Por su parte, el viceministro de Minas, Luis Mejía, señaló que todavía no existe una cifra precisa de la cantidad de minas llamadas de subsistencia o informales, pues son trabajadas de manera ilegal por pobladores pobres.
Sin embargo, Mejía informó que este año se ha ordenado el cierre de 40 yacimientos de ese tipo.
También el ministro de Trabajo, Angelino Garzón, ordenó este viernes una investigación administrativa para establecer las condiciones laborales en que se desempeñaban los mineros.
Además, el gobierno de Andrés Pastrana tratará de verificar la veracidad de una versión divulgada en la zona, que señala a un grupo de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como responsables de haber obligado a los dueños de la mina para siguieran con su explotación.
Los «barqueros» (buscadores de oro) trabajan por su cuenta y riesgo en los profundos huecos de este tipo de minas, sin ninguna protección y recibiendo aire a través de una manguera.
El alcalde de Filadelfia, Román Aristizábal, explicó que, por problemas de seguridad, los buscadores de oro habían sido desalojados hace ocho días de este yacimiento privado, con la ayuda del ejército.
Aristizábal aseguró que la tragedia fue ocasionada «por el incumplimiento de las normas de seguridad y el desempleo, que lleva a que las familias desesperadas busquen de cualquier manera ganar algo para subsistir.
La desocupación en Colombia alcanzó este año a casi 18 por ciento de la población económicamente activa.
«Yo soy pescador y campesino, y fui a la mina porque no tengo empleo», explicó Ramón Ortiz al diario El Tiempo. Ortiz y su esposa hacía una semana que trabajaban en el yacimiento.
En la mina «La Amapola», donde trabajaban familias enteras que quedaron sepultadas por toneladas de tierra y piedras, se registró un primer derrumbe que atrapó a varios mineros y luego otro, provocado por sus compañeros que intentaron rescatarlos.
Jaime Vélez, de 10 años, que desde los ocho trabaja en la minería, sobrevivió a la tragedia de este jueves, pero queda con la responsabilidad de ayudar a su madre y a cuatro hermanos, pues en la tragedia murió su hermano mayor y jefe de la familia.
Integrantes de la Cruz Roja, de Defensa Civil, cuatro dotaciones de bomberos y varios policías tratan de encontrar a los desaparecidos en condiciones muy difíciles, debido a la inestabilidad del terreno a causa de las lluvias caídas en los últimos días y al aumento del caudal del río Cauca.
La segunda tragedia minera en importancia había ocurrido el 19 de octubre de 1997 en los yacimientos de carbón de El Diviso y Orocué, en el nororiental departamento de Santander, donde murieron 16 personas por una explosión producida por una fuga de gas metano.
Otras 15 personas murieron el 12 de octubre de 1991, sepultadas por el deslizamiento de una mina de esmeraldas, ubicada en el central departamento de Boyacá, mientras que otras 10 fallecieron en enero de 1998 en un derrumbe ocurrido en otra mina de oro en la noroccidental Antioquia.(FIN/IPS/yf/dm/pr/01