El respeto por los derechos humanos no es un obstáculo sino una ayuda para garantizar seguridad y paz, dijo en la capital india la comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
En la actualidad, normas nacionales equiparan actividades no violentas con el terrorismo, y se aplican «medidas excesivas» que anulan o restringen derechos individuales, aseguró.
La agencia que dirige Robinson realizará un seguimiento de las medidas antiterroristas adoptadas por gobiernos para cumplir la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por unanimidad tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, indicó.
La funcionaria visitó la semana pasada Nueva Delhi para asistir a los dos días de sesiones del primer congreso de la organización Asiáticos Meridionales por los Derechos Humanos (SAHR, por sus siglas en inglés).
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado la resolución 1.373 porque no define el terrorismo que busca combatir, y alegan que los gobiernos pueden aprovechar esa norma, obligatoria para los Estados miembros de la ONU, con el fin de reprimir en forma severa a grupos no terroristas.
Robinson había señalado que medidas aplicadas por algunos gobiernos en el marco de esa resolución parecían violar derechos humanos básicos, pero no indicó a qué gobiernos se refería.
«El respeto por los derechos humanos implica un equilibrio entre el goce de libertades y la preocupación por los derechos de otros y por la seguridad nacional», sostuvo el lunes ante integrantes de SAHR provenientes de India, Bangladesh, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
Delegados indios se quejaron ante Robinson de que el gobernante Partido Bharatiya Janata, de orientación derechista, haya establecido estrictas restricciones a la actividad política mediante la Ordenanza para la Prevención del Terrorismo (POTO, por sus siglas en inglés).
El Partido del Congreso, principal de la oposición, anunció el domingo que impedirá que esa ordenanza reciba la ratificación parlamentaria necesaria para continuar en vigencia, durante las sesiones de invierno (boreal) del Poder Legislativo, que comenzarán el 19 de este mes.
Esa ratificación exige aprobación del Rajya Sabha (Senado), en el cual el Partido del Congreso cuenta con mayoría.
La POTO, muy resistida por partidos opositores y grupos humanitarios, es más estricta que la anterior Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas, que estuvo vigente hasta 1995.
Aquella norma fue en extremo impopular, debido a su contenido y a los abusos cometidos en su nombre, reconocidos por la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El gobierno sostiene que la POTO es necesaria en la situación posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, y el ministro del Interior, Lal Krishna Advani, afirmó que quienes se oponen a esa ordenanza apoyan al terrorismo.
Uno de los críticos de la POTO en el congreso de SAHR fue el profesor Kamal Mitra Chenoy, de la Universidad Jawharlal Nehru de India, quien opinó que esa norma busca establecer un tipo de Estado policial con antecedentes en Africa y América del Sur.
Toda Asia Meridional corre en la actualidad el riesgo de derivar hacia posiciones «autoritarias, militaristas y masculinistas», en perjuicio de los enfoques políticos «igualitarios, pacifistas y sensibles a las cuestiones de género».
El profesor Hasan Mansur, activista de la organización no gubernamental india Unión Popular por las Libertades Civiles, consideró perturbador que los gobiernos de la región compitan en la actualidad por brindar apoyo a los ataques contra Afganistán de Estados Unidos y sus aliados, que comenzaron el 7 de octubre.
Robinson exhortó a los participantes en el congreso de SAHR a trabajar para que las medidas gubernamentales contra el terrorismo se adecuen a sus objetivos declarados e impliquen la menor intrusión posible en las vidas de los ciudadanos.
Los poderes otorgados a las autoridades «deben tener límites, es preciso respetar siempre el pincipio de no discriminación de las personas, y hay que esforzarse en especial para que existan garantías de los derechos de quienes son más vulnerables», añadió. (FIN/IPS/tra-eng/rdr/ral/mp/hd ip/01
