Las acusaciones por el asesinato en México de la abogada Digna Ochoa, defensora de derechos humanos, apuntan contra militares. El caso medirá hasta dónde llegan las promesas de cambio del presidente Vicente Fox, señalan observadores.
Ochoa, de 37 años, muerta a balazos el 19 de octubre luego de recibir una cadena de amenazas anónimas, era una respetada activista que defendía a personas acusadas de subversión y a campesinos víctimas de supuestas torturas y abusos de militares.
«El crimen demostró que en México reinan aún la impunidad y la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos», dijo a IPS Edgar Cortés, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó Ochoa.
Cortés cree que detrás del asesinato de la activista están sectores militares que se sienten amenazados por las investigaciones y casos que defiende esa organización humanitaria, perteneciente a la orden católica de la Compañía de Jesús.
La investigación del crimen está a cargo de la Procuraduría de la capital mexicana, gobernada por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, pero las condenas y los pedidos de justicia que llegan por el caso desde dentro y fuera del país, parecen ir directo a Fox, del conservador Partido de Acción Nacional.
El gobierno de Fox, quien deploró el asesinato tres días después de registrado y luego de recibir la condena formal del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, tiene como procurador a Rafael Macedo de la Concha, un militar que podría resultar involucrado en el caso, según analistas.
Fox asumió la presidencia en diciembre con la promesa de limpiar el país de impunidad y castigar a los culpables de abusos y corrupción que sembraron 71 años ininterrumpidos de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
Sin embargo, ya se esfumó su compromiso para integrar una Comisión de la Verdad, que aclarase el destino de los desaparecidos y las muertes ocurridas en los años 70 y 80 en el marco de la lucha contra grupos guerrilleros.
El gobierno sólo ofrece en la actualidad promover ante las autoridades judiciales la investigación, hasta donde sea posible, de los casos denunciados.
Además, Fox, contra la recomendación de grupos humanitarios, nombró como procurador general a Macedo de la Concha, quien durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) ocupó el cargo de procurador militar.
Ochoa y colegas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, todos víctimas de amenazas anónimas de muerte desde 1995, habían denunciado que Macedo de la Concha, como procurador militar, había encubierto a militares acusados de torturadores que abusaban y sembraban pruebas contra inocentes.
En mayo y a pesar de las reiteradas denuncias del grupo humanitario católico, en las que informaba de las amenazas, la procuraduría general a cargo de este militar consideró que no había elementos para seguir con las investigaciones al respecto.
Durante el gobierno de Zedillo, cuyos portavoces acusaban al grupo Miguel Agustín de inventar denuncias, Ochoa sufrió numerosas amenazas y hasta el secuestro y torturas en un interrogatorio realizado por desconocidos, que le preguntaron sobre sus presuntos vínculos con guerrilleros.
Ochoa, ya con Fox instalado en la presidencia, volvió a recibir amenazas. Antes de su asesinato se comunicó con familiares para darles instrucciones sobre su dinero y seguros de vida.
La muerte de Ochoa es el «primer crimen político» del gobierno de Fox, sostuvo José Luis Soberanes, presidente de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para el procurador de la capital mexicana, Bernardo Bátiz, el asesinato de la abogada es un signo «del terrorismo de extrema derecha». El funcionario indicó que existen avances en las investigaciones del caso, pero se negó a revelarlos.
Fox había recibido voces de apoyo de grupos humanitarios locales y extranjeros por sus promesas de cambio en materia de justicia. Hoy, tras el asesinato de Ochoa, le piden hechos.
El mandatario aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para apoyar a la procuraduría de la capital en las investigaciones del asesinato y anunció que coordina con grupos como Miguel Agustín para asegurar la protección especial de los activistas humanitarios.
Además, reiteró que su gobierno está comprometido con la promoción de los derechos humanos y con el castigo de las fuerzas de seguridad que los violen. Añadió que el asesinato de Ochoa no afecta «para nada» la imagen de su gobierno en el exterior.
Ochoa, de extracción social humilde, había defendido años atrás a Teodoro Cabrera y Roberto Montiel, campesinos ecologistas que cumplen condena en prisión desde 1999, luego de un proceso en que se acusa a militares de haberlos torturado y de fabricar pruebas contra ellos.
El caso trascendió las fronteras de México una vez que las organizaciones Amnistía Internacional y Sierra Club declararon a los campesinos «presos de conciencia» y apoyaron las denuncias sobre torturas.
Ochoa, tres semanas antes de ser asesinada, estuvo en las montañas del estado sureño de Guerrero, donde trabajaban los campesinos acusados, quienes son fundadores de un grupo que se oponía a la tala de bosques y, según testimonios, fue seguida de cerca por militares.
Para el columnista del diario Reforma, Miguel Angel Granados, el asesinato de Ochoa está ligado íntimamente a este caso. (FIN/IPS/dc/dm/hd/01
