Lucia Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, calificó de «traidores» a los militares constitucionalistas expulsados del ejército de Chile tras el golpe de Estado de 1973 y que presentaron una querella penal contra el ex dictador.
Los militares defenestrados por Pinochet se sumaron así al acoso legal contra el ex dictador que cumplirá 86 años el 15 de este mes y que fue absuelto en julio en el proceso por los crímenes de la llamada «caravana de la muerte».
Los nueve oficiales retirados que el martes presentaron la demanda se negaron a colaborar con esa misión militar, responsable del homicidio de 57 prisioneros políticos y de la desaparición de otros 18 en octubre de 1973.
«Ellos fueron traidores a su ejército», afirmó Hiriart. Según la esposa del ex dictador, los militares fueron juzgados en consejo de guerra porque contravinieron los principios del gobierno castrense instalado el 11 de septiembre de 1973 tras el cruento derrocamiento del gobierno izquierdista de Salvador Allende.
No se les castigó por haberse abstenido de participar en el gobierno militar, sino por traicionar sus principios, afirmó Hiriart.
La esposa de Pinochet manifestó, además, que «sería positivo, para que Chile se vuelva a reencontrar, que se reconozca que mi marido es inocente de los cargos que se le imputan».
El ex gobernante (1973-1990) fue procesado por el juez Juan Guzmán como coautor e inductor de los crímenes de la «caravana de la muerte», que recorrió varias ciudades de Chile bajo el mando directo del general Sergio Arellano, hombre de confianza de Pinochet.
Todos los antecedentes reunidos en el proceso apuntaron a establecer la responsabilidad del entonces dictador y comandante en jefe del Ejército en esos crímenes, pero en julio la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso el sobreseimiento (cierre) temporal del proceso en su contra.
El argumento de los jueces fue que Pinochet no estaba en condiciones de ser sometido a un justo proceso, a raíz de la demencia vascular moderada que le diagnosticaron médicos legistas a comienzos de este año.
El controvertido fallo podría ser revocado en el curso de este mes por la Corte Suprema, si el máximo tribunal acepta un recurso de casación (nulidad) interpuesto por los acusadores de Pinochet.
Los nueve oficiales retirados presentaron la querella crminal contra el ex dictador y el general Arellano, quien continúa procesado por los crímenes de la «caravana de la muerte» junto con otros cinco oficiales y suboficiales.
Entre los militares que presentaron la acusación se encuentran los comandantes en 1973 de las guarniciones del ejército en Calama, 1.200 kilómetros al norte de Santiago, y de Talca, 300 kilómetros al sur de la capital.
El coronel Fernando Rebeco, comandante de Calama, se negó a entregar los prisioneros de guerra a Arellano, quien los secuestró virtualmente de la cárcel de esa localidad minera para darles muerte en parajes desérticos.
«Me echaron del ejército por proteger la vida», dijo el comandante del regimiento de Talca, Efraín Jaña, quien también tuvo una actitud de rebeldía con Arellano y sus hombres.
Arellano, según consta en documentos, encabezó la misión como oficial-delegado del comandante en jefe del Ejército, con poderes similares a los que tenía entonces Pinochet.
Jaña envió en ese entonces una carta al dictador, denunciando las arbitrariedades cometidas por la «caravana» y donde le señalaba que los militares, si bien deben ser leales, no pueden ser incondicionales en el cumplimiento de órdenes reñidas con los códigos castrenses.
Despúes del golpe de Estado, más de 30 oficiales fueron expulsados de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros por expresar su lealtad al gobierno constitucional de Allende.
Una suerte similar corrieron unos 90 suboficiales, defenestrados igualmente de las instituciones uniformadas.
Uno de los objetivos de la querella es que se reivindique a los afectados, ya que en sus certificados de antecedentes que emite el Registro Civil siguen apareciendo como «traidores a la patria». (FIN/IPS/ggr/mj/hd/01
