La condena impuesta a cuatro jóvenes que asesinaron a un indígena en 1997 en Brasilia puede fortalecer la lucha de la población autóctona por sus tierras, pero activistas humanitarios dudan que proteja a los indigentes que son atacados en las calles de Brasil.
Galdino Jesús dos Santos, de la etnia pataxó, asentada en el nororiental estado de Bahía, fue asesinado en la capital de Brasil, donde había viajado con otros líderes indígenas para gestionar la recuperación de su territorio, invadido por hacendados hace décadas.
Dos Santos, que se había quedado dormido la madrugada del 20 de abril de 1997 en una parada de autobús por dificultades en volver a la casa donde estaba alojado, fue rociado con dos litros de alcohol y quemado por cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad.
El caso tuvo fuerte impacto nacional e internacional y sus autores fueron puestos en prisión.
Se trata de un acto de violencia cometido con frecuencia por jóvenes de las capas medias en las grandes ciudades brasileñas contra mendigos que viven en las calles, muchas veces con total omisión de las autoridades y ante la indiferencia de la sociedad.
La repercusión «contribuye a difundir la lucha de los pataxó hae-hae-hae, cuyo territorio es invadido por hacendados desde 1926», dijo a IPS Roberto Liebgott, secretario adjunto del Consejo Indigenista Misionero, organización de la Iglesia Católica de apoyo a las causas indígenas.
La invasión de sus tierras fue estimulada entre las décadas del 40 al 60 por el mismo gobierno del estado de Bahía, interesado en ampliar el área de producción de cacao.
La batalla de los pataxó por sus tierras se intensificó a mediados de los años 80 y, especialmente, después del asesinato de Dos Santos.
Los indígenas recuperaron varias haciendas, ocupándolas «en nombre de Galdino», convertido así en un símbolo de esa lucha, señaló Liebgott.
Pero la pena de 14 años, impuesta a los cuatro jóvenes por el tribunal tras el juicio que se desarrolló la semana pasada en Brasilia, fue considerada «muy blanda» por muchos observadores.
Lo más importante del dictamen es que el crimen fue calificado de «hediondo», por su crueldad, motivo fútil y premeditación, contra una víctima indefensa.
Los jueces consideraron culpables los acusados por cinco votos a dos, rechazando el argumento de la defensa de que los atacantes no pretendieron matar, sino jugar, asustando a la víctima, y que los cargos debían ser por «daños físicos» seguidos de muerte, y no de asesinato.
Las declaraciones de los testigos y los exámenes realizados por los investigadores comprobaron que los acusados tenían pleno conocimiento de las consecuencias de su acto y que echaron alcohol directamente en el cuerpo del indígena.
La juez Sandra de Santis había planteado 15 años de pena contra los cuatro jóvenes, pero luego fue reducida a 14 años debido a que todos tenían menos de 21 años en la fecha del crimen. El quinto miembro del grupo no fue enjuiciado porque tenía sólo 17 años en ese momento.
En Brasil, los menores de 18 años no responden criminalmente por sus actos, pero tienen que pasar por un proceso de reeducación, que en caso de infracción grave incluye la reclusión temporal en instituciones especializadas.
Los asesinos afirmaron en su defensa que «pensaban que se trataba de un mendigo», ignorando que el atacado era un indígena.
Ese asesinato es un síntoma de la «cultura de la violencia» que predomina en Brasil, según la cual «los excluidos pueden ser quemados vivos», indicó a IPS Romeu Olmar, secretario nacional del Movimiento Nacional de Derechos Humanos.
Probablemente, los asesinos de Dos Santos seguirían impunes si la víctima hubiese sido un indigente, como ocurre en numerosos casos que siguen ocurriendo en Brasil, sin que los agresores sean siquiera enjuiciados, lamentó Olmar.
La misma sociedad «legitima la violencia contra los mendigos, considerados incómodos y desechables», apuntó.
El activista comparó la impunidad de los atacantes de mendigos con la de policías que siguen torturando detenidos y sospechosos en las comisarías de Brasil, pese a la ley que tipifica y penaliza esa práctica.
La gran repercusión de la condena de los cuatro jóvenes de Brasilia debe desalentar la «broma» de incendiar indigentes que duermen en las calles, pero por tiempo limitado, evaluó Olmar, quien espera que el «caso Galdino» no sea una excepción.
Olmar teme que esta condena represente sólo la «mala suerte» de jóvenes que no se dieron cuenta que incendiaban a un indígena que se destacó en la defensa de los derechos de su pueblo. El mismo respeto a los indígenas es algo reciente, «construido en las últimas décadas», observó.
Los derechos humanos de los mendigos dependen de una efectiva reducción de la violencia, que exige una reforma profunda de la política de seguridad pública y de cambios culturales en la sociedad, puntualizó. (FIN/IPS/mo/dm/hd/01
