Un tribunal de apelaciones de Argentina ratificó la nulidad de las leyes que en los años 80 dejaron en libertad a un millar de militares y policías que violaron los derechos humanos en la última dictadura (1976-1983).
La Cámara Federal de Argentina, segunda instancia de apelación, ratificó el viernes el fallo que había declarado «nulas» esas normas.
«Este es un golpe de la justicia argentina contra el terrorismo, en un momento en que se oyen voces destempladas que reivindican métodos del terrorismo de Estado para justificar nuevas amenazas», declaró al conocer el fallo el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky.
El CELS, organización de derechos humanos fundada en 1976, había pedido, en una causa contra los apropiadores de una menor durante la dictadura, que se ampliara la querella a los responsables del secuestro y desaparición de los padres de la joven.
María Victoria Poblete fue secuestrada en 1976 cuando tenía apenas ocho meses, junto con sus padres, el chileno José Poblete y la argentina Gertrudis Hlaczik, torturados y luego desaparecidos. La niña fue apropiada por el teniente coronel Angel Landa, hoy procesado.
En febrero, el juez federal Gabriel Cavallo aceptó al CELS como parte querellante en ese caso, y en marzo, en un fallo considerado histórico, dictaminó la nulidad de las leyes llamadas de «punto final» y «obediencia debida» que ampararon a los acusados de secuestrar, torturar y desaparecer a los padres de María Victoria Poblete.
Los implicados, los ex policías Juan Antonio del Cerro y Julio Simón, apelaron la decisión de Cavallo ante la Cámara Federal por considerar que ninguna persona puede ser juzgada retroactivamente por delitos de los que ya fue exonerado, argumento común a fines de los años 90.
Pero esa justificación fue variando con los años. Como explicó Verbitsky en marzo cuando conoció el fallo de Cavallo, las cuestiones de derecho penal nacional han sido superadas por el derecho internacional, que se inclina por rechazar argumentos que permitan dejar impunes delitos contra la Humanidad.
El avance de las causas judiciales fuera del país contra militares argentinos (en Alemania, España, Francia, Italia o Suecia), además de la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres para su extradición a España y su procesamiento luego en Chile, seguirían esa tendencia.
Los tres jueces de la Cámara Federal coincidieron este viernes en confirmar la nulidad de la controvertida ley de punto final, sancionada en 1986, y la de obediencia debida, de 1987 respectivamente, para el caso Poblete exclusivamente.
La Cámara sostuvo en el fallo que «en el contexto actual de la constitucionalidad de los derechos humanos, la invalidación de las leyes de punto final y de obediencia debida no constituye una alternativa sino una obligación».
En Argentina, donde no existe un tribunal constitucional, cada juez tiene derecho a pronunciarse a favor de la nulidad de una ley en casos concretos, no en todos. De cualquier manera, el CELS tenía esperanzas de que este fallo, en caso de ser confirmado ahora por la Corte Suprema de Justicia, siente un precedente.
Cada caso debería realizar el mismo recorrido, incluso los de militares beneficiados con las leyes de amnistía sobre los que pesa pedido de captura internacional por procesos iniciados en el extranjero, pero que pueden circular libremente por territorio argentino, donde las leyes los protegían.
Las leyes de punto final y obediencia debida fueron derogadas en 1999 por el Congreso legislativo, que las consideraba un mal recuerdo de un pasado en que los gobiernos de la democracia recién recuperada se veían amenazados por sublevaciones militares.
Pero la derogación no tuvo efecto sobre los militares y policías beneficiados.
Verbitsky, conocido en Argentina por su trabajo periodístico, celebró este viernes que la Cámara haya declarado que «las leyes de impunidad son inválidas e inconstitucionales» y que, por lo tanto, «no pueden ser un obstáculo para que se haga justicia contra delitos contra la Humanidad», explicó.
En Argentina, la dictadura fue responsable del secuestro y desaparición de al menos 11.000 personas. Los ex comandantes de las Fuerzas Armadas, condenados por estas violaciones de derechos humanos, fueron indultados a principios de los años 90, poco después de la liberación de sus subordinados por las leyes de amnistía.
Pero la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización formada para recuperar a los menores desaparecidos —ya lo lograron en 70 de los más de 400 casos—, permitió el regreso a prisión de tres ex comandantes considerados responsables del secuestro, robo y cambio de identidad de los menores.
En el marco de una de las causas impulsadas por Abuelas de Plaza de Mayo, por la desaparición de Victoria Poblete, el CELS presentó su reclamo contra los responsables de la desaparición de sus padres.
Estos procesos eran iniciados por los familiares de las víctimas para conocer el destino final de sus deudos, aunque sin posibilidades de condenar y encarcelar a los responsables.
Pero el fallo de Cavallo y su ratificación por la Cámara Federal podrían representar un resquicio cada vez más amplio de nuevos procesos contra militares que secuestraron, torturaron y asesinaroan a opositores y a otros ciudadanos por la sola sospecha de filiación izquierdista.
«La justicia argentina puso las cosas en su lugar al establecer que bajo ninguna circunstancia se puede justificar la violación a los derechos humanos, y que en un estado de derecho los responsables de semejantes atrocidades deben ser sometidos a la justicia», remarcó Verbitsky. (FIN/IPS/mv/mj/hd/01