El Estado colombiano deberá responder por las consecuencias en Venezuela de los últimos dos atentados con explosivos en un oleoducto, pues el petróleo derramado avanza por los ríos venezolanos, advirtió el gobierno de Hugo Chávez.
Luego de visitar la zona junto con otros funcionarios y expertos, la ministra de Ambiente de Venezuela, Ana Elisa Osorio, se manifestó el martes pasado alarmada por el derrame de 43.000 barriles de 159 litros de petróleo en los atentados.
Los últimos ataques del insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano contra contra el oleoducto Caño Limón- Coveñas fueron cometidos el 20 y el 26 de octubre. El crudo se propagó por algunos ríos venezolanos y las empresas petroleras de ambos países activaron un plan de contingencia.
Tanto la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) como PDVSA (Petróleos de Venezuela) aseguraron que la situación se encuentra controlada. Ecopetrol confirmó que unos 25.000 barriles de crudo alcanzaron en el río Catatumbo y el resto el Tarra, ambos venezolanos.
La ministra Osorio dijo que se registró «una emigración violenta de los ecosistemas y las especies», con 34 incidentes de este tipo en la frontera, y que la magnitud de los dos atentados obliga a revisar la responsabilidad del Estado colombiano.
«Ante esta situación se hace imprescindible evaluar los convenios entre la empresa colombiana de petróleo y nuestro país, dado que nuestros ríos resultan afectados por los hechos (…) en su territorio y la forma de proceder en estos casos debe mejorar», indicó.
«Ecopetrol deberá responder por los daños ambientales provocados en los ríos venezolanos», aseveró la ministra, quien adelantó que aún no se evaluó el daño en esta región de la conflictiva frontera de 2.200 kilómetros entre los dos países andinos.
Osorio recordó que la contaminación del río Catatumbo, que abastece 60 por ciento del lago de Maracaibo, logró ser detenida a tiempo para evitar su propagación.
Este lago es el principal centro de producción de crudo venezolano para la exportación. PDVSA ha realizado allí acciones para mitigar los efectos ambientales de la explotación petrolera.
Según PDVSA, no existe riesgo de que el crudo llegue al lago de Maracaibo. El crudo es extraído y trasladado luego a unas fosas. Esta operación costará unos 26 millones de dólares.
Mientras, el embajador de Colombia en Venezuela, Germán Bula, dijo que de los 804 kilómetros del oleoducto Caño Limón-Coveñas sólo 100 están en la zona de riesgo. También sostuvo que de los 800 atentados cometidos en esta instalación desde 1988, sólo 34 afectaron a Venezuela.
El diplomático aseguró que el oleoducto no representa un objetivo militar y que la acción del ELN «sólo persigue contaminar» para causar «problemas en las relaciones entre Venezuela y Colombia».
Bula consideró que el Estado colombiano no tiene responsabilidad por las consecuencias de los atentados porque no ocasionó el daño, pero anunció que se cumplirá con lo acordado en el plan binacional de las empresas petroleras y, por lo tanto, pagará los costos.
El pescador Diofanol Pérez afirmó que el primer atentado lo obligó a suspender su actividad en la zona fronteriza. «En el río no se puede hacer nada mientras esté la mancha de petróleo, y eso va a durar muchos días. No tenemos nada para comer y somos padres de familia», dijo.
La Asociación de Pescadores, que reúne a 500 personas, pidió que PDVSA le dé temporalmente trabajo a los afectados mientras se desarrolla el plan de contingencia, pues no tendrán ingresos en ese lapso.
«Los pescadores son los más afectados, pero también los que vivimos en la zona», dijo Adafel Ocando, campesino en la ribera del Catatumbo. «La situación está fea. Hay mucho petróleo en las orillas y todo está negro. Si las cosas siguen así, vamos a perder el río», se lamentó. (FIN/IPS/ac/mj/en/01
