La mayoría de la comunidad indígena maorí de Nueva Zelanda rechaza la reanudación del cultivo experimental de organismos genéticamente modificados, autorizada por la primera ministra Helen Clark, del Partido Laborista.
La ministra de Conservación, Sandra Lee, maorí del Partido Alianza, que integra la coalición de gobierno, prometió el miércoles medidas legislativas para contemplar las preocupaciones de quienes afirman que esa decisión viola el Tratado de Waitangi, firmado en 1852 por el gobierno y la comunidad maorí.
Lee señaló que la idea de transferir genes de una especie a otras es «repugnante para muchos maoríes», y que organizaciones sociales y políticas de su etnia consideran que se trata de «una falta de respeto a la vida».
Las cuestiones relacionadas con los transgénicos serán consideradas por una Comisión de Bioética que el gobierno se propone crear, aseguró.
«No podemos dar la espalda a la ciencia, que tiene el potencial de aportar información básica para nuestras estrategias médicas, biotecnológicas e industriales, pero tampoco podemos ignorar las preocupaciones relacionadas con aspectos de la modificación genética», sostuvo Clark el martes.
La autorización concedida por el gobierno abarca proyectos de ensayo durante un año de variedades transgénicas de maíz, papa, remolacha azucarera, guisante y pino para forestación.
Las autoridades anunciaron el envío al parlamento de un proyecto para prohibir durante dos años la venta para consumo de transgénicos, mientras se desarrollan estudios éticos, sociales y ambientales, «con excepción de los que beneficien en forma directa la salud humana o animal».
La Red de Ciencias de la Vida, el principal grupo de presión por el desarrollo de la ingeniería genética, elogió la decisión gubernamental.
«Las condiciones (para el ensayo de transgénicos) anunciadas por el gobierno no son nuevas. Fueron consideradas antes por la Agencia de Administración de Riesgo Ambiental, y esperamos que ésta siga basando sus decisiones en la ciencia, no en emociones irracionales», dijo el presidente de esa red, William Rolleston.
«Nos preocupa en especial asegurar que la naturaleza no sea manipulada», señalaron el martes en un comunicado los nueve parlamentarios de la comunidad maorí.
«La liberación de organismos genéticamente modificados en el ambiente no es aceptable. No nos oponemos a la ciencia. Nos preocupa que se ponga en peligro la integridad social, cultural y ambiental de nuestro país, para obtener ganancias comerciales de corto plazo», afirmaron.
«Pensamos que la transferencia de genes entre plantas, animales o seres humanos no relacionados entre sí es una amenaza a la existencia humana como hoy la conocemos», sostuvieron.
«Los maoríes respetamos a las diversas formas de vida y a los aportes que unas realizan a otras. Interferir con una forma de vida es una falta de respeto y una forma más de arrogancia cultural», agregaron.
Organizaciones maoríes habían propuesto antes a la gubernamental Real Comisión sobre Modificación Genética, que trabajó durante 14 meses, la prohibición de patentar cualquier forma de vida.
También pidieron a esa comisión que pusiera fin a «las negociaciones para liberalizar el comercio, al ingreso de firmas multinacionales de biotecnología a Aotearoa (nombre del país en maorí) para realizar experimentos con transgénicos», y a la importación de alimentos genéticamente modificados.
El gobierno debería realizar inversiones para fomentar la llamada agricultura orgánica, o sea la que se lleva a cabo con fertilizantes y plaguicidas presentes en la naturaleza.
La Real Comisión fue creada para asesorar al gobierno sobre políticas relacionadas con los transgénicos y su regulación. En su informe final, entregado a las autoridades en julio, registró las inquietudes de los maoríes pero rechazó casi todas sus propuestas.
Organizaciones comunitarias no maoríes participan en una campaña nacional contra los transgénicos que ha movilizado a decenas de miles de personas.
Los grupos de presión por el desarrollo de la ingeniería genética apoyan a la posición de la Agencia de Administración de Riesgo Ambiental, que recomienda el estudio caso por caso del eventual riesgo de los transgénicos.
«No confiamos en esa agencia, que ha aprobado todos los pedidos de autorización de cultivos experimentales que se le presentaron, y cumple en forma muy débil con su tarea de regulación», dijo a IPS Annette Cotter, de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
«El gobierno ha incumplido e forma lamentable sus obligaciones en relación con los neocelandeses y la integridad del ambiente, al distinguir en forma artificial entre cultivo experimental y venta para consumo», agregó.
En la actualidad, el gobierno necesita los votos del Partido Verde para mantener mayoría en el parlamento, y la decisión de Clark fue criticada con dureza por ese partido.
Jeanette Fitzsimons, principal dirigente del Partido Verde, se ha comprometido a priorizar la cuestión de los transgénicos en la próxima campaña electoral.
Los comicios se realizarán a más tardar en noviembre de 2002, salvo que el gobierno pierda antes su mayoría parlamentaria y sea preciso convocar a elecciones anticipadas.
El Partido Laborista «necesita apoyo de los maoríes y de los ambientalistas para mantenerse en el gobierno, y esta decisión lo ha separado de ambos», aseveró Cotter. (FIN/IPS/tra- eng/bb/js/mp/dv en/01
