El gobierno de Argentina resolvió este jueves que ministros, funcionarios, militares y policías salgan casa por casa a realizar el censo nacional, previsto para el 17 y 18 de este mes, ante la negativa de los maestros a hacerlo por el atraso del pago de sus salarios.
El ministro del Interior, Ramón Mestre, tras conocerse la decisión de los maestros, dijo que el censo «se hará con las fuerzas armadas, las de seguridad, los funcionarios públicos y los ministros».
«Vamos a hacer el censo porque es una obligación constitucional», explicó.
El trabajo de campo en los censos en Argentina, que cada 10 años permite tomar una radiografía de la población y del estado social y económico, entre otros datos, son tradicionalmente realizados por unos 500.000 maestros y profesores.
La responsabilidad del trabajo recae en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
«Yo tengo botas de goma, así que voy a ir», dijo la ministra de Acción Social, Patricia Bullrich, a modo de respaldo de la medida adoptada por el gobierno.
Bullrich informó que se convocará a representantes de organizaciones no gubernamentales y a estudiantes universitarios para que colaboren con las tareas de consulta casa por casa.
El presidente Fernando de la Rúa fue el primero en reaccionar, tras conocer la resolución de no participar en el censo adoptada el miércoles por el congreso nacional del sindicato de maestros. «El censo no se suspende, así que buscaremos medidas alternativas para realizarlo de todos modos», dijo.
De la Rúa criticó severamente a los maestros por una resolución que va en «contra del país, no del gobierno».
La demora de entre dos y tres meses en el pago de los salarios a los maestros de casi todo el país, al igual que en otras reparticiones del Estado, es consecuencia del plan económico adoptado para tratar de eliminar el déficit fiscal, que establece no destinar más recursos de los que se recaudan.
Pero la depresión económica que afronta Argentina llevó a una fuerte merma de la recaudación de impuestos, provocando los atrasos y hasta recortes de salarios de los funcionarios públicos.
La decisión gubernamental de mandar a censar a ministros y otros altos funcionarios fue recibida por la población con muestras de sarcasmo. Algunas personas dijeron a los medios de comunicación que esperaban recibirlos para explicarles sus problemas cara a cara, mientras otras señalaron que no los atenderán.
La secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Educación, Marta Maffei, entiende que es buena idea que los funcionarios hagan el censo.
«Ellos cobran 20 veces más que un maestro y les haría muy bien tomar contacto con la realidad que se vive en barrios de emergencia (asentamientos irregulares), en casas tomadas (intrusos) y en pueblos inundados», dijo con ironía.
Por su parte la directora de Difusión del Indec, Noemí Muchnik, admitió que sin los docentes es casi imposible realizar el censo en el plazo previsto, y tampoco dio garantías de que sea factible suspenderlo por poco tiempo.
«Todos sabemos el nivel que tienen nuestros maestros, así que no puede haber censo sin ellos», agregó. También destacó el dinero perdido en capacitación, entrenamiento y en los manuales entregados.
«Los militares y policías deben ser movilizados para la seguridad de los maestros, y no pueden ahora salir a cubrir el papel de censista», apuntó Muchnik.
La socióloga Susana Torrado, experta en demografía, sostuvo que no se les puede exigir a los maestros una carga pública como el censo, si no se cumple en pagarles los salarios, pero también entiende que no realizar el censo implica un «daño irreparable», «una desgracia».
La experta dijo que, por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas, los censos deberían realizarse siempre en años finalizado en cero, así que atrasarse aún más dificulta la comparación de resultados con otros países.
La negativa del sindicato de maestros fue confirmada luego de que esta semana el Ministerio de Educación sólo les prometiera entregarles un documento en el que reconoce las deudas.
«A los maestros se los considera muy calificados para integrar las mesas electorales, para actuar como censistas, para atender el conflicto social, la desnutrición y los planes de vacunación, pero nunca para cobrar en tiempo y forma», señaló Maffei.
«A nosotros nos pagan mal y poco para enseñar, y vamos a seguir enseñando a pesar de todo porque ese es un derecho del pueblo y porque defendemos la educación pública, pero no vamos a colaborar en ninguna otra tarea», advirtió.
En la occidental provincia de Entre Ríos, donde se deben tres meses de sueldo, el estado pagó un salario complementario con bonos que sólo se pueden utilizar en comercios de venta de electrodomésticos, perfumerías y artículos de cuero.
«Hay maestros a los que les cortaron los servicios de luz, de gas y de teléfono por falta de pago o que les hipotecaron su casa por no poder abonar un crédito en tiempo. ¿Cómo podemos pedirles que vayan a realizar el censo cuando ya no tienen ni las monedas para el transporte?», apuntó Maffei.
El gobierno había prometido pagar 60 dólares extras por realizar el censo, pero luego redujo ese monto en dos oportunidades hasta llegar a los 43 dólares actuales, que será abonado dos meses después de realizada la encuesta.
A los maestros el gobierno también les debe salarios extras, beneficio conseguido luego de casi tres años de mantener una tienda de campaña frente al Congreso, que fuera levantada poco antes de asumir De la Rúa, en diciembre de 1999.
La realización del censo, que comenzó a prepararse hace cinco años, cuesta casi 100 millones de dólares, y se perderán otros 15 millones si se posterga. (FIN/IPS/mv/dm/ip pr/01
