La policía de Argentina disolvió en la madrugada de este miércoles, frente a la sede del gobierno, una protesta de familiares de discapacitados cuya salud y bienestar está en peligro por la política de austeridad fiscal.
«Fue como una pesadilla. Unos 70 policías armados vinieron a la madrugada con camiones y sin ninguna intimación comenzaron a cargar nuestras cosas. Cuando intervine para frenarlos, me sacaron a empujones», contó a IPS, llorando, María Moschietti, madre de un niño de cinco años con parálisis cerebral.
Moschietti, junto a decenas de familiares de discapacitados, había iniciado una protesta el miércoles en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia, donde instalaron camas vacías, mesas de luz, armarios y sillas de ruedas en reclamo de atención a los enfermos.
Algunos discapacitados también habían participado el miércoles en la protesta. Jóvenes con síndrome de Dawn, oligofrénicos y personas con diversos problemas de motricidad acompañaron a los familiares para reclamar que el Estado pague al menos parte de su deuda con instituciones que les brindan diversos servicios.
Adolescentes con síndrome de Dawn, por ejemplo, temen que se cierre el centro de recreación y oficios Espacio Feliz, y otros temen que deje de funcionar la huerta en la que trabajan o que no se les pague más la pensión mensual que ya les deben.
El ministro de Salud, Héctor Lombardo, explicó este miércoles que «no hay dinero». «No es un capricho. Si no recaudamos más no tenemos forma de conseguir los recursos, así que mal podría yo prometer que el dinero estará, porque no lo sé», dijo.
Siete por ciento de los habitantes de Argentina sufren alguna discapacidad, de los cuales 40 por ciento pueden trabajar. Un amplio grupo subsiste con pensiones del Estado, que en muchos casos sostienen toda una familia.
Las organizaciones civiles que trabajan con discapacitados señalaron que unas 8.500 personas -entre ellas numerosos niños y niñas— corren peligro de dejar de recibir subsidios estatales o los servicios que les prestan diversas instituciones públicas y privadas.
La recesión económica azota a este país hace casi cuatro años. El gobierno decidió en julio aplicar la política denominada de «déficit cero», según la cual se comprometió por ley a gastar sólo lo que recaude mes a mes, priorizando la cancelación de intereses de la deuda pública.
La decisión fue adoptada para evitar que el gobierno deba pagar altas tasas de interés para acceder a créditos debido a la falta de confianza de los inversores en la salida a la crisis.
El «déficit cero» derivó en una rebaja de salarios y jubilaciones de 13 por ciento, el despido de personal y el atraso en el envío de fondos a las distintas reparticiones estatales, entre ellas hospitales, centros de salud, escuelas, huertas, hogares de menores detenidos y centros de investigación.
Estas instituciones reciben fondos públicos con retraso y con recortes, y ya no pueden contribuir al sustento de la red de asistencia social que el Estado centralizaba mediante el envío de partidas regulares de su presupuesto.
Los hogares y escuelas carecen de dinero para rubros vitales como los comedores, y en algunos casos las empresas de servicios públicos como electricidad, gas y teléfono han cortado el suministro de estas instituciones.
Numerosas personas aseguran ante los medios de comunicación que en los hospitales no hay medicamentos de ningún tipo, si bien no se ha emitido información oficial al respecto.
El Hospital Garraham, que utiliza equipos de alta tecnología para la atención de niños y niñas, informó este miércoles que los menores con cáncer no pueden ser sometidos a radioterapia hace días por desperfectos que, a pesar de los reclamos, no se reparan.
El hijo de María Moschietti recibe atención en Convivencia, institución que atiende a 50 niños y niñas en la localidad de San Fernando, en la central provincia de Buenos Aires. El gobierno le debe a Convivencia cinco meses de la ayuda comprometida.
La institución deberá cerrar sus puertas en breve si no recibe al menos una parte de lo que se le adeuda. Setenta y cinco por ciento de las familias de los menores que reciben atención en Convivencia dependen de la ayuda estatal, pues carecen de cualquier tipo de asistencia privada o sindical.
«Yo no tengo trabajo y no tendría otro lugar adonde llevar a mi hijo. Pero es siempre lo mismo, luchando para conseguir la ayuda», se quejó Moschietti.
«Junto con otros familiares y con el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, vinimos a hacer esta protesta y a presentarle una carta al presidente (Fernando de la Rúa) en la que le pedimos que interceda por unos 500 centros que están al borde del cierre», explicó.
La protesta se produjo luego del fallecimiento de Sergio Martínez, un niño de 11 años con problemas neurológicos y auditivos de nacimiento que desde febrero no recibía su pensión. Su padre indicó que el Estado lo había declarado «fallecido».
La Red Solidaria, una organización no gubernamental que presta distintos servicios de ayuda, había incluido el caso de Sergio Martínez hace un mes entre otros 42 de omisiones graves del Estado.
La familia de Sergio Martínez tiene vivienda en la noroccidental provincia de La Rioja, pero vivía en un hotel en Buenos Aires en procura de atención para el menor en uno y otro hospital público de la capital.
Hasta marzo, el Estado les entregaba seis dólares diarios de viático, pero esa ayuda se interrumpió cuando el niño fue declarado muerto por error.
Ante este caso, que causó fuerte impacto en la opinión pública, los familiares de otros niños y niñas con discapacidad decidieron instalar la protesta en la Plaza de Mayo, como una vigilia a la espera de una respuesta a sus reclamos, pero en la madrugada del día siguiente fueron desalojados por la policía.
Gustavo Fernández, padre de otro menor discapacitado, afirmó que la policía llegó y, sin decir palabra, comenzaron a cargar las camas, armarios y mesas de luz en los camiones. «Dos mujeres intentaron impedirlo y se subieron al camión, pero las bajaron a empujones y se fueron», añadió. (FIN/IPS/mv/mj/he/01
