El presidente argentino Fernando de la Rúa recibió este viernes el respaldo del primer ministro portugués Antonio Guterres, aunque hubiese preferido tener ya asegurado el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, De la Rúa, en visita oficial de tres días a Portugal, no puede hacer más. El apoyo de Guterres tiene valor ético y politico, mientras el del FMI, que es negociado en Ottawa por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, vale 3.000 millones de dólares.
Por eso el viaje de Cavallo a Canadá es noticia internacional, mientras pasan inadvertidos los tres acuerdos solemnemente firmados en Lisboa, sobre turismo, derecho al trabajo de los familiares de diplomáticos y cooperación científica y tecnológica.
Los gobernantes coincidieron en que el intercambio comercial bilateral, hoy de 1.200 millones de dólares anuales, es muy escaso, pero que para aumentar inversiones y comercio primero hay que «conocerse major».
Cuando Cavallo se la esté jugando este sábado en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial, el presidente De la Rúa peregrinará al templo de la virgen de Fátima y recibirá un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Coimbra, una de las más antiguas del mundo.
En una conferencia de prensa, este viernes, De la Rúa rechazó discutir posibles alternativas al plan financiero de emergencia, que prevé un ahorro de 4.000 millones de dólares para eliminar del deficit fiscal y mantener la paridad legal entre el dólar y el peso argentino.
Frente al riesgo inminente de una suspensión de pagos, una devaluación o la adopción del dólar como moneda nacional son las opciones más mencionadas, pero ambas son rechazadas hasta ahora terminantemente por el gobierno de De la Rúa.
El plan de emergencia contempla la reducción de los aportes federales a las provincias, y un cambio «voluntario» de bonos de la deuda pública, que reducirá la tasa de interés de esos papeles de 13 a siete por ciento a cambio de una garantía estatal.
Bancos privados y asociaciones de fondos de pensión son los principales beneficiaries de los bonos emitidos a 10 años de plazo, por un total de 60.000 millones de dolares.
La deuda pública argentina alcanza a 132.000 millones, equivalente a 45 por ciento de su producto interno bruto, y el riesgo de suspensión de pagos afecta a 72.000 millones de ese total.
Este jueves, cuatro importantes provincias controladas por el opositor Partido Justicialista (peronista) accedieron finalmente a endosar el plan de austeridad, lo que fue destacado este viernes en Lisboa por De la Rúa, y también por el secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Neill.
El acuerdo de las provincias refleja «unidad política y liderazgo politico», dijo De la Rúa a la prensa en el palacio del Parlamento portugués.
El presidente aseguró que las relaciones de Argentina con el FMI son «institucionalmente excelentes», pese a que el organismo financiero se niega a liberar un remanente de 3.000 millones de dólares de un paquete de rescate de 14.000 aprobado en marzo ultimo.
La directora adjunta del FMI, Anne Krueger, dijo que el FMI necesita más información antes de enviar una misión a Buenos Aires, paso previo a la liberación de los recursos.
Sucesivas misiones de Cavallo y del propio De la Rúa a Washington —el fin de semana pasado— han fracasado en el intento de convencer al FMI.
El embajador argentino en Portugal, Roberto Pareja, afirmó que los acuerdos de Argentina con el FMI habían producido un «cambio copernicano» en la filosofía del organismo internacional, que había resuelto apartarse de la ortodoxia neoliberal y apoyar los sectores productivos.
Pero la designación de Krueger como vicedirectora del FMI fue calificada por el premio Nobel de Economía y jefe de economistas del Banco Mundial hasta noviembre de 1999, Joseph Stiglitz, como una reafirmación de la más pura ideología monetarista.
Argentina, al igual que Estados Unidos, intenta promover una reactivación del mercado interno para estimular la producción y el empleo y frenar así la recesión económica iniciada hace más de tres años y agudizada por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Pero Argentina tiene prohibidos los incentivos fiscales al consumo.
La política denominada déficit cero aplicada por el gobierno argentino hace tres meses y determinada por ley, según la cual el Estado no podrá gastar más de lo que recaude cada mes, tuvo un impacto social muy negativo.
Empleados públicos como educadores, médicos y funcionarios judiciales han cobrado sus salarios con recortes y atrasos, en algunos casos de hasta cuatro meses, y lo mismo le sucede a los jubilados.
Además, entidades estatales como escuelas y hospitales reciben menos presupuesto del esperado.
De la Rúa dijo este viernes que el mismo principio de «no indiferencia» que se aplica en política internacional —y que sostiene operaciones militares como la de Afganistán— debería aplicarse a la economía, para que países como el suyo no cayesen injustamente en la bancarrota. (FIN/IPS/ak/mj/ip if/01
