La precariedad financiera, los bajos salarios de los jueces y el control político de las designaciones, ascensos y sanciones, han sido las armas de las dictaduras para someter al Poder Judicial en América Latina, según expertos reunidos en la capital de Perú.
La Conferencia Internacional sobre Independencia Judicial, Perspectiva Nacional, Regional y Global, celebrada entre el jueves y viernes, analizó el estado de la independencia judicial de América Latina.
«La independencia de los jueces respecto del poder político es condición básica para la legalidad de un sistema jurídico. Una de las primeras acciones de las dictaduras es someter a los jueces, para utilizarlos como instrumento de coacción y transgresión de los derechos civiles», comentó la abogada peruana Lourdes Flores.
Participante en la conferencia, Flores, ex candidata presidencial del Partido Popular Cristiano, añadió que «recuperar la legalidad jurídica es un factor esencial para la democratización y la gobernabilidad».
«Lamentablemente, no basta derrocar a un gobierno dictatorial y violador de los derechos humanos para revertir la corrupción judicial, porque los magistrados proclives a la corrupción se mantienen y el nuevo gobierno puede caer en la tentación de utilizarlos», dijo, por su parte, el abogado Julio Pickman.
«Siempre habrá jueces corruptibles. Lo más grave se produce cuando el sistema judicial se pervierte masivamente como resultado de un régimen político ilegal o ilegalizante. Entonces se forma una especie de cultura de la corrupción, que abarca a las autoridades, las empresas y aún los ciudadanos», agregó.
La inseguridad jurídica, además de favorecer la venalidad en el Poder Judicial y la impunidad de violaciones de derechos humanos cometidas por aparatos estatales de represión, afecta también el desarrollo, porque la falta de garantías en el cumplimiento de los contratos desalienta las inversiones.
Para someter a los jueces, los gobiernos autoritarios utilizan como instrumentos de presión la precariedad presupuestal del Poder Judicial, la transitoriedad en los cargos y los bajos sueldos de los magistrados, así como el control político de los nombramientos, ascensos y sanciones en el sistema de justicia.
La conferencia evaluó un proyecto de Guía de la Independencia Judicial, elaborada por expertos convocados por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), con apoyo de la gubernamental Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El proyecto es resultado de un estudio comparativo de la situación de los sistemas judiciales de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
La conferencia sumó a ese análisis la situación de Perú, país en tránsito de una situación de extrema corrupción política a la democracia y cuyo sistema judicial sufrió una grave crisis institucional.
Todos los países considerados, excepto Costa Rica, han soportado en los últimos 20 años condiciones de deterioro político y protagonizan procesos de democratización.
Al independizarse, en las primeras décadas del siglo XIX, los países latinoamericanos eligieron modelos constitucionales inspirados en los vigentes entonces en Europa, donde prevalecían estructuras autoritarias según las cuales el Poder Judicial era una rama subsidiaria del Ejecutivo.
Luego se registró en Europa una serie de reformas que modificaron de manera considerable esas estructuras autoritarias, pero la mayoría de los países latinoamericanos no siguió ese ejemplo.
«El periodo de dictadura y represión brutal que ocurrió en muchos países en los años 70 y 80 fue seguido por la decisión sin precedentes de examinar las fallas institucionales que permitieron que ocurrieron esas atrocidades», dijo Margaret Popkin, quien expuso el proyecto de Guía.
Directora de la Fundación para el Debido Proceso Legal, con sede en Washington, Popkin anotó que las «comisiones de la verdad» que investigaron violaciones de derechos humanos en periodos dictatoriales coincidieron que en todos los casos el Poder Judicial era un instrumento antidemocrático.
«Los líderes militares se han retirado del escenario, se han introducido reformas para mejorar los métodos de selección de jueces, se trata de ampliar el presupuesto y reformar las leyes de la carrera judicial y se trata de lograr que los magistrados se sometan a estándares éticos y profesionales» dice Popkin .
En su informe, la investigadora dijo que se han logrado avances en la región, pero en varios países, «incluyendo Argentina, Guatemala y Honduras», los jueces siguen percibiendo que quienes detentan el poder político y económico continúan ejerciendo o tratan de ejercer una influencia indebida».
En El Salvador, la independencia judicial mejoró notablemente tras los acuerdos de paz firmados en 1992, pero la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no siente plena independencia frente al poder político, añade el informe.
En Colombia y Guatemala, los jueces continúan recibiendo amenazas y sus gobiernos no han logrado proporcionarles seguridad frente a militares, paramilitares, traficantes de drogas y guerrilleros.
El informe señala también que en varios casos las iniciativas para mejorar la selección de jueces incluyeron la creación de consejos de la judicatura, inspirados en modelos europeos, con representación de diversas ramas del gobierno y comunidades legales y académicas.
Pero esos consejos no han garantizado una adecuada promoción de la independencia judicial, pues resultan ser total o parcialmente subordinadas a la respectiva Corte Suprema.
En consecuencia, «los consejos de la judicatura han reflejado la misma politización que debían ayudar a reducir y no lograron cumplir con las expectativas», según el informe.
«Debido a la estructura jerárquica de los poderes judiciales latinoamericanos y el rol de la Corte Suprema en la selección» de jueces «en muchos países, mejorar los mecanismos para la selección» del tribunal principal «puede ser esencial para lograr la independencia judicial», afirmó Popkin.
La conferencia recomendó reforzar la estabilidad de la carrera de los magistrados, pues las atribuciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo para ratificar o remover a las autoridades judiciales son el mayor factor de dependencia política. (FIN/IPS/al/mj/ip/01
