Los ombudsman (defensores del pueblo) de América Central afrontan severos problemas para trabajar con independencia, pues reciben fuertes presiones políticas y presupuestarias de los gobiernos, señalaron activistas.
Dirigentes de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), la principal organización no gubernamental de su género de la región, aseguraron que el puesto de ombudsman es un botín politizado.
Este cuestionamiento fue planteado en el II Encuentro Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y Sociedad Civil, que concluyó este viernes sus dos días de deliberaciones en la capital de Costa Rica.
«Todo el sistema de ombudsman de América Central está comprometido», aseguró a IPS la salvadoreña Celia Medrano, coordinadora general de Codehuca.
El informe «El desafío de la independencia», presentado por Codehuca, organizadora de la reunión, cuestiona la autonomía del ombudsman en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
La legitimidad y el financiamiento de los ombudsman, conocidos también como procuradores de derechos humanos, defensores de los habitantes y defensores del pueblo, reciben constantes amenazas, afirmó Medrano.
«El talón de Aquiles de los ombudsman centroamericanos es la manera en que son elegidos», destacó la activista.
En los siete países centroamericanos, el ombudsman tiene rango constitucional, es nombrado por el parlamento y cuenta con autonomía para denunciar posibles violaciones de los derechos de los habitantes cometidas por el Estado.
La actividad del Poder Legislativo solía detenerse en cada ocasión de los últimos años en que se discutió la designación del ombudsman, pues cada grupo parlamentario se empecinaba en presentar a integrantes de su partido como candidatos.
«Los partidos en el poder nombran a personas afines, sin criterio de capacidad, sino pensando en que no les hagan acusaciones. El cargo se ha adulterado, se ha prostituido», indicó Medrano.
El informe sostiene que los ombudsman pierden independencia cuando reciben presiones políticas o cuando sufren recortes de presupuesto como consecuencia de sus denuncias.
«Es muy frecuente que los gobiernos de América Central quieran presentar ante la opinión pública a las Procuradorías de Derechos Humanos como organismos innecesarios», dijo a IPS Alma Benítez, fiscal de Codehuca.
Benítez sostuvo que a los Estados no les interesa que haya una institución que señale las arbitrariedades del poder, y por eso tratan de asfixiarlas. El futuro de estas instituciones dependerá de cómo se relacionen con la sociedad civil y de que se consoliden como representantes de los pueblos, agregó.
De acuerdo con Codehuca, las procuradorías p-oficinas de ombudsman— que mejor trabajo han realizado en los últimos años son las de Nicaragua y Costa Rica, y el peor estuvo a cargo de la guatemalteca.
El Procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua, Benjamín Pérez, confirmó en declaraciones a IPS que ha recibido presiones financieras, aunque nunca un mensaje escrito o verbal de presión por parte del gobierno de Arnoldo Alemán.
Pérez, elegido en 1999, comentó que su institución sufrió un corte presupuestario luego de que realizó dos denuncias sobre supuestos abusos de poder del gobierno.
El presupuesto de la Procuradoría de Derechos Humanos de Nicaragua se redujo de 1,5 millones de dólares el año pasado a 882.000 dólares este año. «Con este dinero creemos que apenas vamos a poder cubrir denuncias de la capital de Nicaragua, pero no del resto del país», añadió Pérez.
El recorte de presupuesto equivale a «todo un discurso», sostuvo.
Pérez propuso que las procuradorías de América Central reciban financiamiento no de los gobiernos sino de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional, porque en esta región no hay una cultura de fiscalización ni de rendición de cuentas de los funcionarios. (FIN/IPS/nms/mj/hd ip/01
