Las industrias contaminantes y el gobierno de Estados Unidos pretenden desmantelar normas de protección ambiental al amparo del temor al terrorismo, denunciaron organizaciones defensoras de la naturaleza.
Las amenazas a la seguridad nacional desde los ataques terroristas del 11 de septiembre son esgrimidas por el gobierno de George W. Bush en sus argumentos contra propuestas legislativas dirigidas a proteger el ambiente, sostienen activistas.
Los ambientalistas temen que los intentos de la industria petrolera por obtener apoyo para aumentar la seguridad en sus instalaciones y disminuir la dependencia del suministro petrolero desde Medio Oriente, cerca de la zona de conflicto, logrará además destruir diversas disposiciones de protección ambiental.
Este lunes, Bracewell and Patterson, una empresa radicada en Washington que representa a varias compañías, presentó un informe a la Oficina de Seguridad de la Casa Blanca sobre varias instalaciones de energía, como gasoductos y oleoductos.
Además de recomendar recortes impositivos y nueva financiación para ayudar a la industria a mejorar la seguridad, el informe sugiere la creación de «declaraciones de impacto ambiental» que terminarían definitivamente con ciertas medidas que controlan la contaminación.
Debbie Boger, representante en Washington de la organización ambientalista Sierra Club, calificó las recomendaciones del informe como «atroces».
«La industria petrolera se aprovecha (de los atentados terroristas) para destruir leyes ambientalistas contra las que siempre ha luchado», agregó Boger.
La actividad en países árabes exportadores de petróleo de organizaciones aliadas con el millonario saudita Osama bin Laden, a quien Estados Unidos acusa de los atentados del 11 de septiembre, permitieron a Washington sugerir que este país debe aumentar su generación de energía para disminuir su dependencia.
Pero la solución, según los defensores de los recursos naturales, es pasar de los combustibles fósiles y la energía nuclear a una economía que utilice diversas fuentes renovables de energía, como la eólica, la solar y la biomasa.
La mayoría de las disposiciones favorables al ambiente fueron instauradas durante el gobierno de Bill Clinton (1993-1991), pero reemplazadas por Bush desde que asumió el cargo en enero.
El gobierno también dio un paso atrás con una disposición que protegería unos 24 millones de hectáreas de bosques nacionales de la tala, la minería y otras actividades extractivas.
Organizaciones defensores del ambiente sostienen que estas áreas son cruciales para proteger cursos de agua utilizados para el consumo humano y que además son sitios importantes de recreación, caza y pesca.
La semana pasada, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) presentó un estudio contra un plan del Senado para reducir la lluvia ácida y las emisiones de gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario, por generadoras de energía eléctrica de Estados Unidos.
El argumento de la EPA fue que el proyecto de ley haría peligrar la seguridad nacional y dañaría la economía.
El proyecto del senador Jim Jeffords propone reducciones de entre 75 y 90 por ciento de cuatro contaminantes principales: dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido sulfuroso y mercurio.
Jeff Holmstead, administrador asistente de EPA, afirma que el plan amenaza la seguridad porque el país podría quedar sin suficiente energía tras el cierre de plantas que queman carbón.
El dióxido de carbono, el principal de los gases invernadero, es liberado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas.
«La reducción de las emisiones y los plazos del proyecto serían demasiado costosos para los consumidores y amenazarían la seguridad nacional», dijo Holmstead.
El administrador de EPA subrayó que la agencia se opone con firmeza a la inclusión del dióxido de carbono en cualquier proyecto de reducción de la contaminación.
Los ambientalistas afirman que el estudio pasa por alto un informe de la EPA del año pasado, según el cual los niveles actuales de emisión de dióxido de carbono aumentarán en el largo plazo los costos de solucionar los efectos del recalentamiento planetario.
Jeremy Symons, de la Federación Nacional de Vida Silvestre, sostuvo que una propuesta que reduzca la emisión de tres contaminantes «no sería una solución y tendría un mayor costo en el largo plazo».
Según estudios previos de la EPA, un plan que redujera la emisión de cuatro contaminantes, como el de Jeffords, ahorraría más de 7.000 millones de dólares anuales en comparación a uno que redujera la de tres, dijo Symons. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/lp- mj/en/01
