Organizaciones defensoras del ambiente iniciaron este viernes una acción legal contra el gobierno de Estados Unidos, en un intento por anular nuevas regulaciones a la minería consideradas insuficientes.
Los activistas alegaron en su demanda que las normas sobre minería fijadas el mes pasado por la secretaria (ministra) del Interior Gale Norton violan la Ley de Política y Gestión de Tierras Federales, que ordena «evitar la degradación indebida» de tierras públicas.
Un portavoz del Departamento del Interior se negó a hacer declaraciones sobre el asunto, pues está en manos del Poder Judicial.
En octubre, Norton modificó regulaciones aprobadas el año pasado por la administración anterior, de Bill Clinton. Estas normas eran más rigurosas en el cuidado del ambiente tratándose de explotaciones mineras. La secretaria del Interior alegó que las medidas eran injustificadamente restrictivas.
Lexi Shultz, director legislativo del Centro de Política Mineral, de Washington, uno de los demandantes en el caso de este viernes, dijo que el historial de la industria minera demuestra que las explotaciones no vigiladas dañan tierras públicas.
«Norton dio la espalda a las comunidades y el ambiente cuando decidió destripar las sólidas regulaciones ambientales sobre la minería», dijo Shultz.
La organización Great Basin Mine Watch, del estado de Nevada, y los Guardianes del Medio Rural, de Arizona, también suscribieron la demanda, pidiendo al tribunal actuante el bloqueo de las nuevas regulaciones mineras hasta tenerse la sentencia.
Las regulaciones aprobadas por el gobierno de Clinton facultaban a funcionarios federales para cerrar minas que podrían causar «daños irreparables» a recursos hídricos.
Estas regulaciones habrían protegido al ambiente, sostienen las organizaciones. Pero las compañías mineras alegaron que la disposición de desechos de su actividad ya estaba regulada por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos, la Ley del Agua, y en varias normas estaduales.
Jack Gerard, presidente de la Asociación Nacional de Minería, dijo que las normas del año pasado reducirían la producción minera y acabarían con varios puestos de trabajo en las comunidades rurales.
Los activistas respondieron que la opinión pública favorece reglas ambientales severas.
Antes de que Norton presentara la nueva política a fines del mes pasado, la ofcina de Gestión Territorial del Departamento del Interior recibió 49.000 comentarios de la población sobre las nuevas reglas, 47.000 de los cuales urgieron a la secretaria a mantener normas severas ante la minería.
Según la Agencia de Protección Ambiental del gobierno, la industria minera es una de las primeras causas de contaminación de cursos de agua en Estados Unidos.
La minería contaminó 40 por ciento de los cursos de agua en el oeste del país, de acuerdo con el Centro de Política Mineral.
Activistas y funcionarios del gobierno estiman que la limpieza de la contaminación costará entre 32.000 y 72.000 millones de dólares.
Los defensores de la naturaleza arguyeron que las regulaciones dispuestas por el gobierno de Clinton impedían la actividad de minas de alta contaminación, y señalaron el caso de la mina Zortman-Landusky, en Montana.
Esa explotación es propiedad de una empresa subsidiaria de Pegasus Gold. Varias filtraciones y derrames accidentales ocurrieron desde el inicio de sus operaciones en 1979.
La Agencia de Protección Ambiental y dos tribus indígenas demandaron a la empresa por contaminar arroyos y cursos subterráneos con cianuro y por problemas de derrame de ácidos a causa de la extracción de oro.
En 1996, las partes llegaron a un acuerdo por 37,5 millones de dólares.
Las nuevas reglas de minería de Norton dan luz verde a una polémica propuesta de minería de oro en Yarnell, Arizona. La mina de Yarnell, indicaron los críticos, determinará el reasentamiento de los pobladores lcoales, contaminará con cianuro una fuente de agua subterránea y derrumbará una pequeña montaña.
Don Newhouse, habitante de Yarnell y miembro de la organización Guardianes del Medio Rural, advirtió que la mina devastará la localidad de Yarnell.
«Las esperanzas de una mejor protección ambiental son destruidas por el presidente (George W.) Bush», afirmó Newhouse en marzo, durante una vista a Washington.
Las organizaciones ambientalistas se opusieron a la designación de Norton, a la que acusaron de trabajar contra las normas de protección y para reducir la responsabilidad de las compañías privadas.
Como procuradora general del estado de Colorado, su cargo anterior, Norton propuso que la minería, la tala de árboles y las industrias petroleras se regulen a sí mismas. Además, respaldó la ley de autoauditoría de Colorado, que exonera de sanciones a empresas contaminantes que se presenten a la justicia para reconocer los daños causados.
Gene Karpinski, director ejecutivo del Public Interest Research Group, dijo que la ley de autoauditoría «ha sido un fracaso, que obligó a la Agencia de Protección Ambiental a intervernir, «porque el estado (de Colorado) se negó a aplicar las sanciones correspondientes a las infracciones ambientales». (FIN/IPS/tra- en/dk/aa/lp-ff/en/01
