Organizaciones ambientalistas internacionales renovaron la campaña contra la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados de Ecuador, un proyecto que, según asegura el grupo Amazon Watch, infringe políticas ambientales del Banco Mundial.
Más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) ecologistas ecuatorianas e internacionales, entre ellas Greenpeace y Amigos de la Tierra, reclamaron la inmediata suspensión de los desembolsos al banco alemán Westdeutsche Landesbank, que encabeza el consorcio encargado de aportar 900 millones de dólares a la obra.
De acuerdo con un estudio de Amazon Watch, una ONG radicada en California, Estados Unidos, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) infringe siete normas ambientales que aplica el Banco Mundial para financiar proyectos de infraestructura.
«La construcción del oleoducto llegó a un punto crítico, si no se detiene de inmediato, provocará daños permanentes e irreversibles a ecosistemas únicos y especies amenazadas», afirmaron las organizaciones en una carta dirigida al Westdeutsche Landesbank.
El banco —cuyo paquete accionario pertenece en 42 por ciento al gobierno estadual de Renania del Norte-Westfalia— sostuvo como «exigencia indispensable» para su participación financiera «el total acatamiento a las estrictas normas ambientales del Banco Mundial», en un comunicado publicado el 20 de este mes.
Westdeutsche Landesbank nombró a un equipo de expertos ambientales independientes, que deben verificar si la obra se adapta a las políticas mencionadas, agrega el comunicado.
«Ante los hallazgos del informe (de Amazon Watch) y el pronunciamento del Westdeutsche Landesbank, instamos al banco y al parlamento (estadual) de Renania del Norte-Westfalia que suspendan los préstamos al OCP», dijo Atossa Soltani, de Amazon Watch.
«No conocemos ese estudio y en primer lugar debemos revisarlo. Estamos examinando estrechamente el proyecto», explicaron el miércoles a IPS ejecutivos del banco alemán, desde su sede central de la ciudad alemana de Düsseldorf.
Esta semana, el comité del parlamento estadual de Renania del Norte-Westfalia sobre asuntos de desarrollo internacional inició audiencias para analizar las condiciones del proyecto y el informe de Amazon Watch.
Parlamentarios estaduales del Partido Verde y el propio ministro de Medio Ambiente de Renania del Norte-Westfalia, Baerbel Hoehn, se han manifestado en contra de la participación del banco en el proyecto.
De acuerdo con el informe de 11 páginas escrito por Patricia B. Caffrey para Amazon Watch, el estudio de impacto ambiental de la obra subestimó el valor de conservación de las áreas naturales afectadas y no otorgó suficiente consideración al efecto de los flujos ascendentes y descendentes del oleoducto.
Además, el estudio de impacto ambiental no contiene el análisis de proyectos alternativos ni suministra comparaciones económicas de alternativas consideradas, según Caffrey.
Tampoco consigna medidas para amortiguar el potencial daño a la biodiversidad, y el consorcio constructor no previó fondos para promover actividades locales de conservación, lo cual infringe la política de hábitat natural del Banco Mundial.
Por otra parte, la consulta a las comunidades locales fue «deficiente» y muy lejos de lo requerido por la agencia financiera multilateral.
El oleoducto despertó polémicas en Ecuador desde su concepción. El proyecto prevé un trayecto de 500 kilómetros desde la Amazonia, en el oriente, hasta el oceáno Pacífico, atravesando varios territorios indígenas y áreas protegidas.
Una de esas zonas es la Reserva Selvática de Mindo Namibillo, una de los santuarios de aves más importantes del mundo.
El gobierno de Gustavo Noboa considera que la obra, con un costo de 1.100 millones de dólares, es esencial para impulsar la deprimida economía nacional, pues permitirá duplicar la producción y exportación de petróleo pesado a través de los puertos del Pacífico.
Pero los costos para las culturas indígenas y las reservas ecológicas serán demasiado elevados, señalan los críticos.
Los eventuales derrames perjudicarán el ecoturismo y las tareas de construcción ocasionarán enfrentamientos con las comunidades indígenas y significarán una presión insoportable para los frágiles ecosistemas selváticos, arguyen.
En algunas zonas sensibles ya se han iniciado labores de limpieza del terreno y de construcción de carreteras.
Organizaciones indígenas y diversos sectores políticos llevaron a cabo manifestaciones y bloqueo de caminos y recurrieron a la justicia para detener la obra.
Pero el gobierno y los principales inversores —la compañía canadiense Alberta Energy, la española Repsol-YPF y las estadounidenses Occidental Petroleum y Kerr-McGee— reiteraron que seguirán adelante.
«El oleoducto se construirá y eso es definitivo. No permitiré que el país se arruine (sólo por) un puñado de idiotas», dijo Noboa en mayo, luego que su propio ministro de Ambiente criticara públicamente el proyecto. (FIN/IPS/tra-eng/jl/dc/en dv/01
