La larga batalla de organizaciones ambientalistas e indígenas de Chile contra la central hidroeléctrica Ralco no ha terminado, pese a un fallo de la justicia que aparentemente favoreció a la empresa española Endesa, dueña del proyecto.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el miércoles tres recursos que pedían la suspensión de las obras de la central, pero en sus consideraciones de fondo acogió argumentos de los demandantes, señalaron este viernes los abogados que hicieron las presentaciones.
Matías Coll, representante de las ancianas hermanas pehuenches Nicolasa y Berta Quintremán, destacó que lo fundamental del fallo del tribunal es la obligación que impone a Endesa de respetar la Ley de los Pueblos Indígenas, de 1994.
El litigio por Ralco, que comenzó a mediados de la década del 90, plantea un conflicto hasta ahora no resuelto entre las legislaciones sobre inversión, desarrollo energético, defensa del ambiente y protección de las minorías étnicas.
El problema cobró carácter internacional en 1999, cuando la compañía Endesa de España tomó el control del consorcio Enersis, propietario a su vez de Endesa-Chile, empresa dueña del proyecto de Ralco.
La central, cuya construcción está avanzada en alrededor de 50 por ciento, se sitúa unos 500 kilómetros al sur de Santiago, en el curso del río Bíobio, el más importante de la zona central de Chile, en la cordillera de los Andes.
Ralco es la mayor central proyectada en este país, con un potencial de producción de 570 megavatios, que aumentaría 18 por ciento la actual oferta de electricidad.
El embalse que se construye para la hidroeléctrica interrumpirá el curso superior del Bíobio con un muro de 155 metros de altura y una capacidad de almacenamiento de 1.222 millones de metros cúbicos de agua.
La represa inundará 3.467 hectáreas de tierras, la mayoría habitadas por un centenar de familias pehuenches, rama de la etnia mapuche que se caracteriza por habitar territorios cordilleranos.
Según su diseño original, Ralco debe iniciar operaciones en 2003, pero es muy probable que esa fecha se postergue a raíz de los conflictos legales.
Unas 20 familias pehuenches, encabezadas por las hermanas Quintremán, se han negado a negociar con Endesa la permuta de sus tierras ancestrales por terrenos en otra hacienda de la zona y abandonar así el sector que será inundado por el embalse.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda de paralizar las obras de Ralco, bajo el argumento de que la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) dio su aprobación a la construcción de la central.
No obstante, el tribunal puntualizó que Endesa debe respetar rigurosamente la legislación indígena en sus gestiones para trasladar a los residentes en el área de la represa.
Esto significa que ni la empresa ni las autoridades de gobierno podrían desalojar por la fuerza a familias pehuenches que se nieguen a dejar sus actuales viviendas y terrenos, y que la central no podrá operar aun si queda un solo indígena en el sector, dijo Coll.
Según la ley, las tierras indígenas «no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas, salvo entre comunidades o personas indígenas de la misma etnia», aunque admite la posibilidad de que una comunidad en su conjunto acepte permutar sus terrenos.
Coll puntualizó que, en términos prácticos, Endesa no podrá inundar las tierras pehuenches aun cuando esté terminado el muro de la represa, en tanto algunas familias indígenas no acepten las permutas de sus tierras ni su relocalización.
También se presentó ante la Corte de Apelaciones un recurso de una propietaria no indígena, cuyas tierras serán también inundadas y que solicitó la expropiación por parte del Estado para que se le indemnice adecuadamente.
Los diputados Arturo Longton y Alejandro Navarro, de la llamada «bancada verde», denunciaron ante la corte que Endesa trasgredió la Ley de Aguas en la intervención del cauce del río Bíobio, pero su presentación fue rechazada por el tribunal.
En lo que respecta a los tres recursos, los demandantes tienen plazo para apelar hasta el día 27 y pueden posteriormente elevar la causa ante la Corte Suprema.
Todo indica así que el emblemático conflicto por Ralco seguirá abierto por lo menos hasta los primeros meses de 2002.
La batalla judicial no se da solo en Chile, sino que también está pendiente en España una demanda por genocidio contra Endesa, presentada por abogados de las hermanas Quintremán y de otras familias pehuenches.
La polémica central es también rechazada por los grupos ambientalistas por su impacto ecológico, tanto en el ecosistema del alto Bíobio, como por sus consecuencias en todo el trayecto de esta corriente fluvial, que involucra a la ciudad de Concepción, la tercera en importancia del país. (FIN/IPS/ggr/mj/en/01
