Alemania está dispuesta a abrir sus fronteras a la inmigración controlada, ante la necesidad de contar con más trabajadores calificados y a pesar de los temores públicos tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.
La población alemana envejece rápidamente, con lo cual la base de contribuyentes disminuye, y las autoridades creen que la economía puede perder competitividad si en el plazo de dos años no se resuelve la falta de mano de obra cualificada.
Un proyecto que puede convertirse en la primera ley de inmigración de la historia alemana fue aprobado en la primera semana de este mes por el gabinete del canciller (jefe de gobierno) Gerhard Schroeder. Ahora recorre un difícil tránsito en el parlamento.
El proyecto debía llegar al parlamento en septiembre, pero fue pospuesto tras los ataques terroristas de septiembre en Nueva York y Washington.
La opinión pública alemana reaccionó con inquietud cuando supo que terroristas como Mohamed Atta, identificado por Washington como el piloto de uno de los aviones lanzados contra el World Trade Center de Nueva York, vivió tranquilamente durante años en la septentrional ciudad de Hamburgo esperando el momento de la acción.
Alemania alberga a tres millones de inmigrantes musulmanes, la mayor minoría islámica en Europa occidental. La mayoría proceden de Turquía.
Aunque el aumento de la inmigración parezca políticamente inoportuno, es «ineludible desde el punto de vista económico», aseguró el Instituto para el Futuro del Trabajo, de Bonn.
Schroeder también intentó recordar al público el motivo del proyecto de ley en curso. Este mes, el gobierno renovó la «tarjeta verde» que permite el ingreso al país de expertos en informática.
Unos 10.000 permisos de radicación fueron concedidos desde que el régimen de la tarjeta verde se puso en marcha, en agosto de 2000, y cada tarjeta entregada ha creado 2,5 puestos de trabajo, según la agencia nacional de empleo.
Pero las tarjetas verdes por sí solas no bastan, ya que «el país necesita soluciones de largo plazo para enfrentar el desafío de la reducción demográfica», advirtió el diario Frankfurter Allgemeine.
Fuentes del gobernante Partido Socialdemócrata (SPD) creen que la oposición conservadora utilizará la inmigración como un arma contra la administración de Schroeder.
En un intento por suavizar el impacto del proyecto de ley de inmigración, que debe ser aprobado por la cámara alta, donde la oposición es mayoría, Schroeder impulsó un nuevo plan de seguridad interna.
La iniciativa contempla severas penas para innmigrantes que abusen de sus derechos en materia religiosa para planificar o llevar a cabo acciones terroristas u otros delitos en territorio alemán.
Fuentes del SPD indicaron que ambos proyectos buscan dar el mensaje de que aunque se necesitan más extranjeros, el gobierno está dispuesto a vigilarlos.
Las enmiendas a la Ley de Extranjería aprobadas la semana pasada permiten a Alemania negar la entrada y residencia a extranjeros que «amenacen la seguridad nacional» o el «orden constitucional», cometan delitos de violencia o pertenezcan a grupos que respalden el terrorismo internacional.
Schroeder enfrenta un nuevo problema como resultado de su decisión de la semana pasada de enviar apoyo militar a Afganistán, y tuvo que contener a sus socios en la coalición, el pacifista Partido Verde, que amenaza dejar el gobierno a causa de la prevista intervención en la guerra.
En cambio, los verdes respaldan el proyecto de ley sobre inmigración, que el jefe de gobierno desea ver aprobado antes del comienzo de la campaña electoral en 2002.
La inmigración fue en otras ocasiones un asunto electoral espinoso, con manifestaciones de xenofobia y la reacción de grupos neonazis.
Si el proyecto de ley no es aprobado rápidamente, la inmigración quedaría fuera de la agenda política hasta 2003. (FIN/IPS/tra-en/ys/mn/lp-ff/pr/01
