El gobierno pos-Talibán debe ser una coalición de base amplia que represente a las múltiples etnias y grupos religiosos de Afganistán, advirtió Siria, reflejando una preocupación común a varios países musulmanes.
La Alianza del Norte, que luchaba contra Talibán desde que este grupo fundamentalista islámico tomó el poder en 1996, ocupó esta semana la capital Kabul y otras ciudades.
El control de Talibán se limita ahora a algunas zonas del sur, donde se presume está oculto el saudí Osama bin Laden, principal sospechoso de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Las conquistas de la Alianza del Norte se deben en gran parte a la campaña de bombardeos contra objetivos de Talibán lanzada el 7 de octubre por Washington, en el marco de una «guerra contra el terrorismo».
«El resultado de esta guerra no resulta sorprendente, dado que sus partes son el país más poderoso del mundo y el más pobre, azotado por sus propias guerras internas», declaró en Damasco el vicepresidente de Siria, Abdulhalim Jaddam, a un grupo de periodistas árabes.
Los periodistas asistieron a un acto de conmemoración de la revolución que hace 31 años llevó al poder al difunto presidente Hafez Al-Assad.
Tras la muerte de Hafez, su hijo Bashar le sucedió en la presidencia en julio de 2000.
La instalación en Afganistán de un gobierno de la Alianza del Norte que excluya a otras facciones reduciría la posibilidad de restaurar la paz en ese país devastado por 20 años de guerra, advirtió Jaddam.
Además, polarizaría al mundo musulmán, agregando un nuevo obstáculo a la coalición contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos, agregó.
El vicepresidente también criticó la resolución 1373 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el terrorismo, a la que consideró «una ley internacional sin precedentes» que limita la soberanía de todos los países.
La resolución penaliza la financiación de organizaciones terroristas, ordena congelar todos sus activos y prohíbe «todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a personas involucradas en actos de terrorismo.
También obliga a los países miembros a «llevar ante la justicia a cualquier persona que participe de la planificación, financiación o ejecución de actos terroristas», y ordena reprimir el movimiento transfronterizo de individuos o grupos terroristas, entre otras medidas.
La nueva resolución «ofrece a Israel la posibilidad de atacar a cualquier estado árabe bajo el pretexto de combatir el terrorismo», dijo Jaddam.
Así mismo, exhortó a todos los países árabes a promover otra interpretación de la resolución y distinguir claramente entre terrorismo y resistencia legítima a la ocupación israelí de territorios árabes.
Jaddam lamentó que Washington considere terroristas a organizaciones militantes palestinas y al grupo chiíta Hizbolá, fundado para liberar al sur de Líbano de la ocupación israelí, en 1982.
Además, destacó el total rechazo de Damasco a la demanda de Washington de «congelar los activos de los grupos árabes de resistencia».
Trascendió que el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, pidió en Nueva York a su par sirio Farouk Al-Sharaa, al margen de una sesión de la Asamblea General de la ONU, que Damasco use su influencia sobre Hizbolá para reducir el conflicto con Israel. Siria rechazó el pedido.
Según Jaddam, la decisión del presidente estadounidense George W. Bush de reprimir organizaciones árabes está más dirigida a apaciguar a los grupos de presión judíos de Estados Unidos que a neutralizar a grupos terroristas con alcance mundial.
Si las amenazas de Washington de atacar a Siria se concretan, Damasco «se defenderá», advirtió el vicepresidente, pero no brindó detalles.
El aislamiento de Siria pondría en riesgo el apoyo árabe a la campaña antiterrorista y alentaría el sentimiento antiestadounidense, en especial porque Hizbolá se ha convertido en un símbolo de la resistencia islámica contra Israel, advirtieron diplomáticos. (FIN/IPS/tra-en/gb/mn/mlm/ip/01
