La industria mundial del chocolate aceptó un plan para eliminar en cuatro años el trabajo infantil en condiciones de esclavitud en el cultivo de cacao, tras meses de negociaciones con Costa de Marfil, la OIT y funcionarios estadounidenses.
La Asociación de Productores de Chocolate y la Fundación Mundial de la Cacao representaron a la industria en la negociación, en las que también tuvieron de contrapartida a organizaciones no gubernamentales (ONG).
El proceso fue supervisado por los legisladores estadounidenses Tom Harkin y Eliot Engel, quienes habían impulsado normas para prohibir la venta en el país de chocolate derivado del trabajo de niñas y niños esclavos.
Esa situación es especialmente señalada en Africa Occidental, la principal región productora de cacao, y en Costa de Marfil, el mayor productor mundial.
El acuerdo compromete a la industria del chocolate a trabajar con la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y ONG para identificar y eliminar formas abusivas de uso de trabajadores infantiles en el cultivo y procesamiento del cacao.
También fija una serie de plazos para implementar un sistema de supervisión y certificación, a fin de asegurar a los consumidores estadounidenses de chocolate que los productos que compren no deriven del uso de esclavos infantiles.
«Este histórico acuerdo conducirá al primer sistema mundial de certificación y publicidad confiables para evitar las peores formas de trabajo infantil en los sectores agrícola y de procesamiento de alimentos, desde el árbol de cacao hasta el almacén», enfatizó Harkin.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó en un informe publicado en 1998 que el tráfico internacional de trabajadores infantiles, reclutados en especial en áreas rurales de los países más pobres de Africa Occidental, afectaba cada año a unos 200.000 niños y niñas.
Entre los países de origen mencionados en ese informe estuvieron Burkina Faso, Benin, Mali y Togo.
En aquel momento, el Departamento de Estado estadounidense calculó unos 15.000, de nuev a 12 años de edad, eran obligados a trabajar en plantaciones de cacao, café y algodón en la región septentrional de Costa de Marfil.
El público prestó poca atención a esos datos hasta comienzos de este año, cuando medios de comunicación estadounidenses y británicos produjeron una serie de informes sobre los padecimientos de los esclavos infantiles.
Engel y Harkin, alarmados por esos informes, impulsaron la aprobación de una ley federal que condicionara la venta en el país de productos con chocolate a que lucieran una etiqueta para garantizar que no derivaban del trabajo de esclavos infantiles.
Esa norma fue aprobada en julio en en la Cámara de Representantes, por 291 votos contra 115, y parecía seguro que obtuviera una mayoría similar en el Senado, cuando la industria del chocolate, tras oponerse con firmeza a la iniciativa, aceptó negociar para resolver la cuestión sin necesidad de una ley.
Participaron en la negociación la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y las ONG Liga Nacional de Consumidores, Coalición contra el Trabajo Infantil y Liberen a los Esclavos, filial de Antiesclavitud Internacional, con sede en Londres.
El acuerdo, llamado Protocolo Harkin-Engel, prevé la creación de un grupo asesor para investigar prácticas de trabajo infantil en Africa Occidental, así como el compromiso de las compañías de solucionar el problema e «identificar alternativas positivas de desarrollo» para la infancia afectada.
La implementación de un sistema de supervisión independiente e información al público comenzará en mayo.
Las compañías formarán y financiarán una fundación internacional, dirigida por representantes de la industria y de ONG, «para supervisar y sostener los esfuerzos que buscan eliminar las peores formas del trabajo infantil en el cultivo y procesamiento de granos de cacao y de sus productos derivados».
El 1 de julio de 2005, las firmas y las ONG, junto con otras instituciones, deberán haber definido «estándares de certificación creíbles, aceptables por todas las partes, voluntarios y que abraquen a toda la industria».
Esos compromisos «son pasos importantes en el combate contra el crimen» de la esclavitud infantil, dijo el presidente de la Asociación de Productores de Chocolate, Larry Graham.
Engel señaló que él y Harkin seguirán involucrados en forma activa en el proceso, y advirtió que si los objetivos fijados no se cumplen, retomarán el proyecto de ley que impulsaron.
El director de Liberen a los Esclavos, Kevin Bales, elogió el acuerdo y dijo que el modelo de cooperación que implica debería ser imitado.
«Estaríamos mucho más cerca de la libertad para los 27 millones de personas obligadas a la servidumbre en el mundo, si otras compañías actuaran con la misma responsabilidad social y moral», opinó.
Al comienzo, la industria del chocolate negó tener conocimiento de casos de esclavitd infantil u otras formas de abuso en Costa de Marfil u otros países productores de cacao, e insistió en que no podía hacerse responsable de prácticas en pequeñas granjas, muy lejos de las sedes de las compañías.
Muchas firmas emplean intermediarios para adquirir cacao, y sus responsables rara vez viajan a los países productores.
El gobierno de Costa de Marfil sostuvo que los abusos sólo se producían en una parte relativamente pequeña de la región septentrional del país, y aseguró haber arrestado a una docena de trafiocantes de niños y repatriado a sus víctimas.
En la actualidad, la Agencia para el Desarrollo Internacional, de Estados Unidos, lleva a cabo investigaciones en varios países productores de cacao de Africa Occidental, para establecer la extensión de esas prácticas.
Costa de Marfil es responsable de 43 por ciento de la producción mundial de granos de cacao, y sus exportaciones en ese rubro son un producen un tercio de los ingresos del país por ventas a otras naciones.
Casi todo el chocolate vendido cada año en Estados Unidos, por valor de unos 13.000 millones de dólares, deriva por lo menos en parte de granos de Costa de Marfil.
Acciones de boicot en Estados Unidos podrían tener consecuencias catastróficas para Abidjan.
El embajador de Costa de Marfil en Washington, Youssoufou Bamba, sostuvo que el acuerdo «es un complemento» de los esfuerzos de su gobierno «para poner fin a los abusos en las granjas, sin afectar a miles de granjas familiares que no aplican esas deplorables prácticas». (FIN/IPS/tra-eng/jl/mp/lb hd/01
