Las autoridades sanitarias de Venezuela apelaron a las organizaciones no gubernamentales para desarrollar un amplio plan de prevención del VIH y en defensa de los derechos humanos de las personas contagiadas de sida.
El gobierno de Hugo Chávez destinó casi un millón de dólares para ejecutar la primera etapa del programa, que va de agosto a marzo y en la que participan 34 entidades de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen larga trayectoria en la materia.
«En Venezuela tenemos una gran fortaleza en los grupos no gubernamentales que trabajan con afectados de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), y queremos aprovechar esa experiencia», comentó Deisy Matos, directora del Programa Nacional del Sida.
Matos explicó que convocaron a esas organizaciones «porque entendemos que todos tenemos responsabilidades» en la lucha contra el VIH, causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Añadió que con esta primera experiencia de cogestión en el área de salud se pretende transmitir un mensaje de mayor credibilidad, pues varias entidades no oficiales tienen una mayor incidencia social, en especial con los grupos afectados.
Las autoridades tuvieron en cuenta para la selección de las organizaciones no gubernamentales a aquellas que trabajan con los grupos de mayor riesgo, como los de hombres que tienen sexo con hombres, las prostitutas, los reclusos y los adolescentes fuera del sistema escolar.
«Es una gran iniciativa, que debía haberse iniciado antes. Tiene que ser así, el Estado debe comprender que tiene que trabajar con la sociedad civil organizada», comentó a IPS la directora ejecutiva de Acción Ciudadana contra el Sida (ACSI), Renate Koch.
ACSI es una de las organizaciones más reconocidas en el país y que ha acompañado los procesos judiciales de personas afectadas de sida cuyos derechos básicos fueron violentados.
«Los grupos sociales organizados tienen el contacto directo con la gente afectada, además de que el gobierno no puede afrontar solo un problema de tanta envergadura como es el sida en Venezuela», aseveró Koch.
El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida señala que existen más de 61.000 venezolanos infectados con el VIH y al menos 3.000 necesitan tratamiento médico.
Pero las propias autoridades sanitarias admiten la existencia de un «subregistro», lo cual quiere decir que es mucho mayor el problema.
El Ministerio de Sanidad tenía censados a fines del año pasado 1.700 pacientes, pero sólo tenía capacidad de dar atención a 17 por ciento de ellos.
También en 2000, con apoyo oficial y después de varias demandas judiciales, se logró eliminar la realización de exámenes sin consentimiento de las personas por parte de empresas a la hora de seleccionar personal.
Además, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en 1999 a favor de afectados con el VIH, con asesoría legal de ACSI, el cual determinó que el Estado debía garantizarle los medicamentos necesarios contra la enfermedad.
Sin embargo, las autoridades sanitarias venezolanas sólo tienen capacidad para atender una cantidad reducida de personas, debido a limitaciones presupuestarias.
Por otra parte, el plan iniciado en agosto pone énfasis en la prevención, pues las autoridades y las organizaciones no gubernamentales han coincidido en que esa tarea no ha recibido suficiente empuje hasta ahora.
Koch apuntó que algunos de los proyectos en marcha, a los cuales ACSI ha sumado su esfuerzo, contienen talleres de capacitación de «consejeros», que permiten divulgar más información en distintos niveles y que involucra a los afectados para que transmitan un mensaje preventivo.
Al mismo tiempo se apoya a la Red Venezolana de Gente Positiva, en la edición de un boletín informativo para poner en contacto a los afectados y a las distintas organizaciones que luchan contra el sida.
La directora ejecutiva de ACSI recalcó que el plan nacional contra el sida debe contemplar tanto la previsión como la asistencia a los enfermos, cuyos derechos humanos fundamentales deben ser amparados de manera especial.
En tanto, una de las próximas tareas de prevención que encarará la oficina oficial a cargo de Matos estará dirigida a la educación básica, con un programa de capacitación a los maestros.
«Este es un asunto que está en el currículo desde hace años, pero los maestros no lo han desarrollado porque no cuentan con las herramientas necesarias. Estamos diseñando un material para las escuelas», precisó Matos, (FIN/IPS/ac/dm/he/01
