Rusia fomenta la repatriación de millones de personas de origen étnico ruso de las repúblicas ex soviéticas y ese programa podría provocar una inmigración descontrolada, si se agrava el conflicto en Afganistán.
«Esto podría convertirse en un desastre humanitario si muchos rusohablantes piden asilo en Rusia», advirtió este miércoles Andrei Nikolayev, presidente del comité de seguridad de la Duma, la cámara baja del parlamento.
El ataque de Estados Unidos contra Afganistán, iniciado el 7 de este mes, «puede generar un enorme movimiento de refugiados. Hasta cinco millones de afganos podrían huir a Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán», dijo Nikolayev a la agencia de noticias Interfax.
No obstante, Moscú está «interesado en la repatriación de los rusos que viven en el exterior», afirmó el presidente Vladimir Putin, quien ordenó el lunes la disolución del Ministerio de Migración y el traspaso de sus funciones al Ministerio del Interior, para mejorar la situación de esos repatriados.
Putin prometió defender los derechos y la herencia cultural de millones de rusos que se encontraron repentinamente fuera de su país tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, en un discurso ante el Congreso de Compatriotas realizado en Moscú la semana pasada.
Putin reconoció que Rusia «hizo poco para ayudar» en la última década a los rusohablantes radicados en el exterior. «Ningún obstáculo debería impedirnos sentir que somos un único pueblo», agregó.
El congreso reunió a 600 representantes de comunidades rusas de 47 países, estimadas en 25 millones de personas.
«Nuestra gente debe tener los mismos derechos que los ciudadanos de los países donde viven», afirmó Putin en referencia a las denuncias de discriminación contra escuelas y medios de prensa en lengua rusa en otras repúblicas ex soviéticas.
Millones de rusos se convirtieron en extranjeros de la noche a la mañana en 1991 en Asia central, afirmó Viktor Mijailov, presidente del Movimiento Eslavo de Uzbekistán.
«Es triste que las embajadas rusas en las capitales de los países de esa región nos consideren iguales que a los mongoles, chinos o angoleños en los trámites para solicitar la visa o la ciudadanía», sostuvo al canal 6 de la televisión rusa.
Los rusos repatriados esperan años para obtener la ciudadanía y durante ese período no logran acceder a empleos dignos.
El presidente de la Duma, Guennady Seleznyiov, prometió reformar la ley de ciudadanía antes de fin de año para facilitar la naturalización de aquellos rusos que retornen al país.
Dimitry Rogozin, presidente del comité de relaciones internacionales de la Duma, también pidió que se faciliten esos trámites y propuso crear una organización internacional para defender los derechos de las minorías rusas en el exterior.
«Este congreso fue pensado para ocultar la incapacidad de los gobernantes para ayudar a nuestros compatriotas que viven fuera del país», protestó el líder del Partido Liberal Demócrata, el ultraderechista Vladimir Zhirinovsky.
Pero hubo otras declaraciones fuertes. «Rusia debería revisar sus relaciones con los estados que discriminan a los rusos», afirmó el alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov.
El funcionario calificó de «apartheid ilegal» las políticas de los estados bálticos de Estonia y Letonia con las minorías rusas, y arremetió igualmente contra la «discriminación de la lengua» rusa en Ucrania.
El alcalde había reclamado en 1998 un boicot comercial contra Letonia, país que obtiene 20 por ciento de su producto interno bruto del cobro de derechos de tránsito del petróleo y otros bienes rusos.
Según la nueva legislación de Letonia, es obligatorio el uso del letón en la función pública y en las empresas, incluso cuando en ellas sólo participen hablantes de ruso. Para Moscú, esa legislación discrimina a la minoría rusa, que constituye 40 por ciento de la población de 2,5 millones de habitantes.
La mayoría de los rusos se trasladaron a Letonia durante la era soviética y hablan poco o nada de letón. Ahora aseguran que la nueva ley perjudicará sus actividades comerciales y profundizará las tensiones con la población local.
El gobierno de Riga dio marcha atrás en 1999 con respecto de la aprobación de otra ley sobre la lengua, que fue considerada por Rusia y por la Unión Europea como discriminatoria. Pero la situación de la comunidad rusa sigue siendo un elemento de irritación en las relaciones con Moscú.
También preocupan al Kremlin los derechos de casi medio millón de rusos en Estonia. Para Moscú, las relaciones entre ambos países no mejorarán hasta que no se resuelva el derecho a la ciudadanía de más de 300.000 personas de origen ruso en ese país.
Así mismo, casi un cuarto de los 50 millones de habitantes de Ucrania consideran al ruso como su lengua madre, pero las autoridades ucranianas intentan limitar la cantidad de escuelas y medios de prensa en ese idioma.
El viceprimer ministro Viktor Khristenko propuso crear una agencia que se ocupe de la situación de las comunidades de origen ruso en el resto del mundo y pidió al sector empresarial que contribuya a construir vínculos con ellas.
«La diáspora rusa tiene un potencial económico y político considerable», afirmó.
El gobierno destinará este año 3,3 millones de dólares para asistir a los residentes en el exterior, en especial a los que viven en estados ex soviéticos.(FIN/IPS/tra-en/sb/mn/dc/aq/pr/01
