El gobierno de Australia, cuya popularidad aumentó gracias a su dura respuesta a la crisis de los refugiados afganos, decidió aumentar aún más las restricciones al ingreso de extranjeros, para mejorar su suerte en las próximas elecciones.
Si bien las políticas del primer ministro John Howard provocaron críticas de la comunidad internacional y de activistas locales, le produjeron buenos réditos electorales.
Howard atrajo con sus políticas contra la inmigración a partidarios del derechista partido One Nation y del conservador Partido Laborista Opositor.
Aunque un tercio de los australianos nacieron en el exterior o son hijos de extranjeros, las medidas contra los solicitantes de asilo son aceptadas por algunos inmigrantes recientes que esperaron con paciencia el procesamiento de sus solicitudes formales.
La popularidad del gobierno aumentó notablemente desde que impidió, pese a la presión internacional, la entrada al país de 433 solicitantes de asilo afganos que llegaron a costas australianas a bordo de un buque noruego que los había rescatado en alta mar el 26 de agosto.
Las últimas encuestas de opinión sugieren que Howard, quien hace apenas unos pocos meses parecía destinado a la derrota, ganará cómodamente los comicios.
El Partido Laborista Opositor, al principio contrario a la expulsión de los afganos, finalmente respaldó a Howard luego de sufrir una caída de popularidad.
La reacción de buena parte de la ciudadanía fue inusualmente hostil ante los afganos.
«Expúlsenlos y mátenlos», dijo un participante de un programa de radio de la región industrial de Illawarra. «Australia ha sido un vertedero de inmigrantes ilegales», dijo otro.
«Todo este lío sobre los ilegales debe terminar. ¿Qué derecho tiene esa gente a venir a Australia?», se preguntó un oyente.
Estimulado por su ascenso meteórico en las encuestas, el gobierno hizo aprobar la semana pasada seis enmiendas a las leyes sobre migración para restringir los derechos de los solicitantes de asilo.
Una de las enmiendas permite la devolución de buques con solicitantes de asilo a aguas internacionales y la transferencia de esas personas a centros de detención en Naurú y otras islas del Pacífico.
Otra excluye de las leyes sobre migración el arrecife Ashmore y las islas Christmas y Cocos, donde suelen desembarcar solicitantes de asilo. En consecuencia, los extranjeros llegados allí no podrán solicitar la residencia permanente.
El gobierno rechazó incluso un pedido de la gubernamental Comisión sobre Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades para postergar la aprobación de las reformas legislativas.
«Me preocupa que la limitación de la definición de refugiados propuesta en esta ley perjudique a personas que están realmente perseguidas», expresó la presidenta de la Comisión, Alice Tay.
William Maley, portavoz del Consejo de Refugiados de Australia, consideró las reformas «represoras y abominables».
«Es preocupante que un público desinformado haya intimidado de tal manera a los grandes partidos que éstos hayan decidido tomar este camino tan particular», dijo.
«Este tipo de leyes sienta precedentes para otros países que quizá no ofrezcan las garantías que tradicionalmente Australia ha ofrecido», advirtió Ellen Hansen, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
«Es muy difícil hacer que países como Pakistán e Irán mantengan sus fronteras abiertas (a los refugiados de Afganistán) cuando no se puede lograr que lo haga Australia, que tiene muchos menos problemas», dijo a la prensa. (FIN/IPS/tra-en/bb/js/mlm/hd-pr/01
