La red de corrupción descubierta en Perú desató en la mayoría parlamentaria un frenesí de investigaciones que tiende a convertirse en caza de brujas e impide al Congreso buscar soluciones a los problemas económicos y sociales, según expertos y legisladores de la oposición.
«La opinión pública aprueba la investigación de la corrupción, pero comienza a fatigarse del circo de comisiones legislativas con ese fin y quiere que los parlamentarios asuman sus funciones para salir de la crisis económica», dijo Alfredo Torres, analista de la empresa de encuestas Apoyo.
A su vez, Jaime Althaus, conductor de un programa político de televisión, comentó que, al parecer, «en el parlamento existe una propensión a la acusación excesiva e indiscriminada, que tiende a no distinguir entre culpables e inocentes, ni a diferenciar grados de responsabilidad».
Los jueces que investigan la red delictiva montada por el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos pueden estar actuando presionados, «no necesariamente por una autoridad en particular, sino por una corriente política», acotó, en referencia a sectores que lucharon contra el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Un artículo publicado en el diario El Comercio, de Lima, también coincide en que «el Congreso, cuya función es legislar y fiscalizar, ha recargado su tendencia hacia las investigaciones, lo cual ha terminado por reducir al mínimo la producción de leyes».
En el Congreso se han conformado 64 comisiones investigadoras, en las que participan 99 de los 120 legisladores, en muchas de las cuales se han exhibido vídeos grabados por Montesinos como prueba de distintos actos de corrupción en el que aparecen ex funcionarios del gobierno de Fujimori y ex legisladores.
Otros observadores, como el ex comentarista de televisión Jorge Morelli, señalan que «la mayor parte de los jueces corrompidos por Montesinos se mantienen en sus cargos y el actual Ministro de Justicia, Fernando Olivera, parece no estar dispuesto a desperdiciar la oportunidad de utilizarlos».
Por su parte, la legisladora fujimorista Martha Chávez, ex presidenta del Congreso, sostuvo que «Montesinos colabora con el gobierno de Toledo a cambio de reducir su pena, y entrega a Olivera los vídeos y documentos adecuados para la cacería de fujimoristas».
Pero no sólo los ex funcionarios fujimoristas y colaboradores y parientes de Montesinos dicen ser perseguidos por el gobierno de Alejandro Toledo, del partido Perú Posible.
El legislador del socialdemócrata partido Aprista César Zumaeta sostuvo que el ministro Olivera ejecuta maniobras judiciales para tratar de sacar del escenario político al líder del sector, Alan García, e impedir que se postule nuevamente a la presidencia en 2006.
«Olivera tiene ambiciones políticas y pocos escrúpulos. Ya fraguó pruebas en 1992 en Miami para acusar a García, pruebas cuya falsedad fue después descubierta», señaló Zumaeta.
En ese marco, el asilo pedido a Uruguay por Alberto Bustamante y por Carlos Boloña, ex ministros del depuesto presidente Fujimori, motivó una reunión informal de los embajadores de América Latina acreditados en Lima para examinar la situación en torno a las investigaciones de corrupción.
Fuentes diplomáticas informaron que los embajadores se reunieron luego con el primer ministro, Roberto Dañino, y con el titular de la cartera de Salud, Luis Solari, para conocer si esas investigaciones se realizaban por los carriles normales del sistema democrático.
Dañino y Solari aseguraron a los diplomáticos de la región que las actuaciones en torno a la red de corrupción liderada por Montesinos, el detenido asesor de seguridad de Fujimori, se realizan respetando las normas del debido proceso judicial.
La cancillería uruguaya, en base a esas garantías ofrecidas por las autoridades peruanas, comunicó a Bustamante y a Boloña el rechazo de su pedido, por entender que «no existen elementos de juicio para considerar necesario concederles asilo».
Al respecto, Dañino comentó que su país respeta «la institución del asilo», pero añadió que «no se debe permitir que este derecho se prostituya para proteger la impunidad de políticos acusados de corrupción».
El asilo, una institución jurídica que existe únicamente en América Latina, permite a los perseguidos políticos acogerse a la protección de una embajada.
El propio presidente Toledo salió al cruce de declaraciones de Boloña, Bustamante y de otros acusados de corrupción respecto de que son perseguidos.
«En Perú ya no hay perseguidos políticos, porque ahora existe independencia de poderes y no nos inmiscuimos en las investigaciones que realiza el Poder Judicial», afirmó Toledo.
El ex primer ministro Bustamante declaró que insistirá en sus gestiones de asilo, probablemente ante otro país, con el argumento de que es acusado a partir de «la tesis de que, aunque no hubiera participado personalmente en actos de corrupción, estaba obligado a conocerlas en virtud de su cargo de gobierno».
«Si se habla de la existencia de una mafia, hay que tomar en cuenta que el ejercicio de una mafia consiste en que sus actividades son conocidas únicamente por los mafiosos, y quienes estábamos fuera no teníamos porque conocerlas», recalcó.
Por su parte, Alberto Pandolfi, quien también ocupara el cargo de primer ministro en parte del gobierno de Fujimori, aseguró que no se asilará, pero manifestó estar preocupado porque enfrenta la acusación de traición a la patria.
El cargo que se le imputa es haber refrendado la autorización presidencial a los jefes militares para comprar armas durante la guerra con Ecuador, de 1995, por la centenaria disputa limítrofe, zanjada finalmente en los acuerdos de paz firmados por los dos países en 1998 en Brasilia.
«Fui un funcionario civil que no estaba en condiciones de calificar las condiciones técnicas ni financieras de una compra semejante, y estaba obligado a basarme en el informe de los expertos. Lo que ocurre es que se quiere acusar de traición a Fujimori y eso me arrastraría a mí», comentó Pandolfi.
Desde noviembre de 2000, cuando Fujimori fue destituido por el Congreso por «incapacidad moral para gobernar», han sido apresados cuatro ministros de ese gobierno.
Víctor Joy Way, Carlos Bergamino, César Saucedo y Víctor Malca son acusados por la justicia por la compra ilegal de armamento. Joy Way, además, aparece implicado en la importación irregular de medicinas chinas para hospitales públicos y de tener cuentas secretas en Suiza.
También están detenidos por presuntos actos de corrupción Blanca Nélida Colan, ex Fiscal de la Nación, Rómulo Muñoz, quien fuera presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cinco parlamentarios y 14 generales de las Fuerzas Armadas.
Fujimori se refugió en Japón en noviembre, cuando su enfrentamiento con Montesinos le hizo perder la mayoría parlamentaria, y desde entonces es reclamado por Perú.
Sin embargo, Tokio rechazó la petición debido a que las leyes impiden la extradición de ciudadanos japoneses, situación que ampara a Fujimori por contar con doble nacionalidad.
Además de Bustamante y Boloña, el resto de los ministros de Fujimori que ocuparon el cargo entre 1997 y 2000 y varios jueces de ese lapso son investigados por la justicia, algunos con prisión preventiva domiciliaria y otros impedidos de salir del país.
Todos están comprendidos en juicios por corrupción, que va desde el enriquecimiento indebido, abuso de autoridad y hasta asociación para cometer delitos electorales, entre otros cargos, en casos iniciados tras distintas investigaciones parlamentarias.
Montesinos, detenido en una prisión naval desde que fuera capturado en junio en Venezuela, parece ayudar en la investigación encarada por la justicia y el propio Ministerio de Justicia.
«Desde la prisión, Montesinos negocia diciendo lo que le piden quienes lo tienen en su poder, para así no ser acusado de lavado de dinero y narcotráfico, delitos penados con cadena perpetua, en tanto que por peculado y enriquecimiento ilícito sólo estaría algunos años preso», comentó el jurista Javier Valle Riestra.
En tanto la diputada Chávez dijo que «Olivera sigue hablando de corrupción fujimorista, pese a todas las cuentas bancarias descubiertas en el exterior y los actos de corrupción conocidos involucran únicamente a la red de Montesinos en las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y a algunos medios de comunicación».
«Al comienzo no lo entendí así y exhorté a Fujimori a que retornara a Perú para exponer ante el Poder Judicial su inocencia de los delitos de corrupción, pero es evidente ahora que sería una locura arriesgarse a regresar mientras subsista el histérico clima de persecución política», agregó. (FIN/IPS/al/dm/ip/01
