El debate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre terrorismo y medidas de represión acordadas por el Consejo de Seguridad demuestran la urgencia de una clara identificación conceptual del enemigo que se pretende combatir.
La Asamblea General comenzó esta semana su debate. Varios países se refirieron a la necesidad de la acción concertada bajo la autoridad de la ONU, a la luz de los ataques del mes pasado contra Estados Unidos, pero no hay consenso acerca de cómo proceder.
«Una de las cuestiones más difíciles es la definición de terrorismo», admitió el secretario general de la ONU, Kofi Annan, al inaugurar el lunes el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General.
«Entiendo y acepto la necesidad de precisiones legales. Pero, déjenme decir con franqueza que también es necesario lograr claridad moral. No se puede aceptar a quienes intentan justificar el asesinato de civiles inocentes, sea cual fuere la causa o sus reivindicaciones. Si hay un principio universal que obliga a todos, es ciertamente ese», advirtió Annan.
Pese a la observación básica de Annan, el complejo debate acerca del terrorismo de estado, la resistencia a la ocupación extranjera y la distinción entre terroristas y combatientes por la libertad, no está ahora más cerca de su desenlace que antes del 11 de septiembre, cuando fueron lanzados los ataques contra Estados Unidos.
La falta de definición tiene nuevas implicaciones desde que el 28 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó decisiones para obligar a la comunidad internacional a actuar contra el terrorismo.
La resolución número 1.373, aprobada de modo unánime y sin debate público, exige a los estados miembro de la ONU cerrar las fuentes de financiamiento de los terroristas, a combatirlos e impedir que recluten nuevos militantes y a evitar que la legislación de asilo los ampare.
Pero falta la definición del concepto de «terrorista» . El Consejo de Seguridad tomó su decisión invocando artículos del capítulo séptimo de la Carta de la ONU, sobre mantenimiento de la paz y la seguridad.
El régimen del artículo séptimo convierte automáticamente su resolución en ley internacional, obligatoria para todos los países.
La resolución fue redactada por Estados Unidos. El embajador John Negroponte, en su primera intervención en el foro mundial, dijo que se trata de «un urgente llamado a la acción. Todos debemos señalar con énfasis a los gobernantes la necesidad ineludible de implmentar esas medidas».
La resolución 1.373 ataca la infraestructura del terrorismo, «al combatir su financiación, sus bases y otras formas de apoyo. El Consejo de Seguridad se hará cargo del control de la implementación. Sí, la resolución 1.373 impondrá sobre todos nosotros una fuerte vigilancia, pero la vigilancia es el precio a pagar por la libertad», dijo Negroponte.
El embajador de India, Kamalesh Sharma, señaló que la resolución «porporciona un marco para la acción colectiva e individual, señalando una permanente obligación de todos los estados miembro (de la ONU)».
«Nosotros vemos una analogía entre esta resolución y los poderes especiales que los gobiernos democráticos obtienen para combatir el terrorismo», comentó Sharma. India, que se enfrenta a movimientos separatistas en varias provincias, es el principal patrocinador de un proyecto de convención antiterrorista que se discutirá a fines de este mes.
El embajador Alfonso Valdivieso, de Colombia, integrante no permamente del Consejo de Seguridad, destacó que esta es la primera vez en que ese organismo toma decisión sin referirla a ningún conflicto específico.
Esta resolución atiende a «una amenaza genérica a la paz y la seguridad internacional. Representa un punto de inflexión en el papel del Consejo de Seguridad». En una entrevista, Valdivieso consideró «necesario» ese nuevo papel para enfrentar nuevas amenazas.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen otra opinión. Jeffrey Laurenti, de la Asociación ONU de Estados Unidos, objetó la pretensión del Consejo de Seguridad de «ordenar el comportamiento de los estados miembro en nombre de la paz y la seguridad».
ONG humanitarias aprobaron el reconocimiento contenido en la resolución de la necesidad de estándares internacionales de derechos humanos, aunque no aceptaron la amplitud del proyecto votado.
Sin una clara identificación del enemigo que se pretende perseguir, «cada gobierno estará facultado a hacer su propia definición, y eso significa que la etiqueta podrá aplicarse fácilmente a opositores políticos», advirtió Yvonne Terlingen, representante de Amnistía Internacional en la ONU.
«La resolución habilita a esos gobiernos a tomar disposiciones que pueden violar los derechos humanos», dijo Terlingen. «Fue votada tan rápidamente que no hubo tiempo de medir sus implicaciones, pero los gobiernos sienten que están obligados a actuar», agregó.
La restricción del financiamiento de las organizaciones terroristas puedeo lograr un redoblado apoyo.
Una mirada crítica al libre flujo de capitales, que ha sido puntal de la globalización, evidencia que ha ayudado a los terroristas a operar internacionalmente.
Sólo Botswana, Gran Bretaña, Sri Lanka y Uzbekistán han ratificado la Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo, de diciembre de 1999, que no entrará en vigor hasta ser votada por parlamentos de 22 naciones.
Varios países anunciaron esta semana que están dispuestos a acelerar la ratificación de ese instrumento internacional. (FIN/IPS/tra-en/jw/aa/ff/ip/01
