El gobierno de George W. Bush continúa dividido acerca de si Estados Unidos debe atacar a Iraq como el siguiente objetivo tras Afganistán en su guerra contra el terrorismo.
Todos los sectores del gobierno concuerdan en que la primera etapa de la guerra pretende reemplazar al régimen fundamentalista islámico Talibán, que controla más de 90 por ciento del territorio afgano, y destruir la infraestructura en Afganistán de la organización Al Qaeda (La Base), de Osama bin Laden.
Estados Unidos acusa a Bin Laden de ser el principal sospechoso detrás de los atentados terroristas mediante aviones secuestrados contra las torres gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, el 11 de septiembre.
Pero casi todos los altos funcionarios del Pentágono (Departamento de Defensa) apoyan una segunda etapa dirigida a expulsar del poder al presidente iraquí Sadam Hussein, más de una década después de que una coalición militar dirigida por Estados Unidos obligara al ejército iraquí a retirarse de Kuwait.
Este grupo tiene el respaldo de columnistas y asesores ajenos al gobierno, muchos de ellos admiradores del primer ministro israelí Ariel Sharon, como el presidente del Consejo de Política de Defensa del Pentágono, Richard Perle, y la ex embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jeane Kirkpatrick.
Entre los columnistas se encuentran William Safire, del diario The New York Times, y Charles Krauthammer, Michael Kelly y George Will.
En el bando contrario se encuentra en primer lugar el secretario de Estado (canciller) Colin Powell, criticado por los conservadores porque, como comandante de las fuerzas aliadas contra Iraq, puso fin a la guerra del Golfo en 1991 sin haber sacado a Sadam Hussein del poder.
Como hiciera entonces, Powell advierte ahora que una guerra contra Bagdad, sin las pruebas que vinculen a Sadam Hussein a los atentados del 11 de septiembre, disolvería la coalición contra Al Qaeda que el secretario intentó armar en el último mes, y podría desestabilizar a aliados árabes clave en el Golfo.
Un fuerte aliado de Powell es el primer ministro británico Tony Blair, cuyo gobierno ha manifestado su inquietud por la falta de pruebas que vinculen a Iraq con los atentados en Estados Unidos.
Preocupado, Safire preguntó este lunes en su columna del New York Times si las advertencias de Blair contrarias a la guerra contra Iraq habían puesto en el «congelador» los planes del pentágono para la segunda etapa de la guerra.
Los organismos de inteligencia estadounidenses estarían de acuerdo con las conclusiones británicas acerca de la inocencia de Bagdad con respecto de los atentados.
Pero eso no amilanó a las fuerzas contrarias a Iraq dentro del Pentágono, que la semana pasada enviaron a Europa al ex director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) James Woolsey para recabar pruebas de la posible complicidad iraquí, sin siquiera haberle informado al respecto al Departamento de Estado.
Esa maniobra es parte de una estrategia para excluir a Powell, rival de los conservadores fuera del gobierno que sostienen que su plan de concentrar el combate en Afganistán atenta contra el objetivo de Bush de atacar a los terroristas y a todos los estados que los protejan.
El 19 y el 20 de septiembre, según el New York Times, Perle convocó al Consejo de Política de Defensa, un organismo semigubernamental designado por el presidente, cuyos 180 integrantes accedieron en principio a que Estados Unidos ataque a Iraq después de Afganistán.
El Consejo está integrado por Woolsey, el ex secretario de Estado Henry Kissinger, el ex vicepresidente Dan Quayle y el ex presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, entre otros. El Departamento de Estado no fue invitado a la reunión ni informado al respecto.
Powell se habría sentido «afligido» cuando una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU por el embajador de Estados Unidos John Negroponte, en el primer día de bombardeos contra Afganistán, señaló que Washington se reservaba el derecho de atacar a «otras organizaciones y otros estados».
La frase habría sido incluida por el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, considerado un aliado de los conservadores en el Pentágono, según el New York Times.
El argumento más poderoso sobre la participación de Saddam Hussein en los atentados de septiembre se basa en informes de inteligencia que indican que Mohammed Atta -considerado el agente clave en los secuestros de los aviones- se reunió este año en Praga con un espía iraquí y luego con el embajador iraquí ante Turquía.
También se basa en la labor de la especialista en Iraq Laurie Mylroie, quien sostuvo en el diario Wall Street Journal que la inteligencia iraquí fue cómplice del atentado explosivo contra las torres gemelas en 1993 y de otro plan para bombardear la sede de la ONU y dos túneles en Nueva York.
A pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, según Mylroie, Bin Laden y Sadam Hussein se han consultado a través de colaboradores a lo largo de los años, y poco antes de los atentados de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, ambos divulgaron amenazas «con un refrán similar».
Woolsey reconoce que las pruebas contra Bagdad son circunstanciales, pero dijo a la publicación National Journal esta semana que la complejidad de los atentados de septiembre sugieren la participación de un «servicio de inteligencia estatal». Perle coincide con esa opinión.
«Vamos a tener que ir detrás de los agentes estatales que tengan más dificultades para ocultarse, e Iraq lidera esa lista», dijo Perle al National Journal.
Incluso si Iraq no tuvo que ver en los atentados del 11 de septiembre, según Perle y otros conservadores, Washington debe intentar derrocar a Sadam Hussein.
En una carta enviada a Bush el 20 de septiembre, Perle, Kirkpatrick y 36 conservadores más argumentan que, de lo contrario, «será una rendición prematura y quizá decisiva en la guerra contra el terrorismo internacional». (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
