El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, tiene grandes probabilidades de obtener este mes del Congreso poderes especiales para negociar acuerdos comerciales internacionales, pese a la oposición de grupos de la sociedad civil.
Bush pide «autoridad para promover el comercio» con el procedimiento conocido como «vía rápida», que limita la intervención del Congreso a la aprobación o el rechazo, en bloque y en plazos abreviados, de los tratados comerciales negociados por el gobierno.
La intención de Bush es usar esa autoridad para los acuerdos de creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y para lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales internacionales el mes próximo en Qatar, durante la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.
La «vía rápida» es defendida por poderosos grupos de presión empresariales, y dos circunstancias coyunturales aumentan la probabilidad de que el parlamento conceda al mandatario los poderes especiales que pide.
En primer lugar, los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington han creado un clima propicio para invocar la necesidad de unidad nacional, cooperación entre los partidos y apoyo al presidente, cuya popularidad ha alcanzado niveles sin precedentes.
En segundo lugar, el país atraviesa una crisis económica causada por fuertes tendencias recesivas desde mediados de 2000, que se agravaron por el impacto material y psicológico de los atentados del 11 de septiembre.
Eso fortalece la posición de quienes sostienen que es preciso aumentar el comercio para reactivar la producción local de bienes y servicios destinados a la exportación.
Se espera que legisladores del gobernante Partido Republicano que se habían opuesto a la «vía rápida» cambien de posición para combatir el peligro de una recesión económica, que se considera instalada con el registro de dos trimestres consecutivos de disminución del producto interno bruto.
Sindicatos, grupos ambientalistas y otras organizaciones de la sociedad civil alegan, en cambio, que la «vía rápida» es un procedimiento autoritario y una amenaza para los puestos de trabajo locales, porque significa más probabilidades de acuerdos que aumenten las importaciones.
También sostienen que facilita la aprobación de tratados que no impongan la protección de los derechos laborales y el ambiente en los países firmantes, establezcan procedimientos sin transparencia para resolver disputas comerciales, y consagren relaciones desiguales de acceso a mercados.
Esas críticas se basan en la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que vincula a Estados Unidos con Canadá y México, aprobado en el marco de la «vía rápida».
«Nos rehusamos a aceptar el mantenimiento de un estado de cosas que implica la marginación de vastos sectores de nuestras poblaciones y la degradación ambiental», declaró la Alianza Social Hemisférica, una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) del continente americano.
Estados Unidos y otros 33 países americanos ya establecieron un cronograma de negociaciones del ALCA que prevé la entrada en vigencia de ese acuerdo en enero de 2005, pese a la resistencia de grupos de la sociedad civil.
La discusión parlamentaria de tratados mediante la «vía rapida» implica un plazo de 60 días para votarlos desde que llegan al Congreso, y sólo 20 horas de debate en cada cámara.
Las normas laborales básicas definidas por la Organización Internacional del Trabajo incluyen los derechos a la sindicalización y a la negociación colectiva.
Muchos críticos estadounidenses del libre comercio acusan a Washington de no defender esos derechos en la negociación comercial internacional, pero otros sostienen que la principal responsabilidad en la materia es de los gobiernos de países en desarrollo.
«Los países en desarrollo sólo parecen estar de acuerdo para reprimir a sus sindicatos y violar derechos laborales», opinó Thea Lee, directora asistente para economía internacional de la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones industriales, la mayor organización sindical del país.
El valor de los salarios en México ha caído desde la entrada en vigencia del TLCAN, pese a un importante aumento de la productividad laboral, señaló Alberto Arroyo, de la Red Mexicana de Acción Mexicana sobre Libre Comercio.
En el mismo periodo, la producción alimentaria mexicana fue afectada en forma negativa por el aumento de la competencia de importaciones, en especial en mercados urbanos y de ingresos medios.
Muchos agricultores, en especial mujeres e indígenas, se han visto obligados a dejar su actividad por cuenta propia y convertirse en empleados de firmas exportadoras, con ingresos por debajo de sus necesidades de subsistencia y disminución de su seguridad alimentaria, afirman los críticos del TLCAN.
Esa disminución de la calidad de vida perjudica en especial a las mujeres, quienes tienen menos tiempo para educarse y mantener vínculos familiares debido a sus largas jornadas de trabajo, en las cuales están además expuestas al acoso sexual, indicó Marceline White, de EDGE, una ONG con sede en Washington.
El promedio del poder de compra de los habitantes de México cayó 39 por ciento desde la entrada en vigencia del TLCAN, y el número de personas que viven con menos de dos dólares por día aumentó cuaro millones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
La «vía rápida» puede permitir a Washington realizar acuerdos como los del TLCAN, en cuyo marco firmas privadas han demandado a gobiernos, con el argumento de que sus normas ambientales o sanitarias disminuyen sus oportunidades de lucro, señaló David Waskow, de la ONG ambientalista Amigos de la Tierra.
Eso pone en peligro la vigencia de tales normas, en especial en los países en desarrollo, que quizá disminuyan sus exigencias ambientales y sanitarias en el marco de la feroz competencia por captar inversiones extranjeras, añadió. (FIN/IPS/tra- eng/em/aa/mp/if ip/01
