Parlamentarios de Guatemala aseguran que el gobierno ha violado los acuerdos de paz firmados en 1996, al incrementar los gastos militares y de seguridad en 331 por ciento en los últimos cuatro años.
El estudio elaborado por la Comisión de Defensa Nacional del parlamento unicameral explica que ese crecimiento se debe en buena parte a que el gobierno de Alfonso Portillo ha fortalecido al Estado Mayor Presidencial, un organismo de seguridad e inteligencia cuya disolución fue fijada para fines del año próximo.
«El presupuesto del país se militariza», dijo a IPS Nineth Montenegro, de la opositora Alianza Nueva Nación y presidenta de la comisión, también conformada por ocho diputados del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), uno del Partido Unionista y otro del Partido Unidad Nacional de la Esperanza.
Montenegro tuvo acceso a los datos de los rubros secretos del Estado Mayor Presidencial, cuya misión central es la seguridad del presidente, del vicepresidente y de los ex mandatarios.
La parlamentaria detalló que los fondos destinados a ese organismo pasaron de cinco millones de dólares en 1997 a 16 millones de dólares este año.
Además, el Ministerio de Defensa consume otros 200 millones de dólares de los 3.000 millones de dólares de presupuesto nacional anual.
Sin embargo, expertos suponen que los gastos de Defensa alcancen a fines de año a 288 millones de dólares, pues ya se gastaron 144 millones en los seis primeros meses y, como es habitual, el gobierno derivará recursos de otras áreas para seguridad.
Sin embargo, parlamentarios oficialistas niegan que el incremento del presupuesto en seguridad signifique una militarización del país.
Mientras, Montenegro se manifestó muy preocupada, al igual que sectores de la sociedad civil, según dijo, pues teme que los militares recuperen la fuerte influencia política que tuvieron durante los 36 años de enfrentamiento armado interno.
La guerra que desgarró a Guatemala de 1960 a 1996, cuyos protagonistas principales fueron el ejército y los guerrilleros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, dejó un saldo de 200.000 víctimas, entre las que se cuentan 45.000 desaparecidos forzosos.
Así mismo, el conflicto determinó el desplazamiento de sus hogares de un millón de personas y dejó 250.000 huérfanos y 100.000 viudas, según estadísticas oficiales.
Montenegro señaló que el gobierno de Portillo, cuyo mandato finaliza en 2004, como el de su antecesor Alvaro Arzú (1996-2000) son responsables de esa escalada presupuestaria del Estado Mayor Presidencial.
Por su carácter estratégico, ese organismo no declara sus gastos ante la Contraloría ni frente al Congreso y tanto sus operaciones como el número de sus integrantes se mantienen en absoluto secreto.
Algunos expertos y políticos aseveran que cuenta con centenares de agentes, mientras otros sostienen que apenas es integrado por unas pocas decenas de personas.
La diputada Montenegro apuntó que en su investigación encontró que el Estado Mayor Presidencial absorbe 60 por ciento de los recursos de la presidencia de Guatemala. «Se ha convertido en un monstruo», opinó.
En los acuerdos de paz de diciembre de 1996 se dispuso que el organismo de seguridad de la presidencia sería disuelto en 1998, pero Arzú resolvió prorrogar su funcionamiento hasta diciembre de 2002.
La postergación contó con la aprobación de la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala, que controla el cumplimiento de los convenios de paz.
El gobierno rechazó las acusaciones de militarización del país y confirmó que el año entrante eliminará el Estado Mayor Presidencial.
«Yo viví de cerca lo que es ese organismo y debo reconocer que son personas muy eficientes en su trabajo», expresó a IPS el ex presidente Ramiro de León Carpio (1993-1996).
De León Carpio, que hoy ocupa una banca en el Congreso por el gobernante FRG, dijo que ese grupo de seguridad es necesario, pese a lo cual el gobierno cumplirá con su compromiso de disolverlo.
El legislador oficialista admitió la posibilidad de que los gastos militares hayan aumentado. «Es posible, habría que revisar las cifras, pero lo que sí es cierto es que hay que quitarle poder político a los militares», apuntó.
El ex mandatario, reconocido por su trayectoria como Procurador de los Derechos Humanos, comentó que casi 75 por ciento de los acuerdos de paz se han incumplido.
Esos acuerdos también establecieron que las funciones que realiza el Estado Mayor Presidencial deben ser asumidas por una institución creada tras la guerra, denominada Superintendencia de Administración de Asuntos de Seguridad (SAAS).
La SAAS ya comenzó a cumplir con esa tarea, al hacerse cargo de la seguridad del vicepresidente Francisco Reyes.
Pero algunos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil dudan del papel que jugará la SAAS. «Esperamos que los vicios del Estado Mayor Presidencial no se trasladen íntegros a la SAAS», dijo a IPS el activista humanitario Mario Polanco.
El Estado Mayor Presidencial fue una de las instituciones más polémicas durante la guerra civil, pues se le atribuyen varios abusos de autoridad y violaciones de los derechos humanos, precisó. (FIN/IPS/nms/dm/ip/01
