Los nuevos poderes que pedirá el gobernante Partido Laborista de Gran Bretaña para combatir el terrorismo exceden las propuestas más radicales de sus tradicionales adversarios del Partido Conservador.
Los proyectos en la materia se redactan con velocidad militar, y se espera que el primero de ellos sea enviado al parlamento y aprobado en pocas semanas.
Algunas de las propuestas son impulsadas junto con los demás gobiernos de la Unión Europea (UE), y otras son unilaterales. Activistas por los derechos civiles y académicos han expresado oposición a las iniciativas, pero la mayoría de la población parece aceptarlas, por lo menos en forma tácita.
El gobierno del primer ministro Tony Blair desea autorización para deportar a cualquier sospechoso de terrorismo y para controlar la actividad de las casas de cambio, consideradas el principal medio de lavado de dinero de los terroristas.
Se calcula que las casas de cambio británicas movieron el año pasado unos 6.000 millones de dólares, que sólo ocho por ciento de sus operaciones fueron canje de divisas para viajeros, y que unos dos tercios del total fueron transferencias ilegales.
Los sospechosos de terrorismo podrían ser arrestados, deportados o extraditados en forma expeditiva, y se reducirían los plazos para las apelaciones en procesos de extradición, según los proyectos del gobierno.
Blair propondrá también revisar las leyes de inmigración, para asegurar que no sean consideradas las peticiones de asilo de sospechosos de terrorismo.
Se autorizaría a la policía a inspeccionar cuentas bancarias cuando haya sospechas de que sus fondos se emplean para actividades terroristas, como ya se hace en Irlanda del Norte, y a disponer el congelamiento de las cuentas de sospechosos desde el comienzo de investigaciones relacionadas con el terrorismo.
En la actualidad, ese congelamiento sólo está autorizado cuando existen pruebas contra los titulares de los cuentas.
Gran Bretaña pedirá a otros países la aprobación de normas para asegurar que los bancos que operan en ellos denuncien trnsacciones sospechosas, en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Las autoridades aduaneras e impositivas podrían intercambiar información con la policía «cuando sea apropiado» hacerlo.
Se planea exigir a los abogados y otros profesionales que examinen las fichas de sus clientes e informen sobre indicios de vinculación con el terrorismo. La Asociación de Abogados advirtió que quienes no cumplan esa norma correrán peligro de que se ponga fin a sus carreras.
Otras iniciativas son tipificar como delito la incitación al odio por motivos religiosos, y permitir que las autoridades controlen el contenido de mensajes de correo electrónico.
«Las extradiciones no pueden llevar años, como en la actualidad», dijo Blair esta semana en una entrevista con la emisora de radio y televisión BBC.
«No debemos permitir que permanezcan en el país a personas que abusan de nuestras normas de asilo. No podemos carecer de poderes para arrestar por tiempo indefinido a un sospechoso de terrorismo, hasta que encontremos un país al cual deportarlo», agregó.
Blair ha pedido que todos los partidos apoyen sus iniciativas, y la mayoría de ellas ya cuentan con pleno respaldo de los conservadores.
«Hemos prometido cooperar con el gobierno en nuevas normas sobre deportación y extradición. Apoyaremos la identificación y el bloque de fondos de organizaciones terroristas. El gobierno debe actuar con rapidez, y trabajaremos con él para lorar leyes eficaces», dijo a IPS un portavoz del Partido Conservador.
Sin embargo, se espera que ese partido se oponga a normas sobre órdenes de arresto válidas para todo el territorio de la UE, ya que el nuevo líder conservador, Ian Duncan Smith, ha prometido oponerse a que el país ceda soberanía a autoridades del bloque.
Los críticos temen que varias de las normas propuestas se empleen contra minorías sociales, y en especial contra los musulmanes.
«Se trata de cambios políticos muy perturbadores. Algunas de estos proyectos de leye no son estrictamente necesarios, sino reacciones reflejas, y en la práctica se emplearán como medios de control social contra grupos minoritarios», dijo a IPS Penny Green, profesora de leyes en la Universidad de Westminster.
«Demasiadas inciativas del gobierno tienen muy poco que ver con el terrorismo. Es como si los ataques en Estados Unidos (del 11 de septiembre) hicieran posible aprobar todo tipo de leyes brutales», dijo a IPS Yasha Maccanico, de la organización no gubernamental Statewatch, que defiende las libertades civiles.
Leyes vigentes otorgan al gobierno «casi todos» los poderes que pide, entre ellos los de «detener por tiempo indefinido a personas que cree responsables de actos inconvenientes para el bien público», señaló a IPS el profesor Rodney Austin, de la Universidad de Londres.
Sin embargo, la aprobación de nuevas normas y el estado de ánimo imperante en la sociedad se combinarán para que los musulmanes sea sometidos a controles excesivos, pronosticó.
Por otra parte, algunas de la iniciativas gubernamentales pueden considerarse violatorias de la Convención Europea de Derechos Humanos, que el país ratificó en 1998 mediante la Ley de Derechos Humanos, advirtió. (FIN/IPS/tra-eng/ss/mn/mp/ip hd/01
