La asistencia de la comunidad internacional a Eritrea corre peligro debido a la campaña represiva del gobierno, cuya última medida fue expulsar al embajador de Italia, Antonio Bandini, decano de los diplomáticos de la Unión Europea (UE) en ese país.
Asmara no comunicó los motivos de la expulsión, que se produjo el lunes, pocas horas después de que Bandini entregara a las autoridades eritreas una carta de protesta de la UE por arrestos y clasuras de medios de prensa el mes pasado.
Parece claro que la intención del presidente eritreo Issaias Afeworki fue acallar eventuales críticas de otros integrantes de la comunidad diplomática.
Según fuentes diplomáticas, los gobiernos de la UE discuten en la actualidad qué medidas adoptar como respuesta a la expulsión de Bandini, y una de las opciones que se consideran es suspender la asistencia a Eritrea.
Sin embargo, Afeworki parece decidido a silenciar todas las protestas.
Hasta ahora han sido arrestados 11 políticos, siete periodistas de medios de medios de comunicación independientes, numerosos dirigentes estudiantiles y el hombre de negocios Tewelde Tesfamariam, una de las personas más ricas del país, por criticar la campaña represiva.
Tesfamarian, más conocido como Wedi Bacaro, es dueño del complejo turístico Gurgusum, a orillas del Mar Rojo, y uno de los propietarios del Hotel Intercontinental de Asmara.
Los 11 políticos, arrestados hace dos semanas sin que se conozca su paradero, integraban un grupo de 15 dirigentes del gobernante Partido del Frente Popular por la Democracia y la Justicia, quienes dieron a conocer en mayo una carta abierta para pedir al gobierno más democracia y transparencia.
La carta causó gran impacto en el país, donde rara vez se hacen públicas críticas al gobierno, y los 15 firmantes, a quienes se conoce como G-15, fueron expulsados del FPLE.
Ese incidente provocó un intenso debate público sobre el futuro del partido gobernante, que se desarrolló sobre todo en periódicos del sector privado.
Los arrestos fueron condenados por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Amnistía Internacional, de origen británico, Human Rights Watch, de origen estadounidense, y Reporteros sin Fronteras, de origen francés.
Las medidas represivas «parecen ser parte de un esfuerzo en gran escala para suprimir la disidencia política antes de las elecciones previstas para diciembre», comentó la ONG Comisión para Proteger a los Periodistas, con sede en Nueva York.
Afeworki asumió el poder en abril de 1993, tras liderar la guerra que independendizó al país de Etiopía, y anunció que encabezaría un gobierno de transición hasta la realización de elecciones en 1997.
Sin embargo, esos comicios no se llevaron a cabo, y en los ocho años de vida independiente del país no se ha permitido el funcionamiento de partidos opositores. Esos hechos estuvieron entre los más criticados en la carta abierta del G-15.
Los ex dirigentes del FPLE sostuvieron que Afeworki no cumplió promesas realizadas cuando tomó el poder, y en cambio ha «creado una atmósfera de miedo e intimidación», por medios «ilegales e inconstitucionales».
El primer dirigente estudiantil arrestado fue el presidente de la asociación de estudiantes universitarios, Semere Kesete, detenido en julio por criticar la interferencia del gobierno en asuntos académicos, y en especial la imposición de un programa de estudios de verano en la desértica región oriental del país.
Diez días después, cientos de estudiantes fueron conducidos por la fuerza a esa región, donde la temperatura suele llegar a 50 grados, y se sabe que por lo menos dos de ellos murieron debido al calor.
La mayoría de esos estudiantes ya han vuelto a sus casas, y contaron que se les obligó a recolectar piedras para la proyectada construcción de una carretera.
El embajador de Eritrea ante la UE, Tesfai Girmatsion, renunció en forma inesperada, mediante una breve nota dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, y voló poco después hacia Estados Unidos.
Girmatsion «evitó asistir a una reunión de trabajo de todos los embajadores del país, realizada del 20 al 27 de agosto en Asmara, y en cambio estuvo presente en un encuentro secreto de integrantes del G-15, que se llevó a cabo el 18 de agosto en Nueva York», aseguró ese ministerio.
El gobierno no quiso hacer público ese hecho cuando el embajador regresó de Nueva York, y procedió a «vigilar sus futuros movimientos», indicó.
El ministro de Relaciones Exteriores convocó luego a Girmatsion a una reunión de consulta, a la cual se excusó de asistir mediante «diversos pretextos, mientras conducía dañinas campañas contra el gobierno al cual debía servir», añadió.
Asmara acusa al G-15 de organizar actividades ilegales, entre ellas la colaboración con disidentes eritreos que residen en Etiopía y en países occidentales, con el objetivo de infiltrar al Ejército. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/mp/ip/01
